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Archive for 24 julio 2011

  En medio de la reforma de las pensiones, la dimisión de Camps y la corbata de Sebastián, ha pasado desapercibida una noticia que reviste suma trascendencia para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. El Ministerio de Justicia ha pergeñado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entregará la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal, un cambio drástico que, a mi juicio, es de todo punto aberrante. El Gobierno comete con ello un error nada inocente, ya que su propósito no puede ser otro que expandir el poder del Ejecutivo.

  El proceso penal se divide en la fase de instrucción, la intermedia y la de enjuiciamiento o juicio oral. Durante la instrucción, se investiga para aclarar los hechos, determinar a los sospechosos e imputarles, recabar fuentes de prueba… En suma, por medio de la instrucción se ha de construir una hipótesis acusatoria lo bastante sólida como para abrir el juicio oral y que, en consecuencia, no se archive la causa. En ella, además, se llevan a cabo diligencias de investigación que pueden afectar a los derechos fundamentales de las personas. No es, por lo tanto, una nimiedad con la que se pueda trastear arbitrariamente. En España, tradicionalmente la instrucción ha estado en manos del juez instructor, siendo el Ministerio Fiscal un colaborador de la Justicia encargado de la defensa, en teoría, del interés público.

  No obstante, los fiscales han ido ganando posiciones en la instrucción y, a la luz de esta novedad legislativa, están a punto de conseguir lo que tanto han ansiado: ser ellos los que lleven las riendas de la investigación, relegando al juez al ámbito de la toma de decisiones y resolución del caso. Prestigiosos procesalistas, por fortuna, se oponen a esta idea, argumentando que “la independencia del Juez instructor es una garantía que sobresale frente a la naturaleza jerárquica del Ministerio Fiscal y su vinculación con el Gobierno” (Julio Banacloche Palao y Jesús Zarzalejos Nieto, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal, La Ley, 2010).

  En efecto, el Ministerio Fiscal no es independiente, sino que está sometido a los principios de jerarquía y unidad de actuación (art. 124.2 de la Constitución). Es un cuerpo jerarquizado, en cuya cúspide se halla el Fiscal General del Estado, que es “nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial” (art. 124.4 CE). Huelga poner ejemplos de la poco brillante trayectoria del Ministerio Fiscal cuando la política se ha entrometido en importantes procesos penales. Quien desee ilustrarse, no tiene más que revisar la biografía y milagros de Eligio Hernández (cuyo nombramiento, dicho sea de paso, fue ilegal: mal empezó). El Ministerio Fiscal actúa al dictado y según la conveniencia del Gobierno de turno. Es más, incluso cambia de criterio sobre la marcha, en procesos ya iniciados, cuando así lo ordena el Gobierno. El Fiscal General del Estado sabe cómo complacer a sus superiores. De ahí la necesidad, también, de que no se recorten las facultades de la acusación popular, ya que gracias a ella muchos crímenes perpetrados desde el poder no han quedado impunes en España.

  Así las cosas, es una burla que Caamaño haya presentado esta reforma como una manera de defender mejor los derechos y garantías de los ciudadanos. El Ministerio Fiscal debe existir y cumplir su papel, que se desarrolla fundamentalmente durante el juicio oral, sosteniendo la acción penal en la mayoría de ocasiones. Que se ocupe de la investigación presenta una serie de riesgos que no pueden obviarse.

  Se pretenden salvar las dudas sobre la constitucionalidad de esta medida a través de la introducción del llamado juez de garantías, al que se le asignaría el cometido de salvaguardar los derechos fundamentales. Éste es un engaño de corto recorrido. ¿De verdad es creíble que un sujeto prácticamente ajeno al proceso vaya a denegar algo de lo que le solicite el fiscal, que es el que estará enterado de todo y el que llevará la iniciativa? Si, a la vez, recortan la acción popular, al final en muchos casos sólo va a poder investigar y acusar el fiscal (cuando no haya acusación particular), y puedo imaginar la impunidad que se extenderá sobre todo aquello que sea incómodo para el Gobierno. O peor aún, la manipulación descarada del proceso penal para hundir al adversario político.

  Dos fiscales han defendido ante mí el modelo en ciernes. El primero recurría al argumento de que el Ministerio Fiscal sólo está sometido a jerarquía internamente, pero tiene una autonomía respecto del Gobierno. Tal sandez, desmentida por los hechos de forma incontestable, no merece más comentario. El otro aportaba una razón más grosera. Decía que, dado que en los países de nuestro entorno es el fiscal el responsable de la instrucción, no podía España ser la excepción. Éste es un argumento falaz. En esos países el Ministerio Fiscal es bien distinto, así como la configuración del proceso en este sentido. El paquete entero, que no es el que vende el Ministerio de Justicia, es el de inexistencia de la acusación particular, principio de oportunidad (sólo se persiguen los delitos que vea oportuno el fiscal) y, como es lógico, independencia o, cuando menos, responsabilidad popular del Ministerio Fiscal (como en Estados Unidos, donde el ofendido o perjudicado no es parte activa del proceso, pero el fiscal es elegido por el pueblo).

  Ya se han analizado las enormes desventajas y peligros que conlleva una instrucción a cargo del fiscal. En general, disminuirían las garantías del proceso penal y se incrementarían las posibilidades del Gobierno para influir en él cuando lo viese interesante. Pero hay un último inconveniente, de índole no jurídica, que termina de poner de relieve el irresponsable proceder del Gobierno socialista. A nadie se le escapa que un cambio así es de una magnitud notable. Pues bien, sin haber salido de la crisis y con la consigna ya más que cacareada de gastar menos, el Gobierno se lanza por una pendiente que obligaría a aumentar sobremanera la plantilla de fiscales y activar costosos medios materiales. El caos se apoderaría del sistema en el peor momento posible. Constitucionalmente, la reforma es una afrenta a la libertad, la separación de poderes y los límites al poder. Desde el punto de vista económico, no es viable.

  El Ministerio de Justicia, si quiere implementar un cambio tan serio y trascendente, un cambio que modifica las bases del sistema, debería realizar una revisión mucho más profunda, con variaciones como las arriba indicadas. Como es poco probable que vaya a ser así (la reforma de la LECrim es un totum revolutum de escasa calidad), no puedo por menos que llamar la atención sobre su inconveniencia.

  Albergo la esperanza de que la reforma nunca llegue a ser aprobada. Si hay elecciones en otoño, no habrá tiempo. Y en caso de que se celebren en 2012, difícilmente podrá ser tramitada en los meses anteriores a la disolución de las Cortes, debido al predominio absoluto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

NOTA: Este espacio permanecerá cerrado por vacaciones hasta el día 14 de agosto.

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  Los socialistas, desde que su tinglado ideológico empezó a venirse abajo y afloró la incapacidad de los miembros del Gobierno para combatir la crisis, han insistido en que el PP no ha colaborado con el Gobierno y no ha presentado propuesta alguna. Es llamativa, por lo pronto, la elevada responsabilidad que atribuyen los socialistas a la oposición. Para ellos, es casi como un ente colaborador del Gobierno… cuando a éste le conviene. El Gobierno toma las decisiones unilateralmente y la oposición asume la responsabilidad por las mismas.

  Además, es radicalmente falso que el PP no haya aportado ideas. Mariano Rajoy, no lo niego, comunica cada vez peor y se ha cerrado mucho al exterior. Prefiere los actos a puerta cerrada con militantes y su manía de dar ruedas de prensa sin admitir preguntas de los periodistas ha llegado a ser escandalosa. Un líder político que aspira a presidir su país debería tener el coraje de responder a cuantas preguntas incómodas le planteen. Con todo, sería absurdo –y poco realista– que se dedicara a exponer al detalle lo que haría en caso de gobernar. El principal partido de la oposición ha de tener respuestas generales para los problemas más apremiantes y un programa con los compromisos que previsiblemente podrá realizar. El desarrollo vendrá después, cuando gobierne, y tendrá que ajustarse a unas circunstancias siempre cambiantes. Cosa distinta es, empero, que Rajoy confunda el tener posiciones sólidas y claras con discursos llenos de vaguedades y enumeraciones.

  En el ámbito parlamentario, el Gobierno, que tanto solicita el auxilio de la oposición, ha despreciado sin muchas consideraciones sus iniciativas. Es lo que aconteció en relación con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Valiéndose de una discutible facultad de veto de enmiendas que representen alteraciones en el Presupuesto, el Gobierno impidió que se discutiesen hasta veintidós proposiciones de ley emanadas de distintos grupos parlamentarios.

  Este expediente de la disconformidad del Gobierno aparece en la Constitución (apartados 5 y 6 del artículo 134), pero su supuesto de hecho es el de un Presupuesto en ejecución. Por tanto, extenderlo al mismo debate de la Ley de Presupuestos es un abuso que merma el protagonismo del Parlamento en su “examen, enmienda y aprobación” (art. 134.1), según la mejor doctrina (véanse, por poner un ejemplo especialmente cualificado, los trabajos de Martínez Lago al respecto). Los Reglamentos de las Cámaras son los que recogen la extensión de la facultad de veto a la tramitación de la Ley de Presupuestos en unas previsiones de dudosa constitucionalidad.

  En fin, es un ejemplo más de esa democracia avanzada que vendía Zapatero y de la que sólo ha quedado Rubalcaba con sus primarias de uno solo.

  Descartada la mentira socialista más recurrente sobre el PP, hay algo que sí va a entorpecer y erosionar a Rajoy. Me refiero, naturalmente, a Camps, que será enjuiciado por el delito de cohecho impropio. El beato Camps ya tendría que haber dimitido hace tiempo, y no es que no respete su presunción de inocencia: el problema mayor ha sido su reacción al proceso abierto, pues aseguró que él se pagó los trajes, versión que ha ido variando hasta la actual, en la que no los pagó. Tan burda mentira no puede quedar impune, así como tampoco es de recibo la estrafalaria defensa que ha ido haciendo de sí mismo, con argumentos y salidas de tono completamente disparatadas e impropias de un servidor público responsable.

  Lo que, a mi juicio, deja más expuesto a Rajoy es la escasa pericia con la que ha tratado el caso, que ha acabado estallándole en mala hora. Su falta de autoridad y decisión cuando tiene que abordar temas peliagudos, temas que no pueden ser relegados al cajón del olvido, es preocupante. ¿Hará lo mismo como Presidente? Y lo cierto es que llueve sobre mojado, ya que tampoco supo gestionar la crisis del PP con UPN en 2008 ni la de Álvarez Cascos en Asturias. Las consecuencias de la inactividad, desidia o torpeza de Rajoy en los casos citados están a la vista de todos.

  Suele decirse que Rajoy será mejor Presidente que candidato, aserto que pone el acento en que su nulo carisma será suplido por su experiencia y preparación una vez se siente en la poltrona. Rajoy es un mal candidato. Y empiezo a dudar seriamente que vaya a ser un gran Presidente, al menos a la luz de lo que ha hecho, o dejado de hacer, con Camps.

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  Ya no hay Gobierno socialista. Políticamente, Zapatero está finiquitado y poco o nada va a hacer este Gobierno sin cabeza en los próximos meses. La herencia socialista, después de siete años, aparece tan repleta de deudas que una persona juiciosa sólo la aceptaría a beneficio de inventario. Aparte del salvaje destrozo económico, se han dado pasos irreversibles que han agrietado la cohesión interna y la estructura constitucional de España.

  Es cada vez más impensable que Zapatero decida aguantar hasta 2012. Al desgaste que acumula y los problemas que supondría para su sucesor habría que añadir una muy tortuosa y complicada aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Queda poco que transferir a los nacionalistas para pagar el chantaje habitual, y no parece que prolongar la agonía de un Gobierno a costa de más cesiones a una minoría separatista sea la mejor manera de defender los intereses generales, especialmente si los PGE van a estar tan alejados de la realidad como los anteriores.

  No es faltar a la verdad señalar que la excusa de Zapatero de que no adelanta las elecciones para culminar una serie de importantes reformas cae por el propio peso de sus mentiras, incapacidad y desidia. No se está haciendo nada serio desde hace mucho. Por consiguiente, lo aconsejable es convocar elecciones para el otoño a fin de que haya cuanto antes un Gobierno más estable, con credibilidad y que deje de perder un tiempo precioso.

  La buena noticia es que no habrá que sufrir mucho más la acreditada incompetencia del Gobierno. La mala es que la acción gubernamental va a ser sustituida por la propaganda socialista destinada a encumbrar a Rubalcaba como el estadista que no es. ¿Cómo tiene el descaro de presentarse como un salvador y renovador si lleva años en el Gobierno? Y en ese período ha ocupado puestos de mucha relevancia y nunca ha mostrado una actitud crítica con la política que tan nefastos resultados ha dado.

  Y llegó el día del gran discurso. El “proyecto de país” al que aludía Zapatero días atrás no es sino un conjunto bien empaquetado de baratijas pobremente enunciado por Rubalcaba en un discurso malo, cutre y pronunciado sin emoción alguna, como corresponde a un orador limitado y tedioso hasta la náusea. Ahora bien, hay que alabar el esfuerzo que se ha tomado en conciliar guiños a los indignados con una suerte de conversión al capitalismo y al liberalismo clásico, pues invocó la economía competitiva y la igualdad de oportunidades –no confundir con la igualdad por decreto–. Luego dirán que vuelve la socialdemocracia.

  Rubalcaba carece de ideología y de un pensamiento político consistente, tal y como reconoció incluso su portavoz oficioso, El País, y no creo que de su candidatura salgan más que soluciones oportunistas y ataques al adversario. Como es natural, Rubalcaba puede inventarse los tributos que quiera, perseguir a los banqueros, devolver a la vida plena el Impuesto sobre el Patrimonio, pero, sobre una economía tan deprimida como la española, dudo que estas propuestas surtiesen un efecto saludable en el caso de ser implantadas.

  Conviene recordar, para evitar malentedidos, que el que capó el Impuesto sobre el Patrimonio (no está suprimido) fue Zapatero, no una panda de siniestros liberales y banqueros comandada por Aznar.

  A la luz de las soluciones que relucen en su discurso, esta versión de Rubalcaba guarda no pocas semejanzas con los peores arbitristas de los siglos XVI y XVII, señores que elevaban demenciales informes al Rey planteando medios de recaudar fondos que sanearan la maltrecha hacienda de la monarquía española. Se describe en El coloquio de los perros (1613), de Miguel de Cervantes, a uno que había concebido un ayuno al mes, “a pan y agua”, para que el dinero que se ahorrase en alimentos fuese entregado a Su Majestad, con la aclaración de que “antes será provecho que daño a los ayunantes, porque con el ayuno agradarían al cielo y servirían a su rey”.

  Afortundamente, dadas sus malas perspectivas electorales, Rubalcaba se quedará en eso, en un orate más. Acierta Casimiro García Abadillo al afirmar que Rubalcaba no aspira a gobernar con el programa presentado el sábado, sino a obtener un resultado digno.

  Y en la siguiente entrega hablaré de la oposición.

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  Es altamente improbable que el PSOE se recupere y gane las elecciones generales, sean en otoño o en marzo de 2012. Sin ninguna duda, las trampas y argucias que Rubalcaba desplegará pondrán a prueba a Mariano Rajoy y los suyos, pero el resultado final parece claro y el PSOE actual es un producto caduco y acabado. Lo que sí hay que temer es el escenario inmediatamente posterior a las elecciones, cuando Rajoy tendrá que lucirse. Porque podría formarse una alianza entre lo que quede del socialismo y la Santa Indignación (Monsieur de Sans-Foy) que haga imposible la revisión profunda que necesita la economía española. Y alarma aún más que la demagogia y las delirantes propuestas de los indignados calen en la sociedad y la vuelvan más idiota de lo que ya es.

  No es que la imagen de los bancos como representación de la perfidia y la avaricia sea algo novedoso (nada en el ideario de los inginados lo es), pero ha tomado fuerza con la crisis financiera. De ahí los vergonzantes guiños de Rubalcaba a ese colectivo indiginado que, según el padre Escolar, puede patalear, insultar, apropiarse de espacios públicos, pero no puede ser objeto de crítica; según otros, debe ser una especie de conciencia –ignorante y cargante– de la política, por lo que no hace falta que sus ideas sean rigurosas. En conclusión, no hay problema en que digan barbaridades, las cuales, además, no pueden ser desmontadas.

  Es muy barato y muy sucio echar la culpa a los bancos de los apuros que están pasando particulares que solicitaron créditos o préstamos y que, a la postre, no han podido devolver, sufriendo las consecuencias. No hay para nadie obligación alguna de acudir al sistema financiero o de endeudarse. Es algo absolutamente voluntario. Una entidad financiera es tan sólo un intermediario que pone en contacto a los que depositan en ella sus ahorros con los que buscan financiación. En los años de expansión, no era indispensable comprar una segunda vivienda, un coche nuevo o una casa ideal. Mucha gente vivió por encima de sus posibilidades y lo ha acabado pagando. Que sea dramático no implica que haya que impedir que los bancos exijan que se cumpla un contrato voluntariamente celebrado.

  Los particulares solicitaron créditos; los bancos los concedieron, asumiendo a veces riesgos muy elevados. Indudablemente, hubo cierta irresponsabilidad por su parte. Pero no se puede decir que hayan salido ganando a pesar de todo: tienen sus propios problemas. Los activos bancarios han perdido valor. Es el caso de ese inmenso stock de viviendas vacías cuyo valor ha caído, una bomba latente, ya que son pérdidas que aún no se han reconocido porque supondrían la quiebra de muchas entidades, al dejar en negativo su patrimonio. En cualquier caso, los bancos, en España, fueron más previsores que las cajas de ahorro (conviene recordar su sometimiento a un control eminentemente político), cuyas dificultades son mucho mayores.

  Asimismo, cabe decir que, si los bancos hubiesen puesto más trabas y exigencias a la concesión de créditos en los tiempos de bonanza, se les habría acusado de racanear y de atender sólo a los ricos. Al final, los que odian a los bancos siempre encontrarán un pretexto para el ataque.

  Contra el relato que se está intentando distribuir, no tiene sentido presentar a los bancos como los que idearon un plan consistente en conceder muchos préstamos hipotecarios, a despecho de las posibles consecuencias, para finalmente dejar en la calle a los que no han podido pagarlos. Mal negocio es ése. Sobre todo, porque es sumamente difícil para el banco recuperarlo todo. Y no cabe aducir engaño. Quien contrata con un banco ha de informarse sobre las condiciones y estudiar las distintas posibilidades que se le ofrecen.

  Antes de la crisis, hubo excesivo endeudamiento porque las condiciones lo favorecían. La imprevisión se acabó imponiendo. Los bancos daban facilidades. Y los particulares, incentivados por unos tipos de interés muy bajos, se hipotecaron, sin pensar en que las cuotas que tendrían que ir pagando eran demasiado altas para sus rentas.

  El Estado, en su calidad de supervisor del sistema, tiene su parte de culpa. El Banco de España y el Banco Central Europeo no cumplieron bien sus funciones. He ahí instituciones con una enorme influencia no eliminadas por ese neoliberalismo del que hablan algunos ignorantes o manipuladores.

  Ex post facto, es fácil abominar del sistema financiero y del libre mercado a la par que reclamar lo que reclama la Santa Indignación, o sea, impuestos sobre la banca, dación en pago, más intervención del sector público… Medidas, en suma, que entorpecerían el sistema y que harían todavía más difícil o gravosa la concesión de créditos. Anteriormente, se actuó de acuerdo con las circunstancias del ciclo. Es lo natural. Ahora hay que aprender de los errores del pasado.

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