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Archive for 27 marzo 2011

  Sucumbí a la tentación sin oponer resistencia. El viernes fui a ver Torrente 4 y salí del cine encantado y plenamente satisfecho. Hay que darle las gracias a Santiago Segura por revivir, a través de su casposo personaje, el mustio cine español encandilando a los espectadores y demostrar la vitalidad de una saga ya mítica. Rompí mi boicot al cine español, pero ya está en pie de nuevo, porque los errores persisten y no me cansaré de denunciarlos.

  La sempiterna crisis del cine español se ha acentuado en los últimos tiempos. Libertad Digital publicó el pasado febrero una noticia en la que se decía que la recaudación de todo el cine español durante 2010 había sido de 70 millones de euros, en tanto que las subvenciones sumaron 90 millones. Dicha recaudación fue un 34% más baja que la de 2009. Son datos no definitivos que, en cualquier caso, ponen de relieve que algo falla en la industria del cine español y que vive más de subvenciones que de sus propios méritos.

  La política de subvenciones ha creado una mentalidad contraproducente y nociva. Las subvenciones no incentivan la producción de películas que conecten con el público, de un lado, y acarrean una relación de dependencia entre cultura y poder que es deplorable, de otro. El sectarismo izquierdista de muchos cineastas españoles, sesgo ideológico que se traslada a sus películas, junto con la obsesión por ciertos temas ya muy sobados (Guerra Civil, drama con tetas y comedia con tetas), hacen el resto. Son muy comprensibles las malas cifras que, año tras año, arroja el cine español.

  Muchos directores están convencidos de que ellos no fallan nunca, sino que son los espectadores los que cometen un error no viendo su película. Estos señores dan a luz un producto que, por lo común, responde exclusivamente a sus preferencias y gustos; cuando no encuentra público, aducen que es debido a falta de promoción, a la competencia del cine americano, al mal gusto del espectador, etcétera. Jamás reconocerán que justamente porque han hecho un producto de nulo tirón comercial no está en condiciones de aspirar a triunfar en la taquilla. No se pueden querer las dos cosas, es decir, un cine desconectado de la demanda y, a la vez, un reconocimiento por parte del público. Es contradictorio y sólo conduce a frustraciones.

  No es que un cineasta deba ser un prisionero del público y de concepciones vulgares, mediocres y de fácil consumo. Pero hay tomar en consideración el carácter comercial, por naturaleza, de todas las películas que se estrenan. Es aquí donde los cineastas españoles no comprenden que puede haber un equilibrio. Los hechos prueban que películas de elevada calidad, como las que han aspirado a muchos premios en la última edición de los Oscar, han tenido una gran acogida en la taquilla. Y, en el caso de la que obtuvo los premios más importantes, El discurso del rey (2010), ni siquiera contando con un presupuesto muy abultado (ocho millones de libras). Por lo tanto, la calidad de una obra no está reñida con su carácter comercial, y el público sabe valorar lo primero, sin duda.

  Eliminando las subvenciones se conseguiría, en primer lugar, destruir esa aversión instintiva del contribuyente a un cine financiado en parte con el dinero de su bolsillo y origen de filmes de dudoso interés. ¿Por qué pagar dos veces por un producto que no vale la pena? En segundo lugar, obligaría al que quisiera filmar una película a lidiar con una productora exigente, que querría buscar el interés del público, y a mejorar y pulir al máximo su proyecto, logrando así un producto más atractivo y mejor acabado. Por último, desaparecería esa sombra del poder que se proyecta sobre el mundo del cine y que tanto daño hace.

  La reacción será argüir que, sin subvenciones, muchas películas no verían la luz. ¿Y qué? Odio la equiparación entre deseos y derechos. Que alguien tenga el muy loable deseo de hacer una película no tiene por qué derivar en un derecho a que la haga a costa de los demás. Que se busque la vida por sus propios medios; y si fracasa, que aprenda del fracaso. En un mundo ideal, bodrios como La soledad (2007) nunca se habrían rodado, nunca habrían recibido dinero público y nunca habrían obtenido premios. Lo cual es una burla adicional a cargo de la Academia de Cine (burla que ha repetido este año) que ignora las sabias palabras de Álex de la Iglesia en su último discurso, subrayando que en España se hace cine “porque los ciudadanos nos permiten hacerlo, y les debemos respeto, y agradecimiento”.

  Recientemente, películas como REC (2007) o Celda 211 (2009) han supuesto un soplo de aire fresco y se han atrevido a romper los estrechos moldes en los que se mueve el cine español. No es un cine que haya renunciado al componente español para tener éxito, es un cine que piensa en los espectadores y en su disfrute. Lo que ahora es excepcional debería convertirse en la regla general.

  En otras cuestiones, el ejemplo que tienen que seguir los cineastas españoles es el de Santiago Segura. Su Torrente 4 es una perfecta gamberrada y una delicia obscena que da lo que promete y que no renuncia a innovar, siendo la primera película española que utiliza la técnica del 3D. Pues bien, aún más ejemplar es la forma que tiene Segura de promocionar su película. Una promoción abrumadora, incansable… A diferencia de otros, él sí cree que hay que convencer al público de que vaya a ver su película y no incurre en la fatal arrogancia de quienes piensan que al espectador hay que llevarle casi a punta de pistola a ver cine español.

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  Tengo por costumbre prestar atención a cómo se desenvuelven los políticos ante las cámaras, y más si es en una entrevista o en un debate. Es una buena forma de que salgan a relucir sus recursos y sus defectos. La imagen y manifestaciones públicas de un candidato son ingredientes fundamentales para obtener el poder, aunque también cuentan –o deberían contar– su capacidad, conocimientos y el equipo que tiene detrás; pero no hay duda de que salir bien librado de una entrevista o de un debate televisivo puede ser un duro varapalo para el adversario.

  No soy un experto en la materia, pero sí un buen observador que analiza los detalles en situaciones en las que el político es sumamente vulnerable. Sus asesores ya no están ahí y tiene que hacer el trabajo él solo. Así pues, voy a hacer una comparativa, en este sentido, entre Rajoy y Aznar como candidatos. Después de todo, les unen grandes similitudes: los dos son miembros del PP, asistieron a al desplome de un Gobierno socialista por una crisis generalizada y, antes de eso, perdieron dos elecciones. No entraré en el fondo del asunto, es decir, en las ideas y en la solvencia intelectual de cada uno. Tan sólo interesa comparar aspectos externos, visibles ante una cámara.

  El primer dato a considerar es la edad (como candidatos en sus respectivos momentos). Aznar concluyó su carrera política activa con 51 años. Rajoy ya roza los 56. La edad no tiene por qué ser un obstáculo o una desventaja. El candidato de mayor experiencia la puede utilizar como un activo de mucho peso. Pero hay personas que, con los años, empeoran su forma de expresarse y acumulan vicios difíciles de remover. Rajoy no parece que tome clases de oratoria o se preocupe de limar esos pequeños detalles que a veces son tan relevantes. Y, en adición, no es ni lo suficientemente joven como para gozar del empuje de lo nuevo y lo fresco ni lo suficientemente viejo como para estar revestido del aura de respetabilidad y sabiduría que poseen algunos mayores.

  Otro elemento que les diferencia reside en la distinta formación. Aznar, inspector de Hacienda, siempre hizo gala de unos conocimientos muy palpables sobre economía gracias a una oposición con un gran componente práctico (contabilidad, resolución de supuestos…) que explica que se manejara bien con las cifras económicas y que fuese capaz de realizar análisis acertados y directos sobre esos asuntos, sin perderse en divagaciones o tópicos. En cambio, Rajoy es registrador de la propiedad. Oposiciones muy duras, pero sin práctica alguna. Nótese también el distinto tipo de actividad. El inspector es, por definición, un hombre de acción, una persona que investiga y que intenta descubrir infracciones y fraudes. El registrador, como su propio nombre indica, lleva a cabo una labor pasiva y a solicitud de parte.

  La tercera diferencia hay que buscarla en la comunicación, verbal y no verbal, de sus mensajes. En relación con la primera, Aznar es, a la vista de los documentos, un orador más firme y sólido que Rajoy, hombre dado a los titubeos, a las repeticiones, a las vaguedades y a unos esquemas muy rígidos. Diré, en su descargo, que es un excelente orador parlamentario.

  A Aznar se le criticaba por hablar en un tono de voz bajo y sin mover el labio de arriba. Pero, si uno escucha sus entrevistas, se da cuenta de que hace los énfasis correctos y modula su tono. Además, transmite algo que se echa de menos en los políticos de hoy día: seriedad, precisión y rigor, y un discurso bien hilvanado, coherente y rico. Por su parte, el gallego es impasiblemente monótono, casi nunca cambia de estilo ni de expresiones y cae, a mi entender, en un exceso de enumeraciones. Cuando le hacen una pregunta, suele responder con enumeraciones que calan poco entre el público y responden a un guión bien aprendido, pero soso. Si le preguntan qué haría contra el desempleo, responderá: “Le diré dos cosas. Yo haría esto y lo otro. Y, luego, esto y lo de más allá”. O sea, sin entrar en ulteriores explicaciones. O cuando le preguntan por un candidato de su partido: “Yo creo que es una persona capaz, con ganas, con ilusión, con sentido común…”. Enumeraciones tan insustanciales pueden hacerse una vez; si aparecen continuamente, el discurso se vuelve aburrido y hueco. Por último, Aznar no rehuye las cuestiones polémicas o delicadas, mientras que Rajoy suele ser mucho más cauto y dubitativo, cuando no decide fijar su vista en el horizonte, con frases de esta clase: “Yo sólo miro al futuro, porque estoy con los problemas de la gente, con el que no llega a fin de mes, con el que no recibe un crédito…”.

  No es aceptable que muchas de las respuestas de Rajoy comiencen con un “Yo creo que…”. Suena fatal, a tertulia de segunda, y sus asesores tendrían que corregírselo. Por no decir que el uso del yo es siempre feo. Tampoco es de recibo que huya de algunas preguntas incómodas de esta forma: “No, mire, yo no voy a entrar en esos asuntos…”, a la vez que agacha la cabeza, levanta las manos y se echa hacia un lado. Reacción que denota poca entereza. Si le preguntan algo que le incomoda, puede eludir un pronunciamiento claro con mucha más elegancia.

  En lo que a gestos se refiere, Aznar vuelve a batir a Rajoy. El primero se muestra sosegado y contenido en sus gestos en todo momento. Mueve poco las manos y, cuando lo hace, no las separa mucho ni las lleva demasiado lejos, haciendo esos aspavientos tan de moda actualmente. Su cuerpo se mantiene quieto, erguido, lo mismo que la cabeza. Para algunos, todo esto puede significar rigidez, pero es mejor que gesticular hasta el paroxismo. Rajoy, desde luego, no participa de las ridículas coreografías de Zapatero, con esos movimientos ortopédicos tan reiterados y que revelan un gran nerviosismo y una necesidad de enorme de tratar de ensalzar lo vacuo de su discurso con gestos excesivos y crispados.

  Sin embargo, tiene tres problemas, ya muy repetidos. Primeramente, no deja de agitar la mano derecha cuando habla, como queriendo resaltar sus continuas enumeraciones. Es un gesto cansino que no aporta nada al tono enfático con que enumera sus ideas. Aznar contrarresta esta tendencia entrelazando los dedos la mayor parte del tiempo, adoptando una postura serena. En segundo lugar, por alguna incomprensible razón, se ha acostumbrado a hacer una curiosa composición facial cada vez que finaliza una respuesta y espera la siguiente pregunta del entrevistador: frunce el ceño, aprieta los labios y baja algo la cabeza. En conjunto, parece que estuviera esperando recibir un garrotazo y no una pregunta. Una imagen pésima y llena de inseguridad. Por último, son ya muy conocidos sus distintos tics: mojarse el labio con lengua cuando no hay necesidad de ello o abrir demasiado los ojos sin venir a cuento. Hay que controlar, en la medida de lo posible, esos vicios.

  Seguramente haya más diferencias y posibles comparaciones (me resisto a hablar del físico), pero ya me doy por satisfecho. Lo más probable es que Rajoy, aun sin superar a Aznar en este examen, acabe en La Moncloa, por lo que todo este ejercicio ha sido poco más que un divertimento. Es difícil que Rajoy arregle sus carencias y, afortunadamente, tiene otras cualidades que presentar.

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Amanece en Japón

  No tengo por costumbre dedicar escritos a las catástrofes naturales, pues, por mucho que clamen los ecologistas, no está la acción del hombre en su origen y forman parte de una realidad inevitable. Pero lo acaecido en Japón, devastado por un terremoto de 9 grados en la escala Richter y por una ola gigantesca, me duele hondamente debido a la simpatía y admiración que siento por aquella nación, y no puedo dejar de escribir unas palabras sobre ello.

  El zarpazo de la naturaleza ha sido especialmente duro. El monstruo marino Namazu, liberado de la calabaza con que le sujeta el dios Kadori, ha actuado de nuevo: la tierra ha temblado. La ciudad de Sendai, capital de la prefectura de Miyagi (en Honshu, la isla más grande del archipiélago), ha sido arrasada. En toda la prefectura los desaparecidos ascienden a 10.000. Los daños personales y materiales, por tanto, van a ser enormes.

  Ni que decir tiene que en cualquier otro lugar del mundo un terremoto de esta magnitud habría conllevado un desastre infinitamente mayor. Y es que Japón no solamente cuenta con sus edificios flexibles, sus protocolos de evacuación y su mobiliario atornillado al suelo, sino con la calma, la entereza y la organización de un pueblo disciplinado, acostumbrado a los terremotos (mil al año) y consciente de sus deberes. En otro país –no hace falta que ponga ejemplos– ya se habría desatado el caos, el pillaje, los saqueos… Su horizonte, en general, sería mucho más oscuro. En Japón quiero creer que hay más esperanza y confianza en la reconstrucción.

  Reconociendo que me parece un pan sin sal y un gobernante de segunda, el primer ministro Naoto Kan merece todo el apoyo: se enfrenta a una crisis sin precedentes que desbordaría a cualquiera. También, como él, estoy al borde de las lágrimas. Ya habrá tiempo para derribar definitivamente su Gobierno en descomposición. Ahora la oposición liberal debería cerrar filas con él y coadyuvar a que todo regrese a su cauce.

  Las Fuerzas de Autodefensa han sido movilizadas y, con auxilio de sus camaradas norteamericanos, están rescatando a los supervivientes y desempeñando unas tareas imprescindibles para apuntalar el país y devolverlo a la normalidad que ya se respira en Tokio. La escasez de alimentos y combustible sólo será temporal.

  Los problemas en la prefectura de Fukushima (también en Honshu), donde se halla la tristemente célebre planta nuclear Fukushima I, con seis reactores (dos de ellos dañados por efecto del terremoto), han dado lugar a comparaciones con Chernobyl de todo punto desacertadas y alarmistas. Los ecologistas están intentando usar en su provecho el accidente, alimentando el temor irracional hacia la energía nuclear justo en el momento en que ésta volvía a despegar.

  En mi opinión, respaldada por las explicaciones de diversos expertos, la situación no es comparable a la de Chernobyl. Ahora bien, los riesgos son palpables y el Gobierno ha de tomar todas las precauciones. No sería lógico que no se hubiera producido la evacuación y la declaración del estado de emergencia nuclear. Por lo demás, lo único que pone de manifiesto el accidente –muy limitado, dadas las circunstancias– es que las centrales nucleares (en Japón hay 55; cuatro han presentado problemas) son realmente seguras si son capaces de superar un terremoto así. En el peor de los casos, esto es, la fusión del núcleo, el contenedor hermético resistiría la explosión, aunque, como es natural, no querría estar allí para comprobarlo.

  Japón atraviesa una mala racha. El terremoto, sin duda, lastrará su recuperación económica. Desbancada como segunda potencia económica mundial por su rival, China, Japón sigue recorriendo una descendente senda de decadencia. Tal vez el último coletazo de Namazu sea el principio de un derrumbamiento más pronunciado, o a lo mejor el fin de la caída y el inicio de la recuperación.

  En todo caso, es indudable que Japón resurgirá. ¡Que no cunda el desánimo apocalíptico que incluso ha contagiado a Fernando Sánchez Dragó! Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses no perdieron el tiempo resistiéndose a las fuerzas de ocupación americanas o lamentándose con resentimiento. Se pusieron manos a la obra, imitaron a su manera lo mejor de sus vencedores y, con el milagro económico, ocuparon el alto lugar que les corresponde en el mundo. Japón siempre ha conseguido innovar y salir adelante conservando sus mejores esencias. Confío en que así sea una vez más. Amanece en Japón. No puede ser de otra manera en el Imperio del Sol.

Run!

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  La última reforma del Código Penal ha sido efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Una de las novedades más llamativas e importantes consiste en que las personas jurídicas pasan a estar sujetas a responsabilidad penal en caso de que cometan determinados delitos. La Exposición de Motivos de la citada ley justifica esta innovación sobre la base de numerosos “instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos…)”.

  Hasta ahora, no era posible imputar delitos a las personas jurídicas (societas delinquere non potest), es decir, solamente respondían las personas físicas que obraran como sus representantes (art. 31 CP), independientemente de otro tipo de responsabilidades (administrativa o civil). La teoría general del delito casaba mal con la idea de una persona jurídica cometiendo delitos. Y, en rigor, parece difícil que una asociación o una sociedad anónima actúe dolosamente o sin la diligencia debida. Pues una persona jurídica carece de voluntad propia, o mejor dicho, de una voluntad física o natural. Por ello, esta responsabilidad no encaja con la definición de delito que figura en el artículo 10 CP ni con la garantía inexcusable del artículo 5: “No hay pena sin dolo o imprudencia”.

  El legislador español ignora todo eso o, simplemente, le ha dado igual. Como se implantó en Alemania, cuna de la mejor dogmática penal, sólo era cuestión de tiempo que se regulara en España. Y, de la mano de un legislador tan diletante y caprichoso como el actual, ha nacido el artículo 31 bis CP.

  Es de notar, en primer lugar, que no todos los delitos pueden ser cometidos por una persona jurídica. Así pues, el CP prevé expresamente cada caso, según se dispone en el artículo 31 bis. Un ejemplo evidente es el de los delitos contra la Hacienda Pública.

  En segundo lugar, se establece un doble presupuesto objetivo de imputación. El apartado primero, párrafo primero, del 31 bis proclama que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”. Surge aquí una responsabilidad transferida (de las personas físicas a las jurídicas). Acto seguido, el párrafo segundo de ese mismo apartado dispone que “las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”. Cuando existe esta falta de control o vigilancia, se produce un defecto de organización, una suerte de culpabilidad de las personas jurídicas.

  Esta responsabilidad penal es independiente de la que pueda individualizarse sobre la persona física que, en todo caso, delinquió personalmente, de suerte que dicha responsabilidad, la propia de las personas jurídicas, “será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior [representantes legales, administradores de hecho o de derecho y personas dependientes de ellos], aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella” (art. 31 bis, apartado segundo).

  Asimismo, se regulan una serie de atenuantes específicas que afectan a las personas jurídicas (art. 31 bis, apartado cuarto). Curiosamente, todas ellas aluden al momento posterior al delito (por ejemplo, confesar la infracción, aportar pruebas durante la investigación…).

  El artículo 31 bis ha dejado fuera de su campo de acción a un nutrido grupo de personas jurídicas: al Estado y a todo lo que hay tras él y, singularmente, a los partidos políticos y sindicatos. Cómo no, los poderosos siempre tratando de blindarse, de situarse en una posición privilegiada y más protegida. Si la empresa con la que ejerce la actividad mercantil una determinada sociedad anónima incurre en un delito de defraudación tributaria (art. 305 CP), se puede perseguir, con el CP en la mano, a toda esa sociedad, y procederán fuertes multas si es condenada. No sucederá lo mismo si el que ha defraudado es un partido político. “Justicia para todos” es un principio cada vez más desconocido para el legislador español.

  El último aspecto fallido y criticable de esta nueva regulación no reside en ella misma, sino en que no haya sido acompañada de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de adaptar esta vetusta norma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El proceso penal está dirigido a realizar las normas penales en el caso concreto. El artículo 31 bis CP, pues, está cojo, toda vez que esta nueva responsabilidad origina muchos interrogantes y problemas procesales que no han merecido la atención del legislador.

  Una vez más, la inseguridad jurídica, el trabajo a medias, la chapuza y la ley como medida de propaganda política son la tónica general. Jurisprudencia y doctrina serán las encargadas, nuevamente, de desenmarañar los enredos que en los cauces del proceso penal provocarán unas personas jurídicas de las que nada dice la LECrim.

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