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Archive for 29 noviembre 2009

  Hasta aquí podíamos llegar. Doce periódicos catalanes, casi se podría decir que a sueldo del iletrado Montilla, han publicado un editorial conjunto que, lisa y llanamente, es, por un lado, un ataque en toda regla contra la Constitución española y el Tribunal Constitucional, y por otro, una defensa con amenazas y presiones del Estatuto de Cataluña aprobado en 2006. En este instante crucial, nadie puede quedarse de brazos cruzados.

  Sé que de este tema está hablando todo el mundo y que ya ha sido objeto de innumerables comentarios. No voy a ser original. A pesar de ello, lo que se juega España justifica toda insistencia. Si se subvierte la Constitución, si resulta confirmada su mutación a través de una norma inferior y de dudosa calidad jurídica, los daños serán monumentales, irreversibles. Tan es así, que si hoy el TC declarase su plena constitucionalidad, obviamente tendría que respetar la sentencia, pero seguiría manifestando mi desacuerdo, al entender que el Alto Tribunal habría sido sometido a la fuerza de los hechos.

 Los valedores del Estatuto, por el contrario, no aportan razonamientos compatibles con el control abstracto de constitucionalidad, que es lo que hace el TC. Sus variopintos argumentos no tienen nada que ver con la realidad y el tipo de conflicto que se está dirimiendo desde hace ya tres largos años. ¿Cómo va a haber un choque de legitimidad entre Parlamento y TC cuando la función primordial de este último es el control de constitucionalidad de las leyes a fin de expulsar del ordenamiento aquellas que vulneren la norma normarum? ¿Qué son todas esas locuras de la dignidad de Cataluña, el pacto originario de Derecho y demás barbaridades que proclaman sin empacho los nacionalistas? ¿Por qué tiene que ser abolida la Constitución de 1978 al margen de todo procedimiento? No más editoriales desairados dignos de mejor causa y amenazas veladas. Si lo que desean es defender la validez del Estatuto, que esgriman fundamentos de Derecho, que expliquen cómo encaja en el marco constitucional vigente la idea de nación catalana, la ruptura de la unidad del Poder Judicial, la invasión de competencias y, en general, la bilateralidad entre Estado y Cataluña. Y que hagan como si no hubiesen existido el juez Marshall y Hans Kelsen. Mas, en lugar de entrar en el fondo del asunto, se limitan a desplegar una ristra de excepciones procesales (inexistentes y equivocadas), como la de que al TC le falta legitimidad o es incompetente para resolver los recursos.

  Mi punto de vista es el de muchas voces autorizadas y prestigiosas. Jorge de Esteban, Catedrático de Derecho Constitucional, siempre nos enseñó a sus alumnos la importancia –a la vista de la desafortunada Historia de España en ese sentido– de un texto constitucional fruto de un gran consenso y que fuese respetado por todos, texto que tuviese la condición de norma jurídica de aplicación directa. Ahora el Estatuto está acabando con todo eso.

  En su artículo "El pronunciamiento catalán", publicado en El Mundo, Jorge de Esteban recuerda, ante el argumento de que el Estatuto fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, por las Cortes Generales y por el pueblo catalán a través de referéndum, que la Constitución "es la primera de las normas del Estado, por encima de todas las demás, y fue aprobada en Cataluña por el cuerpo electoral catalán, además de por el de toda España". Así, "es claro que un referéndum parcial y limitado para aprobar una ley orgánica o Estatuto, territorialmente acotada, no puede prevalecer nunca sobre una Constitución que fue aprobada por un referéndum de alcance general". Desde luego, me sumo a su recomendación de que en el aniversario de la Constitución no lean la Constitución deportistas y famosos, sino los miembros del Gobierno de Cataluña y los dirigentes de CiU, empezando por el artículo 9.1: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

  Emilio Campmany lo ha expresado con otras palabras en Libertad Digital: "Que el estatuto haya sido aprobado por los catalanes en referéndum no significa nada porque en España, de momento, sólo hay un pueblo soberano, que es el español, y a éste no se le ha pedido opinión. Si los socialistas y nacionalistas catalanes quieren para Cataluña un estatuto como el que se han dado, que no cabe en nuestra Constitución, tenían que haber instado primero su reforma".

  Por último, el argumento de que el TC no tiene legitimidad por el estado prorrogado de alguno de sus miembros y por su deficiente funcionamiento no es aceptable. Admito que muchas veces he criticado a los componentes del TC por decisiones desacertadas y me he referido con alarma a su pérdida de prestigio. Y, sin duda, tres años son muchos años. Estas maniobras dilatorias, empero, han sido en parte auspiciadas por María Emilia Casas (básicamente está esperando la muerte de un miembro del TC o una incierta renovación para regresar a la situación de empate). Sea como sea, ello no es motivo suficiente para decir que un órgano no puede cumplir su principal función, pues todo lo que hace el TC está dentro de la más estricta legalidad. Hasta el mismísimo Ministro de Justicia, nuestro Bud Spencer particular, ha reconocido que el Alto Tribunal tiene "plena legitimidad" y que actúa "con arreglo a la ley".

  No voy a caer en el debate de magistrados conservadores y progresistas. Lo que hay en el TC son magistrados dispuestos a juzgar el Estatuto con la Constitución en la mano y magistrados que han sucumbido a presiones políticas o pasiones ideológicas y han ocultado la Constitución bajo un velo negro.

  En realidad, los políticos catalanes, que estaban tan contentos con su aberración estatutaria, son como niños a los que se le ha terminado el tiempo del recreo… No es fácil dejar los juguetes y regresar a la vida real. Por eso se resisten con lloriqueos. Carod amenaza con marcharse de España, ¡un incentivo más para anular el Estatuto! No pasará absolutamente nada si eso ocurre. Y si pasa, se le saludará con las medidas oportunas.

  Por lo demás, no creo que la dignidad de Cataluña la encarne un texto legal que es una chapuza de grandes dimensiones, con un excesivo articulado y preceptos que no hay por dónde cogerlos. Aún recuerdo leerlo por primera vez y las risas que me provocó esa aldeana y pretenciosa ley con aspiraciones del calificativo fundamental, cuando únicamente merece la desaparición.

Fdo. El Espantapájaros.

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  Si a uno le interesa la política, a veces conviene alejarse del escenario nacional, no precisamente halagüeño y ya muy abarrotado de mediocres, cobardes y pesqueros, y buscar inspiración fuera de la asfixiante piel de toro. No necesariamente con la intención de alabar en exceso lo extranjero y denostar siempre lo propio, sino para descubrir cómo han sucedido los cambios políticos en otros países y qué cauces sigue su política.

  En España se sabe poco acerca de Japón. Para empezar, no es China. Son culturas e historias distintas. Japón es hoy una democracia, una monarquía parlamentaria no muy distinta de la española, mientras que China está lejos de eso.

  Japón ha sabido aunar tradición y modernidad: ha tomado lo mejor de Oriente y de Occidente para así convertirse en la segunda potencia económica mundial. Desde la Restauración Meiji (1868-1912), Japón siempre se ha fijado en Occidente con el propósito de mejorar, un dato que a mí me parece fundamental y digno de alabanza.

  Los políticos japoneses, sin duda, son tan dados a las camarillas y a las facciones como otros, pero otorgan un gran valor a la honradez, la responsabilidad política y el trabajo bien hecho. Son el fiel reflejo de una sociedad que considera deshonroso no trabajar y que cada uno debe ser responsable de sus actos.

  Soy un declarado admirador de Junichiro Koizumi, primer ministro desde 2001 a 2006, cuando renunció, y miembro del Partido Liberal Democrático, que hasta septiembre de 2009 había gobernado Japón de forma casi ininterrumpida desde 1955 (excepto entre 1993 y 1994). Koizumi fue un político carismático y emprendedor que quiso llevar a cabo profundas reformas liberales (verbigracia, la problemática privatización del servicio postal público) y dotar a su país de una nueva relevancia en política exterior, por lo que se alió con George W. Bush y envió a Iraq a las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Tras su dimisión, ninguno de sus sucesores estuvo a la altura, ni siquiera el adusto Taro Aso, y el desgaste del partido era ya demasiado acusado en unos momentos, además, de bajón económico.

  Aquí hace acto de presencia Yukio Hatoyama, de sesenta y dos años. El Partido Democrático de Japón, gracias a la fuerte personalidad de su líder y a una exitosa campaña, cosechó una histórica victoria en las urnas el pasado 30 de agosto, obteniendo nada menos que 308 miembros de la Cámara de Representantes. El flamante primer ministro Hatoyama no puede ser calificado, a priori, de socialista o izquierdista. Es posible llamarle progresista de centro. En Japón, la verdadera izquierda son los comunistas.

  Yukio Hatoyama ha prometido una política de fraternidad hacia otros pueblos y parece ser combativo en el aburrido tema del cambio climático. Lo cual no es desconocido en España, ahora que tanto se habla de la Alianza de Civilizaciones y de una futura Ley de Economía Sostenible. Empero, el eje fundamental de su discurso, de su manifiesto electoral, ha sido la renovación de las instituciones y la lucha contra la cancerígena burocracia que paraliza Japón. Aunque vaya a emprender programas de gasto social, no tiene previsto subir los impuestos, sino reducir el volumen de la administración. Personalmente, doy un voto de confianza a Hatoyama en la esperanza de que no llegue a tener semejanza alguna con Zapatero. Aun así, nadie sabe cómo se desenvolverá su Gabinete y su acción política, ya que los retos son grandes.

  Hatoyama me cae bien, es un tipo bastante activo y enérgico, de aspecto excéntrico, y me hacen gracia sus ojos saltones, su estrafalario peinado y sus corbatas amarillas, doradas y plateadas. El desparpajo y lo nerd al poder. Y planea bien sus gestos. En el marco de su gira asiática, Obama se reunió con él en una cena privada. Allí, el Primer Ministro le regaló al Presidente una rosa azul desarrollada por una compañía japonesa (bella referencia, por cierto, a las rosas azules de los villanos en la serie Blood+). Como saben, se pensaba que era imposible crear una rosa azul hasta que esa compañía lo ha logrado después de 14 años de investigación. El mensaje de Hatoyama para Obama fue que, así como se ha podido conseguir lo imposible con una rosa, trabajando juntos ellos también pueden hacerlo en el mundo. Con Obama de por medio, suena cursi, pero el mensaje en sí es ambicioso y poderoso.

Fdo. El Espantapájaros.

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  La caída del Muro de Berlín en 1989 supuso una gran derrota para el comunismo, junto con la posterior disolución de la URSS. El comunismo había fracasado frente a un sistema mejor, más libre y capaz de traer prosperidad a todo el mundo: el capitalismo. A pesar de ello, ese muro destinado a evitar que los felices ciudadanos de la RDA cayeran en manos del capital fascista sigue en pie en muchas mentalidades atrasadas y burdas, como pone de relieve la entrevista que hizo El País a Esther López Barceló y a un tal Willy, eurodiputado de IU, rama PCE.

  Esther suma sólo 26 años y ya es una fanática, una comunista de manual que no hace más que recitar consignas y regodearse en su sectarismo. Durante la entrevista, muchas veces Willy corrige o matiza a la joven –ciertamente más extremista que él–, entiendo que por vergüenza ajena y por lavar la imagen del amado Partido (con mayúsculas). Al requemado ése lo único que le interesa es la pasta de la UE –una organización al servicio del capital y del libre mercado– y salir cuanto antes del mal trago de ciertas preguntas.

  La entrevista ha sido muy comentada y muy criticada. También por personas de izquierdas que se han mostrado horrorizadas, con razón, ante ciertos desahogos idealistas de la señora Barceló, que es arqueóloga, profesión bien elegida, pues el comunismo es toda una ruina histórica que sólo merece estudio a través de una vitrina y con pinzas y protecciones.

  En todo caso, creo que es un deber de los liberales y de los defensores del capitalismo dar una adecuada respuesta a todas estas memeces de comunistas de salón. No porque sean un peligro, sino porque es de justicia. Me centraré, para ello, en varios extractos del texto.

  Preguntada por la mala experiencia soviética, Esther responde que la URSS "supuso una perversión de lo que debió ser [el comunismo]". Nunca me he explicado el porqué de esa excusa basada en que la URSS no aplicó como es debido los principios y métodos del marxismo (fuesen aplicables o no), cosa para la que sí se sienten capacitados los sucesores de Santiago Carrillo. ¿Es que se consideran intelectualmente superiores a Lenin, a Trotsky? Eso no vale para tapar los errores de Moscú y las carencias del comunismo. No tienen en cuenta que toda ideología ha de adaptarse, por necesidad, a las circunstancias históricas. Ellos no habrían sabido hacerlo mejor ni lo harían en la actualidad. ¿Por qué no explican cuál sería su modelo ideal?

  Después, la arqueóloga de las ideas lanza una declaración abracadabrante: "Así que lo del muro… si la alternativa era el capitalismo que tenemos hoy día pues sí, fue una tristeza que cayera el único reducto que quedaba de posibilidad de luchar por un socialismo. Y el muro en sí… pues no fue producto del comunismo solamente, fue producto de una lucha de bloques. Como lo que le pasa a Cuba: por culpa del bloqueo económico no puede prosperar". Al margen de lo hipócrita y discutible de su rechazo al capitalismo, su alusión a los bloques es un gran descubrimiento. ¡Cuánto ingenio! Es como decir que los campos de exterminio nazi fueron producto de que existiesen judíos. Si no hubiese habido otro bloque, no habría hecho falta un muro que restringiese aún más la libertad de los súbditos del bloque comunista.

  Hay que subrayar la valoración de Esther sobre Cuba: "La realidad cubana es la democracia más profunda que he vivido yo en cualquier país". Es curioso que aún no se haya ido a vivir a semejante paraíso, quizá porque a lo mejor después de un tiempo no la dejaban salir de la isla. ¿Será ése el modelo que los del PCE quieren trasplantar a España?

  Es entonces cuando Esther decide dar lo mejor de sí. Al tocar el tema de los presos políticos en Cuba, su aseveración es que hay "tantos presos políticos como en España". Y nos relata su dura experiencia personal, ya que se conoce que cuando va a manifestaciones en Alicante ha de "sufrir que la policía me pida el DNI, que me coaccione…". En ningún momento queda aclarado qué tiene que ver esa mínima intervención policial –a saber a qué llama coacción esta ignorante— con ser detenido por criticar la política del Gobierno o defender tus derechos fundamentales. Willy especifica que en Cuba lo único que hay son personas que "contravienen la Constitución cubana", del mismo modo que hubo personas que, en el III Reich, contravinieron las Leyes de Núremberg de 15 de septiembre de 1935, por lo que fueron "procesadas", en palabras del eurodiputado. Deberían saber que una norma legal puede ser injusta a pesar de su validez formal. De hecho, esa situación es algo propio de las dictaduras que defienden. Por otro lado, Esther considera que el fusilamiento es una "excepcionalidad" que no mancha para siempre un régimen. ¡Lo mismo podríamos decir del franquismo!

  La justificación última es que en Cuba se ha decretado un estado de excepción, o de guerra, debido al bloqueo (¿?), que permite hacer a los Castro lo que les venga en gana con sus súbditos. Cero libertades… Eso sí, tienen unas elecciones sindicales (como si a alguien le importase eso) que son una maravilla.

  Llega el turno del País Vasco y de ETA. A Esther le preguntan si Otegi es un preso político. Consciente de que todo tiene un límite, responde con titubeos y largas, pero dando a entender que sí, que lo es, porque "cuando una persona no ha incumplido la ley, o no más que otros… y se le detiene…". Tal es la profundidad de su respuesta. En un Estado de Derecho lo lógico es que detengan si cometes un delito o si hay indicios suficientes de que lo has hecho. No se explica por qué Otegi habría de estar por encima de dicha consideración.

  El corolario es que no "puede existir en España una Ley de Partidos". Y sin embargo, existe y debe seguir existiendo. Su nombre es Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Y es una ley que no persigue ninguna idea política. Sanciona el que partidos políticos de carácter violento se conviertan en instrumentos o tapaderas de grupos terroristas, prestándoles apoyo institucional, fondos públicos, cargos para sus miembros, información sobre ciudadanos… Y es una ley avalada tanto por el Tribunal Constitucional como, más recientemente, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

  En fin, la entrevista es una joya. Seguro que a Esther le aguarda un gran futuro en IU, siempre y cuando sobreviva a las próximas elecciones. Las declaraciones de estos dos impresentables deberían ser todo un antídoto para cualquier tentación comunista.

Fdo. El Espantapájaros.

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  Andan algunos progresistas con la mente enturbiada y sostienen que los tristemente famosos piratas somalíes actúan como guardacostas y protectores de la pesca que legítimamente pertenece a Somalia, lo que justifica su lucha frente a la codicia del poder occidental. Se trata de disparates, como siempre. Para mí, los piratas son terroristas, bandidos, asesinos, secuestradores, pero no, desde luego, guardacostas. Esto es una manifestación más de la inversión de valores que campa a sus anchas en los manuales de la progresía. Así como los piratas de hoy son hombres valientes que defienden a su pueblo, los terroristas musulmanes de Hezbolá de ayer no eran más que una ONG.

  Además, con tales opiniones los progresistas demuestran que son unos analfabetos en Derecho Internacional Público. En lo atinente a las pesquerías y a las posibles explotaciones, hay que señalar que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 dispone que la soberanía del Estado ribereño se extiende a su mar territorial (12 millas a partir de las líneas de base, según el art. 3 de la Convención) y que en la zona económica exclusiva (como mucho 200 millas desde las líneas de base desde que las que se mide la anchura del mar territorial, de acuerdo con el art. 57) el Estado ribereño "determinará la captura permisible de los recursos vivos" (art. 61). Pues bien, obviamente en Somalia hay un déficit de autoridad estatal, es un Estado fallido, pero eso, sinceramente, es su problema, y si no puede ejercer sus derechos –y controlar la pesca– lo deseable es que otros los aprovechen.

  Fuera de estos espacios marítimos, hay quienes piensan que los piratas somalíes, en su calidad de guardacostas, también estarían legitimados para actuar en alta mar (lo que los cursis llaman aguas internacionales) con el fin de impedir que los occidentales expolien los recursos. Craso error. El alta mar, cuyo régimen jurídico se encuentra en los arts. 86 a 120 de la Convención, es un espacio caracterizado por la libertad, y entre otras por la libertad de pesca [art. 87.1.e)], sujeta a ciertos límites (en relación con los Estados ribereños, los contenidos "en el párrafo 2 del artículo 63 y en los artículos 64 a 67", declara el art. 116). Existe un régimen de libertad y cualquiera puede pescar en alta mar sin que le estorben los salvajes. El tenor literal del art. 100 de la Convención es tajante: "Todos los Estados cooperarán en la medida de lo posible en la represión de la piratería en alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún Estado". La definición de piratería la aporta el art. 101.

  En lo que concierne a la represión de la piratería, las fuerzas occidentales están operando en Somalia y alrededores no sólo bajo el amparo del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también a petición expresa del propio Estado interesado.

  Se ha discutido, finalmente, sobre cómo proteger los pesqueros. A mi juicio, una vez hechas las oportunas habilitaciones y modificaciones legales para que puedan portar armas pesadas y gozar de seguridad privada, el Estado debe perder protagonismo. No es aceptable que el Estado tenga que ocuparse, a esa escala, de cada persona que realiza actividades peligrosas fuera de su territorio, y menos si tiene medios a su alcance para garantizar su seguridad. Los atuneros han de comprender los riesgos y costearse sus defensas. Sólo habría que actuar en casos bien excepcionales, bien que revistan un importante interés público.

Fdo. El Espantapájaros.  

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