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Archive for 25 julio 2010

  No es sólo el Estatuto de Cataluña. Con el Estatuto, ciertamente, se ha buscado derogar la Constitución en una parte de España y dañar la convivencia entre los españoles, y todo por la conveniencia de determinados políticos. Pero el nacionalismo va más allá, al final aparece en cualquier parte y por cualquier razón, y tal actitud se ha puesto de relieve con la victoria de España en el mundial de fútbol. Ahí el nacionalismo ha vuelto a demostrar que vive del resentimiento y que es una lacra para España.

  Produce tristeza e indignación ver a los dirigentes nacionalistas, de forma pueril, ponerse del lado de otras selecciones. El señor Mas se arrogó el derecho de decidir qué catalanes tenían una identidad "estrictamente española". En los campamentos de verano controlados por la Generalidad, sin expresarlo claramente, se prohibió la emisión de la final. Las palabras empleadas para ello fueron solapadas y cobardes. Que no se note mucho que nos va el totalitarismo, debieron de pensar. En un campamento del País Vasco se llegó al extremo de modificar el resultado de la final, es decir, engañaron a los niños, se burlaron de ellos. Si falsean el resultado de un partido de fútbol, ¡qué no harán con la educación y los libros de Historia! De ahí están saliendo generaciones manipuladas y educadas en el odio y en falsas impresiones de superioridad. El objetivo ha sido contrarrestar un sano sentimiento patriótico –no nacionalista, que es algo patológico– español. Pretenden exagerar los defectos de España y esconder lo que tiene de bueno, al tiempo que, en su aldeanismo, exaltan todo lo "estrictamente suyo" como si fuese sublime, aunque sea una basura.

  He aquí un retrato veraz del nacionalismo en España. Algunos aducirán que lo del mundial es anecdótico, pero, a mi juicio, revela la naturaleza bestial de un monstruo al que hay que poner límites. Dudo mucho que el nacionalismo, a escala de partidos políticos, sea únicamente una cuestión de sentimientos. El poder está en juego. Por un lado, es rentable echar la culpa de todos los males a Madrid, a pesar del grado de descentralización existente. Por otro, el nacionalismo es un instrumento de control muy poderoso: con tal de proteger a la amada nación, el ciudadano es sometido a todo tipo de humillaciones y restricciones. Y la nación sólo puede ser interpretada y representada por los auténticos catalanes, vascos, etcétera, o sea, los nacionalistas. El monstruo, por tanto, tiene intereses bien partidistas y codiciosos, y muy poco de romanticismo.

  Es inútil dirigirse a los dos grandes partidos nacionales, no va a haber reforma electoral ni una lucha decidida contra los nacionalistas que desmonte sistemáticamente sus mentiras, reduzca su influencia y devuelva la libertad a las sociedades que intoxican. Ésta va a ser una tarea de cada individuo, si tiene aprecio por su dignidad. El muy denostado Richard Nixon dio un gran discurso a sus conciudadanos estadounidenses el 3 de noviembre de 1969. En él convocó a la "gran mayoría silenciosa" de su país para que apoyase sus decisiones en la Guerra de Vietnam. Dijo: "Si una minoría que se hace oír, por muy ferviente que se muestre en su causa, prevalece sobre la razón y la voluntad de la mayoría, entonces esta nación no tiene futuro como nación libre". Parafraseando sus palabras, pido a los españoles, pido a la gran mayoría silenciosa, que rechacen el nacionalismo y que lo combatan allí donde se encuentre con la fuerza de la razón.

  No puedo ponerme en el lugar de los ciudadanos que en Cataluña, el País Vasco y, en menor medida, Galicia, son amenazados por hablar en castellano; que son multados por rotular sus comercios en ese idioma; que no pueden elegir en qué lengua serán escolarizados sus hijos; que son agredidos por celebrar las victorias de la selección española; o que abandonan su tierra por culpa de una sanguinaria banda terrorista y nacionalista. No puedo hacerlo, digo, porque, afortunadamente, vivo en una región que tendrá mil problemas y carencias, pero en la que se respeta más la libertad. Quiero creer que el nacionalismo va a retroceder en las regiones citadas y que puede ser vencido sin violencias, por medio de fuerza de voluntad y convicción democrática.

  En su memorable discurso, Nixon reconocía que "no está de moda hablar de patriotismo o de destino nacional, pero me parece que conviene hacerlo en esta ocasión". También conviene hacerlo ahora. Por el bien de España y, sobre todo, de sus ciudadanos, no más cesiones a los nacionalistas. Es tiempo de arrojarles al basurero de la Historia.

Fdo. El Espantapájaros.

NOTA: Les deseo unas felices vacaciones. Volveré por aquí el día 15 de agosto.

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  Que la Justicia necesita ser reformada se ha convertido en un tema más que recurrente. Un creciente malestar ciudadano recorre España: unos se quejarán de los jueces; otros de una Administración de Justicia decimonónica; y no faltarán las alusiones a diferentes atrasos y errores que tuvieron gran repercusión en los medios. Dicho esto, de nada sirve reconocer el problema sin saber dónde actuar y cómo. Y no es fácil. Así, el Ministerio de Justicia está invirtiendo más dinero, pero no basta con eso; ahora mismo, no es suficiente crear nuevos juzgados, producir más jueces o instalar más programas informáticos. La reforma de la Justicia debe ser más ambiciosa o se quedará en nada. Y una buena Justicia, además de ser un pilar del Estado de Derecho, significa una atracción para los inversores, al ser una institución muy conexa con la economía. Ya en 2007 se podría haber detectado la crisis gracias a los tribunales.

  A fin de tratar con profundidad y sosiego estas cuestiones, he asistido al curso de verano de la UCM Los retos de la Justicia en España. Allí han podido pronunciarse diferentes expertos, políticos y juristas de reconocido prestigio, y han expuesto una amplia variedad de recetas que aplicar a la Justicia. Lo cual es digno de elogio. En España abundan los diagnósticos y escasean los tratamientos. Por ello, me voy a permitir trasladarles un resumen del contenido del curso.

  En Justicia, las reformas tienen que darse en distintos ámbitos. En primer lugar, es obligación del Ministerio de Justicia liderar la coordinación entre las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias referentes a la administración de la Administración de Justicia, en feliz expresión del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial es único, pero los medios personales y materiales dependen de las Comunidades Autónomas en once casos. Coordinación, como he dicho, y aclarar algunas situaciones injustas para los responsables autonómicas, que pagan pero tienen poco control.

  A continuación, hay que reducir la litigiosidad, que ha crecido vertiginosamente, en parte a causa de la crisis económica. Litigar termina saliendo barato y en España no existe una cultura de la transacción, cuando realmente no todo conflicto jurídico tiene por qué dirimirse en un proceso. En ese sentido, se ha hablado de restringir el acceso a la Justicia. Mas no hay que olvidar que la Justicia, además de ser un valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución), es un derecho fundamental, derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 del texto constitucional. Las restricciones, en consecuencia, sólo pueden ser mínimas y muy medidas. Por otra parte, tal vez el hecho de que los ciudadanos acudan a la Justicia demuestra que, a pesar de todo, confían en ella.

  Por lo demás, las propuestas no son nada desdeñables: fomentar y desarrollar el arbitraje, revisar la asistencia jurídica gratuita (derecho del ciudadano con pocos recursos económicos proclive a fraudes y abusos) e incluso instaurar el copago en algunos asuntos. Todo ello aderezado con reformas procesales. Reformas de calidad, por cierto, y no la realizada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que representa una chapuza de considerable magnitud que no resuelve nada y enreda todo. No sé cómo esta ley, en vigor desde mayo pasado, pretende apostar por la eficacia y una mejor gestión del personal de la Administración de Justicia.

  En tercer lugar, mi opinión personal, al igual que la de los que intervinieron en el curso, es que la Justicia no está politizada, al menos su base. Los jueces, en su mayoría, son profesionales del Derecho competentes y preparados que juzgan y hacer ejecutar lo juzgado con independencia. Legalmente, no hay medio directo de coartarles e influir en sus decisiones desde, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, cuyo sistema de elección de vocales siempre he criticado y criticaré. Sin embargo, como recordó el senador del PP Agustín Conde, desconfiar del poder político que extiende sus manos sobre el CGPJ es una sana actitud. Este órgano controla los ascensos de los jueces, y la ambición humana puede originar muchas sumisiones indeseables. Me sorprendió gratamente la conferencia de este senador: no sólo acertó al alertar de que, si se quiere, es posible influir desde la política en el Poder Judicial –sobre todo, en los niveles más altos–, sino que propuso medidas innovadoras –como que sólo se pueda entrar en el CGPJ a una edad más que respetable— y descalificó a los jueces que llaman a la puerta de su partido mendigando un puesto de magistrado del TC –caso de Francisco Hernando— o a los que hacen lo propio con el Gobierno para que les coloque en La Haya –caso de Garzón–.

  En cuanto a la relación, a veces atormentada, de los medios de comunicación con la Justicia, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, pronunció una brillante conferencia en la que abogaba por equilibrar el derecho a la información con el derecho a un proceso justo, pues qué duda cabe que juicios paralelos y penas de telediario conllevan una significativa lesión de la presunción de inocencia. En España no existe una protección específica contra los juicios paralelos, por lo que Ángel Juanes apuntó unas cuantas soluciones extraídas del Derecho comparado.

  Con lo dicho hasta este punto basta. Como ven, al margen de los partidos políticos y sus mediocres debates, es posible superar el tradicional pesimismo español que se adueña de todo y hacer propuestas de reforma de la Justicia serias, rigurosas y perfectamente realizables.

Fdo. El Espantapájaros.

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  El liberalismo debe buscar un equilibrio entre el individuo y el Estado. Para ello, un aspecto trascendental y que requiere de un especial tratamiento reside en el sostenimiento de los gastos públicos encomendado a los contribuyentes. El Estado necesita un gran volumen de ingresos por la sencilla razón de que tiene muchos gastos derivados de las múltiples funciones y cometidos que asume en la vida moderna, con más o menos justificación. Elevar los impuestos puede ser una opción para obtener esos ingresos, pero una opción limitada, como ya se demostró en los años setenta, cuando se produjo la denominada crisis fiscal del Estado. Por consiguiente, hay que conciliar las necesidades del Estado con una presión fiscal que no aniquile la actividad económica de los sujetos privados.

  El economista Arthur Laffer afirmó que bajar los impuestos podía dar lugar a una mayor recaudación. Es una paradoja, sin duda, pero una muy razonable. La Curva de Laffer no es más que una simple gráfica en la que aparecen representados los ingresos obtenidos vía impuestos en relación con el tipo impositivo: si éste es cero, cero será la recaudación; pero si alcanza el 100%, tampoco habrá recaudación. La curva descrita implica que hay un punto a partir del cual a mayores tipos, menor recaudación, con lo que, si se bajan los impuestos, debería aumentar aquélla. La Curva de Laffer está basada en el sentido común. Hasta el más recalcitrante socialdemócrata admitiría que si a un contribuyente le detrajeran coactivamente todo su salario, la economía tendría serios problemas para prosperar. El inconveniente es que no existe una fórmula que permita hallar el tope a partir del cual los impuestos comienzan a ser insoportables y se resiente la economía, si bien no es impensable practicar el empirisimo en cada caso.

  La experiencia española parece avalar las conclusiones de Laffer. Antes de 1996, los socialistas se hartaron de advertir con tono apocalíptico que, en caso de que el PP bajara los impuestos, en la caja de la Hacienda Pública no habría ingresos suficientes y el Estado del Bienestar se derrumbaría. Ocurrió lo contrario. El nuevo Gobierno, coherente con sus ideas liberales, bajó el tipo máximo del IRPF y, entonces, subió la recaudación. Fue una decisión acertada gracias a la cual se incentivó a los particulares, que podían disponer de más dinero, lo que redundó en la mejora de la economía.

  En mi opinión, los impuestos son inherentes al sistema y absolutamente necesarios, pero cuando resultan excesivos distorsionan el mercado y los recursos que el Estado ha drenado del sector privado suelen ser administrados de forma poco eficiente.

  Hoy día, en el contexto de una crisis económica y de un elevado déficit, el Gobierno decidió subir el IVA y está estudiando una subida del IRPF. Como es obvio, estos dos impuestos no son, ni mucho menos, las dos únicas figuras tributarias que pueblan el sistema. Hay otros muchos, y también existen otros recursos que pueden originar ingresos públicos. Si se sigue el razonamiento de Laffer, tales subidas no van a arreglar nada en cuanto al déficit y van castigar el consumo. Combatir así el déficit es una honda equivocación.

Fdo. El Espantapájaros.

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  Hay sentencias que alegran el alma y sentencias que ensucian el mundo. Al desconocer su contenido, no puedo calificar aún con toda claridad la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Después de muchas componendas y enredos varios, ha habido, por fin, alumbramiento: 14 artículos han sido declarados inconstitucionales –si no del todo, sí en lo esencial– y otros 27 han quedado sujetos a la interpretación conforme del Alto Tribunal, aparte de que se deja sin eficacia jurídica deja la proclamación de Cataluña como nación. Las pretensiones del PP, que presentó el recurso resuelto, sólo han sido estimadas, según el fallo, "parcialmente", pues sus cincuenta diputados habían impugnado muchos más artículos.

  Por lo pronto, considero que la sentencia se ha quedado corta y que, para defender de verdad la Constitución, debería haber sido menos suave con el Estatuto y haberlo recortado aún más. Creo que el marco constitucional se ha visto desbordado y que el fallo del TC va a generar no poca inseguridad jurídica y quebraderos de cabeza. A pesar de ello, el resultado no es malo por completo y elimina algunos excesos de la norma estatutaria, como los referidos a la ruptura de la unidad jurisdiccional, a la financiación autonómica, etcétera. En cuanto al preámbulo, lo que viene a sentar el TC es que la rocambolesca declaración "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación" es un mero brindis al sol. Pero, sin lugar a dudas, el asunto es grave, el problema queda latente y lo mejor habría sido suprimir esos párrafos.

  Aunque no se ha publicado todavía el contenido íntegro de la sentencia, con sus fundamentos jurídicos (al menos 137), ni los votos particulares, todos los políticos se han lanzado a valorar excesivamente el fallo y han reaccionado con actitudes que oscilan entre lo vergonzante y lo profundamente irresponsable.

  Especialmente, la llamada de Montilla a la rebelión institucional es incalificable. Prefiero no hablar de un triste y mediocre individuo que sólo pretende aferrarse a su trono de la Generalidad. En el PSOE las salidas de tono han sido notables: De la Vega glosando con sadismo la derrota del PP, Rubalcaba haciendo símiles futbolísticos totalmente vulgares y Bud Spencer, Ministro de Justicia, barbotando unas reflexiones que han de pasar a la historia de la estulticia jurídica. Según el insigne Caamaño, como el Estatuto es muy largo y sólo una mínima parte ha sido afectada por la sentencia, el éxito es rotundo. Pues bien, tal conclusión es una memez y un intento de engañar a la opinión pública, a la que Caamaño debe de creer soberanamente estúpida. Sí, 14 artículos anulados en parte y 27 interpretados son pocos para un texto que cuenta con 223. Sin embargo, es muy difícil que una ley sea absolutamente inconstitucional, de un lado, y en Derecho no todo vale lo mismo, de otro. No es comparable el valor jurídico y la protección que se dispensa a los artículos 14 a 30 de la Constitución que el de sus artículos 93 a 96. Del mismo modo, los preceptos anulados del bodrio catalán son, desde luego, muy relevantes y de gran potencialidad jurídica, mientras que otros que han sido respetados no lo serán tanto.

  En cuanto al PP, su respuesta va de querer olvidarse del tema y mirar al futuro, caso del futurista Rajoy, a valorar de forma positiva un fallo que le da la razón en parte y deja cojo al Estatuto, caso de Cospedal y otros. Demasiada tibieza para un partido que está a favor de la unidad de España y de un Estado autonómico razonable y contenido.

  Como el engendro estatutario es infame, a la fuerza será mejorado por la sentencia del TC. Pero me preguntó qué será de la Constitución y de España. Habrá trifulca política por culpa de esta sentencia que con tanto dolor ha sido traída al mundo para no contentar a nadie. Todos tienen que tener claro quién es el primer responsable de un lío que no era en absoluto necesario: Zapatero, un hombre que ha intentado dinamitar la Constitución y hacer de Cataluña una especie de feudo privilegiado dentro de España. Él impulsó esta locura, él puso en un serio aprieto a las instituciones y él ha causado estas tensiones en la cohesión de España. Por todo ello, ojalá lo pague muy caro en las urnas.

Fdo. El Espantapájaros.

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