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Archive for 25 abril 2010

  No ganamos para disgustos. El caso de la niña musulmana de Pozuelo de Alarcón que quiere acudir a su instituto con velo o pañuelo, contradiciendo la normativa del centro, ha reavivado el debate sobre el velo y su hipotética prohibición. Ciertamente, es un tema delicado pero de posible resolución. De un lado, el derecho de la niña a la educación está plenamente garantizado. "Si la niña opta por, en uso de su libertad –que ojalá fuera su libertad– seguir con el velo, tendrá que elegir otro instituto que la Comunidad le garantizará en Pozuelo", ha explicado Esperanza Aguirre. De otro, no creo que se esté vulnerando la libertad religiosa proclamada en el artículo 16 de la Constitución. Es una libertad reconocida en España con bastante amplitud –y así debe ser– y que merece toda protección, mas, en el presente caso, me pregunto si es esencial a ese derecho el uso de un símbolo en centros públicos que, por lo pronto, está cargado de connotaciones negativas y alude a una forma de entender la vida más bien digna de rechazo en un país civilizado. Cierto es que el Corán establece que la mujer debe ir cubierta, pero hay que interrogarse acerca del peso de tal prescripción en la religión islámica y si entra en conflicto con los valores constitucionales.

  La niña musulmana, en realidad, no está sufriendo discriminación alguna: lo único que se le exige es que, en un determinado ámbito, renuncie a un signo cultural y religioso exterior, en pro de criterios de uniformidad, higiene y correcto estado de revista. Al no hacerlo, sólo pone de manifiesto su intransigencia y su deseo de discriminar a los demás, pues, de aceptarse sus pretensiones, las reglas del centro escolar serían para todos, menos para ella. Con todas las facilidades que existen para adaptarse, al final siempre hay una excusa para llamar la atención y generar problemas.

  Hay otra lectura que comentar al hilo de esta polémica. De las diversas declaraciones de estos días de miembros del PSOE y del Gobierno socialista, ya se puede vislumbrar cuál es su modelo de Estado laicista. Será un modelo en el que se persiga y perjudique a la religión católica al tiempo que se beneficia y promociona la religión islámica. Con la reforma de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, se va a ir hacia la restricción de la libertad religiosa de los católicos, sin más, ignorando lo que, para Rafael Navarro-Valls, debería hacer "un gobierno respetuoso con la libertad religiosa". Esto es, "archivar la idea de una nueva ley de libertad religiosa, sin demanda social y llena de inconvenientes, dado el buen funcionamiento de la actual ley de 1980". Y, si no, "mantener la reforma, pero con la idea de potenciar aún más la libertad religiosa". Ambas posibilidades no están, sin duda, en los planes gubernamentales.

  En cualquier caso, volviendo a la niña del velo, acepto que se pueda plantear un debate de libertades, que haya que lidiar con una posible restricción de la libertad religiosa, como ya he indicado, que estaría justificada si es mínima y razonable. Es una cuestión de límites y equilibrios nada sencilla. Aguirre, que ha estado muy acertada, ha optado por defender la autonomía del centro y sus reglas. Según ella, estas últimas no serían atentatorias contra los derechos fundamentales de nadie.

  En la sociedad, más idiotizada, cobarde y miope de lo que esperaba, se adivinan también ingenuas tendencias islámicas. No hay más que ver a las amigas de la niña musulmana velándose como ella. Ahora bien, ¡cuidado con entrar calzado en una mezquita o con publicar caricaturas de Mahoma! Pero si resulta que son unos cuantos moros los que irrumpen en la catedral de Córdoba y se ponen a practicar sus rezos, entonces la reacción del público será la de aplaudirles.

  Así de mal están las cosas. No queda lejos el día en que Aída o Aído, no sé cómo se llama el florero de Zapatero, comparezca ante los medios de comunicación cubierta de pies a cabeza, disfrazada de musulmana, lanzando una diatriba contra los cuentos tradicionales occidentales por su incorrección política.

Fdo. El Espantapájaros.

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  La Universidad española viene sufriendo, en los tiempos recientes, una imagen de extremismo ideológico y de juventud sin rumbo que se suma a sus muchos males. El acto sedicioso en apoyo a Garzón perpetrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, que contó con el respaldo de Berzotas, es una muestra muy clara de lo ello: se convierte la Universidad en un frente político más donde no sólo actúan asociaciones de extrema izquierda, sino también personajes oficiales, por así decir, que pretender emplear ese escenario para fines espurios.

  No hay día que no pueda leer por los alrededores de mi facultad pintadas contrarias a que las empresas tengan presencia en la Universidad o reproduciendo consignas caducas. Existe una concepción equivocada de lo que es la Universidad: en vez concebirse como un tránsito en el que acumular conocimientos y destrezas para entrar en el mercado de trabajo y tener algo que ofrecer al mundo, se pinta como una suerte de gran asamblea utópica en la que fumar porros, hacer acampadas y languidecer en las cafeterías. Ahí está el semillero del "clamor popular" que, según Público, se manifestó por Garzón a la par que atacó la democracia.

  Pero hay otra Universidad mucho más responsable, realista y prometedora, en la que se puede aprender y mirar al futuro. Y, por ello, quiero rendir homenaje a la asociación Foro de Debate Político Ágora, la cual, frente a lo antedicho, supone un soplo de aire fresco y un rayo de esperanza en el mundo universitario, una superación de discusiones bizantinas sobre el Plan Bolonia, agresiones a políticos y pensamientos alternativos.

  Su única meta es fomentar el debate, la sana crítica, y organizar eventos y encuentros de interés para los universitarios. Sus comienzos, a medio camino entre la Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, fueron bien modestos, con unos cuantos alumnos entusiastas realizando exposiciones en aulas vacías y arreglando el mundo sin tirar piedras a nadie. La asociación ya ha crecido y, gracias a ella, muchos hemos podido asistir a conferencias de Rosa Díez, Gaspar Llamazares, sobre el aborto, sobre el Israel y el terrorismo palestino, sobre los distintos terrorismos y, en la actualidad, sobre España, lisa y llanamente. Y todo organizado por simples alumnos que se han esforzado al máximo, con escasos recursos y muchas veces trabajando contra el criterio los poderes oficiales…

  He tenido el honor de colaborar con esa asociación y, sin asomo de duda, puedo elogiarla por su carencia de partidismo y por sus muchos éxitos. Como es natural, cada miembro tiene sus ideas personales y las defiende; pero, examinando sus actos y proyectos, la variedad ha sido grande y no hay ideología oficial. En general, es una asociación muy superior a todas aquellas que esconden una especie de ideario político y una agenda de manipulación.

El ciclo de conferencias actualmente en proceso ha sido criticado, empero, por su tendencia claramente derechistas. Los ponentes son gentes de derechas, sí, como Mayor Oreja. Aun así, los responsables de la asociación han cometido un error al intentar rebatir a los disconformes en lugar de asumir el coste de la operación, sin dar mayores explicaciones a quienes no las merecen. Y aún fue más erróneo presentar ese ciclo pidiendo disculpas de antemano por su composición. Excusatio non petita… ¿Qué más da que no se respete, por una vez, el equilibrio entre partes? Esto no es una tertulia de vertedero. ¿Y cómo se atreven a cuestionar la organización quienes no han hecho nada y sólo se benefician de los créditos que ofrecen esas conferencias? Demasiados desagradecidos y cicateros.

  En todo caso, mi enhorabuena a la asociación y mis felicitaciones más sinceras a sus responsables. Tienen que seguir así.

Fdo. El Espantapájaros.

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Republicación

  Melvin, autor de La Voz Liberal, ha rescatado un artículo que escribí para Liberalismo Democrático y lo ha publicado en su prestigioso espacio. Desde aquí, le ofrezco mi agradecimiento una vez más y pongo el correspondiente enlace.
 
Fdo. El Espantapájaros.

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  Cualquier persona con un mínimo de inteligencia ha de saber que una reforma pendiente, ante la crisis financiera, es la reestructuración de las cajas de ahorros. Lo cual, como suele pasar en España, se va a hacer tarde, mal y nunca. Mi profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor, Catedrático de Derecho Administrativo, al que profeso una gran admiración, escribió a finales de 2008 un artículo en El País en el que abogaba por una determinada solución jurídica a la hora de encarar dicha reforma. Es una valiosa aportación, rigurosa y cargada de sentido, que merece la pena que tengan en cuenta.

Acerca de las fusiones interregionales de las cajas

Juan Alfonso Santamaría Pastor

Al hilo de la reunión que el presidente del Gobierno mantuvo con los representantes de las más importantes entidades de crédito, trascendió la iniciativa gubernamental de reconsiderar el vigente sistema de autorización de fusiones entre cajas de ahorros; una reconsideración que habría sido incluso sugerida y apoyada por varios de los asistentes al encuentro.

No deja de ser sorprendente que hayamos tenido que llegar a la actual situación de los mercados financieros para que los responsables públicos se hayan percatado de que el sistema vigente al que aludía no es ni mucho menos el más apropiado, como diversos analistas venían advirtiendo desde hace años (y el FMI, desde su informe de 2006). Sin entrar en los innumerables problemas jurídicos que plantea, resulta ineficaz e ineficiente que la potestad de autorizar las fusiones se encomiende a órganos (los Gobiernos autonómicos) que no tienen la información ni los medios necesarios para controlar la solvencia de las entidades de crédito.

Es razonable suponer, como lógica consecuencia del funcionamiento de la vida política, que las autoridades autonómicas cuenten con incentivos, muchos de ellos ciertamente legítimos, para no favorecer este tipo de fusiones, especialmente cuando se plantean entre cajas radicadas en Comunidades distintas, en cuyo caso la legislación vigente otorga "de facto" una potestad de veto a las dos comunidades en cuyo territorio tienen su domicilio las cajas afectadas. Ninguna comunidad está dispuesta a ceder pacíficamente a otra comunidad la caja vinculada a su territorio, pues, no en vano, son entidades coadyuvantes al desarrollo de las economías regionales, y ello sin entrar a considerar otras cuestiones adicionales, como las derivadas de su posible participación como stakeholders en la designación de los integrantes de sus órganos de gobierno o una probable reducción de sus ingresos tributarios.

Por todo ello, un planteamiento responsable del problema no admite, a mi juicio, más solución que la encomienda exclusiva de esta potestad de autorización al Banco de España, como autoridad de supervisión del sistema financiero. La fusión es una cuestión de solvencia, y la solvencia de las entidades de crédito no tiene más que un supervisor.

Una propuesta de esta naturaleza puede suscitar de inmediato objeciones o críticas derivadas de nuestra compleja arquitectura constitucional, que parece poner en entredicho de antemano cualquier hipótesis que transfiera competencias autonómicas a las autoridades estatales. No entro, como es lógico, en valoraciones políticas, para las que carezco de toda legitimidad. Pero, en el terreno jurídico, en mi opinión, una operación de esta naturaleza es perfectamente legítima. Sin entrar en detalles técnicos impropios de esta colaboración periodística hay que recordar que el Estado ostenta competencia para fijar las bases de ordenación del crédito (art.149.1.11 de la Constitución); si bien el régimen de la fusión no fue considerado básico en los tiempos pasados (cuando, por cierto, las cajas prácticamente no tenían oficinas fuera de su comunidad autónoma) y, por ello, no fue regulado en la legislación estatal, es obvio que si lo que fue básico puede dejar de serlo, lo que no fue considerado entonces como básico pueda y deba serlo ahora, porque lo básico no es un concepto inamovible ni eterno. Y en las circunstancias actuales, en especial dadas las enseñanzas que nos está proporcionando la actual crisis financiera, parece totalmente fundado considerar que el proceso de decisión sobre la fusión de cajas (y la cesión global de sus activos y pasivos) tiene claramente el carácter de básico.

No hay obstáculo alguno, pues, para que el Estado, en legítimo ejercicio de sus competencias constitucionales, reasigne a favor de la autoridad supervisora la competencia para autorizar todo tipo de fusiones entre cajas de ahorros; una reasignación que es plenamente coherente con las funciones que el Tribunal Constitucional ha reconocido al Banco de España (véanse, por todas, las contundentes declaraciones hechas en sus sentencias 37/1997 y 235/1999) y que no atenta a ninguna norma estatutaria, todas las cuales (las antiguas y las nuevas) reconocen esta competencia del Estado para fijar lo básico.

No hay que ser tan ingenuo como para pensar que una decisión en el sentido indicado pueda ser políticamente pacífica, que posiblemente no lo será. Pero hay momentos en los que es ineludible hacer de la necesidad virtud, de tal manera que situaciones internacionales como la que estamos viviendo exigen de forma ineludible planteamientos coherentes con los actuales problemas del sector financiero internacional. Sería, a mi juicio, irresponsable, que una hipotética decisión sobre las competencias autorizatorias de los procesos de fusión de las cajas se analizara bajo una exclusiva óptica competencial; tras el reforzamiento de potestades de la Reserva Federal y la SEC americanas y, en general, con la que está cayendo en el mundo, sería muy difícil explicar que la estabilidad del sistema financiero español pende de discusiones bizantinas sobre apoderamientos constitucionales o estatutarios.

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  La actualidad española está cada vez más judicializada. A excepción del gran tema de la crisis, sobre el que sólo se habla a propósito de la estrechez de miras de un Gobierno incapaz y sólo pendiente de las fotos y no de los parados, en manos de los tribunales hay unos cuantos asuntos de los que más interesan a los españoles. Por un lado, la trama de corrupción que afecta al PP. Por otro, el procesamiento de Garzón.

  Huelga decir que Rajoy está demostrando por enésima vez una enorme pasividad que pesa como una losa entre quienes quieren creer en un proyecto liberal y renovador para España representado por el PP. "De nuevo el Rajoy dubitativo, pusilánime, premioso", ha protestado Jesús Cacho en El Confidencial, un Rajoy menguado, desaparecido y sin respuestas contundentes tanto en su partido como frente a quienes lanzan acusaciones e insidias desmedidas. Es sabido que un tesorero, el que maneja los dineros del partido, es un peligro en potencia, pero es incomprensible que Bárcenas haya dejado el PP y no el grupo parlamentario popular en el Senado. A Rajoy hay que reclamarle mano dura y limpieza en su partido. Como ha dicho Juan José Millás, que no es santo de mi devoción, lo que no puede hacer Rajoy es tejer un código ético de día y destejerlo por la noche. Pero, asimismo, debe reaccionar hacia el exterior y ofrecer explicaciones ante la opinión pública para dejar claro que su partido no se financió ilegalmente, como sí hizo el PSOE en su día.

  Así como los medios progresistas se están empeñando en hundir al PP en el lodo de la corrupción, están echando el resto en el rescate de un Baltasar Garzón que hace agua. La estrategia de vituperar al Tribunal Supremo, hablar mucho de Falange y poco de Derecho y montar manifestaciones en apoyo de Garzón resulta francamente contraproducente. Cuanto más insistan en justificar sus acciones con modos y sinrazones de orate, construyendo una defensa ya numantina, menos dispuestos van a estar los magistrados del TS a ser benévolos con Querido Emilio.

 Ya se han rasgado las vestiduras, cómo no, los de la memoria histórica, aduciendo que ya nadie va a poder investigar las desapariciones de sus familiares y los crímenes del franquismo. ¿Para qué están, pues, los historiadores? ¿Y la propia ley? ¿Y ellos mismos? A mi entender, al común de los mortales le importa un bledo que un personaje de ésos, obsesionado con el pasado y movido por el resentimiento, tenga a sus familiares en una cuneta. Que coja pico y pala y los saque de allí si le dejan. Rechazo desde ya que convierta sus obsesiones personales en problemas nacionales y, menos aún, en excusa para rescatar viejos odios y embarullar la Justicia.

  Sea como fuere, a Garzón se le acusa de haberse amparado en un artificio legal para atribuirse una competencia que no tenía. El debate sobre los crímenes del franquismo es otro. Lo que por el bien de la Justicia debería ver Garzón próximamente es su anochecer en la carrera judicial, y que con él desaparezcan jueces estrella y prácticas disparatadas en la Audiencia Nacional.

  La tarea del juez no es fácil ni sencilla. Es una gran responsabilidad. A todos los jueces que no son como Garzón (y a los que sean como él, que les sirva de advertencia) les dedico estas hermosas y solemnes palabras que el alemán Friedrich Stein escribió en su obra clásica de 1893 El conocimiento privado del juez: "Cabe que guiado por la falsa ilusión de ser el representante de la conciencia jurídica que habita en el pueblo, el juez se vea tentado a equipararse a la ley, oponiéndose incluso a ella. Esto sería desconocer totalmente la función que le corresponde, a saber: por estar subordinado a la ley, servirla como fiel guardián, siendo esclavo allí donde la ley expresa una orden concreta y servidor inteligente, aunque sometido a las ideas e intereses de la ley, cuando ese mandato concreto no exista".

Fdo. El Espantapájaros.

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  El ex primer ministro Adam Lang, carismático y seductor, está ultimando la revisión de sus esperadas memorias cuando su colaborador y ayudante aparece muerto en la playa de la isla que les sirve de refugio. Pronto el nuevo negro o escritor fantasma descubrirá que en el manuscrito de las memorias podría hallarse la clave de un escándalo en que se vio envuelto Lang y que ahora le está pasando factura: la entrega ilegal de ciudadanos británicos musulmanes a la CIA, que se ocupó de torturarlos con el objeto de extraerles información sobre actividades terroristas.

  Lo anterior no es más que una sinopsis de The Ghost Writer (2010), dirigida por Roman Polanski, filme que, a pesar de sus tics y tópicos progresistas, encontré sumamente recomendable, pues es una buena historia que contiene suspense, diálogos inteligentes y personajes de gran interés. El caso es que al verla volví a pensar en la siempre discutible razón de Estado y en los límites de la lucha contra el terrorismo.

  Ha sido un tema bastante tratado en este espacio. La idea central es que un Estado acosado por terroristas e incapaz de garantizar la seguridad y libertad de sus nacionales, y abocado a la desaparición de no actuar con resolución, debería adoptar medidas distintas de las que se desarrollan por los cauces legales, siempre y cuando la situación fuese excepcional y la acción se limitara a acabar con las amenazas más intensas. Afirmé en el pasado que "el terrorismo de Estado, en casos muy extremos y de absoluta necesidad, es salida legítima para proteger a los ciudadanos y el Estado de Derecho, por paradójico que suene". Obviamente, también he realizado ciertas matizaciones.

  No deseo regresar a lo mismo, sino añadir material que enriquezca este importante debate. Primeramente, cabe una clara objeción a lo antes señalado. En rigor, el Estado ya cuenta con mecanismos especiales para situaciones como la descrita, a través, en el caso español, de los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116 de la Constitución), caracterizados por una sustancial rebaja de las garantías constitucionales en aras de la defensa del orden público y la seguridad. Proceden "cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes", dando lugar a la aplicación de medidas restrictivas de derechos "en forma proporcionada a las circunstancias" (artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio).

  El fallo de este recurso es su presumiblemente elevado coste político. En efecto, los estados de excepción y sitio nunca se han declarado en la España democrática –y es difícil que llegue a darse el caso– debido a que los políticos responsables los deben de ver como el colmo de los colmos: influyen las reminiscencias dictatoriales, la magnitud de una decisión así, el control parlamentario a la que se la somete, la total publicidad y el posterior control jurisdiccional. Puede ser un mecanismo eficaz, pero de dudosa aplicación por las razones expuestas. La justificación tendría que ser más que suficiente y el político, un auténtico estadista.

  Si al final el dirigente de turno optase por una solución más cómoda, rápida y discreta, recurriendo al terrorismo de Estado, los riesgos no son despreciables. La protección de los principios del Estado de Derecho estriba en los límites que hay que imponer. Y aquí entran en juego consideraciones obvias: la naturaleza falible de los humanos, su tendencia corruptible y la certeza de la ley de las consecuencias no queridas. Por tanto, el deber de los Adam Lang del futuro sería tener en cuenta esto, junto con dos consejos basados en la experiencia. Primero, que lo óptimo es que nadie descubra toda la verdad, o mejor dicho, la implicación del Estado. Y segundo, que si es descubierta, hay que asumir responsabilidades públicamente. Justo lo contrario de lo que hizo Felipe González en relación con los GAL.

Fdo. El Espantapájaros.

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