Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 29 enero 2012

  Está claro que, allí donde recala, Gallardón no pasa desapercibido: nunca dejará de portar bajo el brazo una inmensa ambición y proyectos colosales. Si en el pasado fue transformar Madrid de arriba abajo, hoy se trata de arreglar la Justicia española a través de una importante reforma presentada esta semana en el Congreso de los Diputados. Asunto soslayado en la campaña electoral, su regreso a la actualidad es, ante todo, una excelente noticia. Puede que sea reticente a muchas de las ideas de Gallardón, pero la sacudida, con el debate y la atención que generará, será vivificante para una Justicia en apuros.

  La reforma clave para la regeneración de la Justicia es la del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ya no serán exclusivamente elegidos por el Parlamento, recuperándose, pues, el sistema de elección original, el más acorde con lo que dicta la Constitución en su artículo 122.3.

  Tiene razón Andrés de la Oliva, prestigioso jurista, cuando avisa que, a pesar de que apoye el cambio, no cree que “se vaya a transfigurar de inmediato nuestra maltrecha Justicia en una Justicia resplandeciente”. Lo cual no obsta a que haya que aplaudir la iniciativa de Gallardón.

  A la independencia del Poder Judicial los detractores de este cambio anteponen una suerte de control democrático. Concepto el antedicho de nuevo cuño en el caso del PSOE, toda vez que su excusa original para que jueces y magistrados no eligieran a los miembros de su propio órgano de gobierno fue que eran demasiado conservadores. Una coartada inválida entonces y aún más en la actualidad.

  En mi opinión, la del control democrático es una defectuosa pantalla para ocultar la verdadera realidad del CGPJ, esto es, la de un órgano que, en lugar de servir a la independencia judicial, sirve a los partidos políticos. Nunca ha existido ese control y nunca ha sido tal la intención detrás de la elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ desde 1985. El sistema de cuotas prevenido por el Tribunal Constitucional es hoy una realidad indiscutible. El CGPJ es un Parlamento judicial en miniatura, con sus vocales conservadores y progresistas. Obviamente no siempre actúa de forma partidista, sólo cuando así lo requieren los partidos. Y no es algo baladí. El CGPJ es competente en materia de régimen disciplinario y de ascensos y destinos. Es natural que los políticos no quieran renunciar a esta arma. Por eso alabo la valentía de Gallardón.

  Aun así, alguien podrá sostener que no es buena una separación de poderes tan radical. Ése es un problema inventado. Los jueces están sometidos al principio de legalidad, deben limitarse a resolver sobre la aplicación de las leyes, expresión de la voluntad general, a casos concretos. Así ha de ser la conexión del Poder Judicial con la soberanía nacional. No hace falta que el Parlamento, que seguirá eligiendo a ocho de los veinte vocales, llegue tan lejos en sus relaciones con la Justicia.

  Es probable que una mayoría de jueces y magistrados sea de talante conservador, lo que no es extraño en una profesión de esas características. No me preocupa en absoluto. Tengo escrito –y lo reitero– que los jueces, “en su mayoría, son profesionales del Derecho competentes y preparados que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado con independencia”. Son capaces de abstraerse de su pensamiento político cuando ejercen funciones jurisdiccionales. Conviene subrayar que la manipulación partidista del CGPJ ha tenido efectos en las más altas esferas judiciales, no en la base. En cualquier caso, habrá que calibrar el peso de las asociaciones profesionales en la elección de los doce vocales de extracción judicial a fin de que no se sepulten las posibilidades de candidaturas independientes.

  El resumen de lo anterior es que nadie debe dejar que le engañen. El PSOE, IU y PNV no rechazan el cambio en el CGPJ en aras de la soberanía nacional y la democracia, sino por mantener en él cuotas de poder e influencia, que siempre y sin excepción han utilizado con fines partidistas.

  La reforma de Gallardón es, evidentemente, de mayor alcance. Se han anunciado tantas modificaciones legislativas que han despertado el espíritu desconfiado de De la Oliva, quien ha escrito: “Cuando los políticos no saben qué hacer, hacen leyes, en especial a falta de millones para hacer algo visible y tangible”.

  De momento, parece que no peligra la figura del juez de instrucción, si bien Gallardón ha dicho que potenciará las facultades de investigación del fiscal y no se abandona la nefasta idea del “juez de garantías” en una instrucción controlada por el fiscal cuando se adecuen las plantillas. Sigo pensando que entregar la instrucción a los fiscales sería un craso error.

  Otro tema que suscitará controversia es el de la cadena perpetua, llamada ahora “prisión permanente revisable”. Más que hablar sobre esta pena en sí, es pertinente cierta reflexión nacida de la cautela. Se han encadenado varios casos notorios en España que, por culpa de los juicios paralelos difundidos desde los medios de comunicación, han escandalizado a la opinión pública, que parece demandar penas más duras. Hay que ser prudente con tales exigencias. El Código Penal es ya bastante riguroso. Muchas veces, la laxitud no proviene de las leyes penales, sino de la ejecución de la condena y de un régimen penitenciario muy garantista.

  Es mucho lo que hay que concretar y ya se irá descubriendo en los próximos meses, por lo que me reservo un análisis más completo de esta amplia reforma. La Justicia se adentra en mareas misteriosas. De la pericia de quien se ha atribuido la misión de salvarla dependerá en gran medida que llegue a buen puerto después de años de decadencia.

Read Full Post »

  Las primarias republicanas se están complicando y, en verdad, poco o nada bueno está saliendo de ellas por ahora. Cada uno de los candidatos reúne características que pueden resultar de interés individualmente consideradas para, cuando se analiza el conjunto, fracasar notablemente. Por ejemplo, Herman Cain era hasta cierto punto atractivo gracias a su perfil de político no profesional y a su activismo en los años noventa en la oposición a los planes sanitarios de Bill Clinton. Después, sus ideas descabelladas, su extravagancia y sus escarceos amorosos arruinaron su candidatura.

  La designación en estos momentos podría recaer en tres nombres. Mitt Romney es aún el favorito, pero Rick Santorum y, en mayor medida, Newt Gingrich son huesos duros de roer. ¿A quién elegiría si pudiese votar?

  Destaco, en primer lugar, lo bueno del señor Gingrich, esto es, una imponente trayectoria en la Cámara de Representantes, muchos libros a sus espaldas y su formación como historiador. Sinceramente, tendría mucho gusto en leer su tesis doctoral, que versó sobre la política educativa en el Congo belga entre 1945 y 1960 (año de la independencia). El problema es que una vida política tan dilatada, no exenta de cambios de opinión y escándalos, puede proporcionar munición a los demócratas. Y, por supuesto, la infidelidad a una de sus esposas juega en su contra. No conozco a fondo sus ideas, pero sus discursos –ricos, sólidos y rebosantes de cultura– me inquietan puntualmente. En el terreno de la imagen, le encuentro demasiado estrafalario y desagradable a la vista.

  No obstante, en un jugoso artículo Alfredo se decanta por Gingrich: debido a que se ubica en la tradición de Alexander Hamilton y Teddy Roosevelt, reconoce que es “el que más se acerca a mi cosmovisión”. Mas, a renglón seguido, señala sus limitaciones y fallos. Sospecho que el candidato ideal de Alfredo dista mucho de un político que ataca a Romney por sus ganancias y su pasado como empresario, aunque para él sea el menos malo.

  Rick Santorum es, sin duda, un hombre de convicción. Admiro a los que, como él, presentan batalla en tantos frentes y acaban enzarzados en diversas polémicas en las que participan sin descanso haciendo valer sus ideas y creencias. Le descarto como candidato fiable porque, de entrada, los católicos en Estados Unidos son muy especiales; y, en segundo término, por su enmienda a la Ley No Child Left Behind en virtud de la cual debía enseñarse en la escuela pública el diseño inteligente (creacionismo) como alternativa a la teoría de la evolución.

  Obiter dictum, la suma de Gingrich y Santorum es Greg Stillson, el malo de La zona muerta (1985), de Stephen King.

  Resta Mitt Romney, del que los republicanos parecen recelar. No quieren que obtenga una victoria rápida y clara en las primarias. No es tan conservador como quieren los más conservadores, pero dudo de la utilidad de una deriva extremista. Romney aparenta ser más moderado y sensato que sus rivales, lo que no implica que no vaya a ser capaz de adoptar decisiones comprometidas en caso de llegar a la Casa Blanca. Estados Unidos necesita ante todo ese liderazgo y nuevas ideas. El pedigrí conservador es secundario. Ronald Reagan no era, que yo sepa, el más ortodoxo del GOP.

  En el fondo, es una pérdida de tiempo ponerse a discutir sobre quién es el conservador más puro (y duro). Todos los candidatos republicanos, menos Ron Paul, que pertenece a otra dimensión, comparten los mismos principios fundamentales, con algunas variaciones. Todos ellos abogan por un Gobierno limitado, más libertad económica, una posición fuerte de Estados Unidos en el exterior, la importancia de los valores americanos tradicionales, etcétera.

  Apartándome de la neutralidad de José Blanco, que declinó influir en las primarias demócratas de 2008, votaría a Mitt Romney.

  De un lado, tiene el currículum suficiente como para aspirar a presidir los Estados Unidos. Hombre de negocios de éxito y antiguo gobernador de Massachussetts, conoce los resortes de la economía que asentarían por fin la recuperación y desarrollaría una política exterior mucho más firme y coherente que la de Obama, sobre todo en lo que atañe a Irán.

  De otro, hay que pensar en la campaña contra Obama. Digan lo que digan las encuestas, es improbable una victoria fácil. Es el Presidente y tiene muchos partidarios influyentes. El único que podría igualar a Obama en recaudación de fondos para la campaña es Romney. En 2008 ésa fue una importante diferencia entre McCain y Obama. El primero no podía competir con los infinitos anuncios y fuegos artificiales que lanzaba el segundo.

  Por lo que se refiere a los debates y a la imagen pública, Romney no está destacando mucho en sus intervenciones. Ahí es superado por Gingrich. Ahora bien, a Gingrich los progresistas le podrían tachar fácilmente de ogro conservador, infiel, radical… No es que me importen mucho esos epítetos, pero en una elección se trata de no asustar a los votantes y recabar la confianza de la mayoría. Romney presenta más aptitudes para esa tarea, sin que sea necesario agradar a todo el mundo o renunciar a sus principios.

  Believe in America!

Read Full Post »

  El año 2012 está marcado por tres aniversarios que no he de pasar por alto. Uno de ellos es el del hundimiento del Titanic, acontecido el 15 de abril de 1912. Esa historia siempre ha causado mi fascinación, no me cansaré nunca de repasar sus infinitos detalles y vericuetos. Hay programados distintos homenajes, documentales y exposiciones, así como el estreno en 3-D de la película homónima de James Cameron (1997). Sus detractores ya están augurando un fracaso y criticando su codicia, pero se equivocan. ¿Por qué no se puede estrenar de nuevo, en una versión mejorada, una película? Es la misma objeción que se dirigió contra George Lucas por sus ediciones especiales de la saga Star Wars. Él y Cameron tienen derecho a mejorar su producto.

  Otro hecho de 1912, más desconocido, fue el asesinato de José Canalejas, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, el 12 de noviembre. La desaparición de este inteligente y virtuoso político liberal puso fin a un importante programa regeneracionista. De haberse llevado a cabo sus reformas, puede que el régimen Restauración hubiese tomado un rumbo distinto y, en consecuencia, sobrevivido, evitando a los españoles repúblicas y dictaduras que hoy siguen dando guerra. Los anarquistas, una vez más, truncaron la trayectoria del proyecto del que Cánovas fue artífice. Lamentablemente, no creo que a este estadista de principios del siglo XX se le dedique mucha atención en el aniversario de su muerte fuera de los círculos académicos.

  El tercer aniversario, bicentenario en este caso, es el de la Constitución española de 1812, promulgada por las Cortes generales y extraordinarias reunidas en Cádiz el día 19 de marzo de ese año. Este texto constitucional inaugura la era liberal y el constitucionalismo en España, aunque el proceso fuese inicialmente abortado por el retorno del absolutismo. Adelantándome a los muchos actos, estudios y discursos que tendrán lugar con motivo de la efeméride, presento a continuación un somero análisis de la Constitución de Cádiz.

  Constitución extensa y prolija en explicaciones, plagada de buenas intenciones y elevados objetivos, quizá pecó de un exceso de ambición. Respondiendo al objeto de “promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación”, las Cortes decretaban una Constitución que en su artículo 6 imponía a los españoles la candorosa obligación de ser “justos y benéficos”, precedida por una más solemne, la del “amor a la patria”.

  Por primera vez, se produce el reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo, no en la persona del rey. Como expresión de tal soberanía, la Constitución fue aprobada por representantes de todos los territorios españoles. Así, la nación española “es libre e independiente” (art. 3) y la soberanía “reside esencialmente en la nación” (art. 4). Y dicha nación, según el artículo 5, debe “conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”.

  Es verdad que fue un texto muy avanzado para su época. Introducía el sufragio universal masculino en la elección de los diputados, ciertos derechos y libertades (no hay un catálogo ordenado), una división de poderes más o menos efectiva… En suma, los mimbres de un Estado de Derecho que regiría para los ciudadanos españoles “de ambos hemisferios” (art. 1).

  Al Gobierno se le encomienda perseguir la “felicidad de la Nación” (art. 15). Con relación a este punto, me conformaría con que no persiguiera su ruina, aunque sea involuntariamente, como ha sucedido hasta hace bien poco.

  En la esfera de las finanzas públicas, se consagran ya principios de justicia tributaria, como los de generalidad, igualdad y proporcionalidad, pues todo español, “sin distinción alguna”, está obligado a “contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado” (art. 8). El Título VI (arts. 338 a 355) regula estas contribuciones y, para no desatender la vertiente del gasto, la formación y aprobación de los presupuestos y el establecimiento de un sistema de control de la ejecución de los mismos y del manejo de la Hacienda Pública.

  Recogiendo una preocupación no privativa de la actualidad (y eso que no existían aún las agencias de calificación crediticia), es de notar lo que se ordena sobre la Deuda pública (recibe ese nombre, mucho mejor que el de deuda soberana, ahora de moda). De acuerdo con el artículo 355, la Deuda pública será “una de las primeras atenciones de las Cortes”, que deberán poner “el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue […]”.

  A modo de corolario, citaré a Jorge de Esteban, quien señala que “la norma gaditana supuso la condición principal para el nacimiento del liberalismo español y, en algunos casos, europeo”. Sus indudables méritos aumentan al conocerse las circunstancias en que fue dada a luz, en plena guerra contra el invasor francés, que bombardeó Cádiz mientras estaba siendo redactada.

  La Constitución de Cádiz sufrió una vigencia irregular: de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 (durante el llamado Trienio Liberal) y de 1836 a 1837. Seis escasos años en los que apenas gozó de desarrollo o aplicación práctica. Sin embargo, su influencia se prolongó a lo largo del siglo XIX. En ella aparecían ya los principales caballos de batalla de moderados y progresistas y sirvió de base a otros muchos textos constitucionales, no sólo españoles.

  Gran parte de su contenido es mejorable y, personalmente, me quedo con la Constitución de 1876, más flexible y pragmática. Pero defiendo su trascendencia. Los españoles, en demasiadas ocasiones, menospreciamos nuestro patrimonio y nuestros logros. Preferimos alimentar leyendas negras antes que honrar los momentos estelares de nuestra Historia. La Constitución de 1812 debiera ser un rayo de luz en esa oscuridad con que muchos embadurnan toda la Historia española. Celebremos su bicentenario con orgullo a fin de desterrar esos fantasmas.

Read Full Post »

  En la campaña para las elecciones generales, el hoy ministro de Hacienda Cristóbal Montoro razonaba que una subida de los grandes impuestos, como el IVA o el IRPF, “traería menos crecimiento y más paro”. El propio Mariano Rajoy, como líder de la oposición, escribió mucho antes un artículo en El Mundo condenando la subida del IRPF y el IVA anunciada en plena crisis por el Gobierno socialista. En ese intachable texto tachaba con ironía de “genialidad” la decisión, señalando lo falaz de la coartada social esgrimida por el Gobierno (es justo que los ricos paguen más) “porque el grueso de esta subida va a recaer sobre las clases medias de nuestro país”. En contraposición, argumentaba que no hay que “pedir más a los ciudadanos, sino administrar mejor”, eliminando gasto público. Y concluía asegurando que subir los impuestos, lejos de atajar el déficit, “tan sólo es el anuncio de más paro y más recesión”.

  Pues bien, ha llegado la hora de la verdad y todas estas palabras y reflexiones, a mi entender correctas, han sido pasto del olvido. El nuevo Gobierno ha optado por incrementar el IRPF y el IBI. Aunque la subida en el caso del IRPF la disfrace Soraya de “recargo temporal de solidaridad” (en las rentas del trabajo y del capital), hay que dejar claro que los contribuyentes ya están muy recargados y que todas esas llamadas a la equidad y la solidaridad ya cansan, pura y simplemente.

  La confianza en Rajoy se ha debilitado en muchos votantes del PP –los que conserven un juicio crítico e independiente– antes de lo previsto. Que abdique tan fácilmente no ya de un compromiso electoral, sino de las tesis liberales que en teoría asume, es una mala señal. Quizá de estos tipos superiores resulte una recaudación superior (seguramente inferior a la esperada), pero será a costa de desincentivar la inversión, gravar aún más a la clase media y desanimar a los emprendedores. Un precio alto para un resultado presumiblemente pobre.

  La excusa de que el déficit público ha sido mayor de lo que creían no se puede dar por buena. Tal circunstancia ya era conocida y adelantada por los expertos, y, honestamente, cualquier ciudadano medianamente lúcido sabía que los socialistas, empezando por la incompetente Salgado, estaban mintiendo sobre el déficit. Dos puntos de diferencia son mucho, sin duda. A pesar de todo, más impuestos no resolverán gran cosa ni ayudarán a que se cree empleo. Lo que justifica ese déficit es una disminución más fuerte del gasto público, algo que no se ha producido. En el artículo citado, Rajoy manejaba como cifra posible de déficit público un 10%, siendo el actual un 8%. Si la postura contraria a subir impuestos de Rajoy valía con un déficit del 10%, ¿por qué ha traicionado ahora esas promesas e ideas con uno del 8%? No obstante, hay que añadir como atenuantes que las exigencias de la Unión Europea son más imperiosas y que la situación de la Deuda pública es hoy día peor, o más delicada, que en 2009 o principios de 2010.

  Rechazo las ideologías y su alejamiento de la realidad: no quiero entender el liberalismo económico como un dogma del que uno no pueda separarse. Subir impuestos o crear nuevos puede ser necesario según las circunstancias. En este caso, en cambio, no es lo razonable o lo eficaz, y además es que ya se hizo en el pasado, sin demasiado éxito. El bolsillo del contribuyente está ya muy maltrecho. No se entiende, por consiguiente, una enmienda tan inmediata y sangrante al programa electoral del PP. A lo sumo, lo utilizarán como parapeto para futuros recortes de calado. Nadie podrá decir que el nuevo Gobierno sólo se ha preocupado del gasto.

  El efecto más benéfico de esta medida ya se ha materializado. Me refiero al travestismo indecoroso de socialistas y comunistas, que presentaron en campaña el aumento de los ingresos a través de más impuestos como única solución a la crisis y, cuando Rajoy ha aplicado esa idea, se han opuesto. Es benéfico en el sentido de que son tan fiables sus opiniones como las del PP.

  Decepciona también el nuevo Gobierno con su plan de lucha contra el fraude fiscal. La prohibición de pagos en efectivo por encima de los mil euros es una intervención estatal en la libertad que no habría por qué tolerar. Los técnicos de Hacienda lo han celebrado por todo lo alto, como siempre que se les otorga más poder sobre los contribuyentes. Proclaman que gracias a ello se recaudarán unas cifras astronómicas. Cifras que no son en absoluto seguras y que, en cualquier caso, no legitiman la intromisión en la elección de los medios de pago.

  Habiéndose reunido apenas tres veces el Consejo de Ministros, quizá sea demasiado pronto para cargar contra el Gobierno de Rajoy y retirarle el saludo. Las decisiones encaminadas a reducir el gasto (congelación del salario de los funcionarios o de la oferta pública de empleo, o la poda en la Administración) sí merecen aplauso, y fomentarán una economía más libre y despejada. Aun así, creo que lo más drástico del ajuste se está retrasando con el pensamiento puesto en las elecciones andaluzas. Someter al cálculo electoral el interés general de España, que demanda actuar con prontitud, sería un error imperdonable.

  El discurso de investidura puso el listón alto, pero su fuerza creativa no ha sido corroborada con los hechos. Hay que dar tiempo al nuevo Gobierno. A fin de que todo sea aclarado, no puede faltar una comparecencia pública de Rajoy explicando a fondo sus planes. No sería bueno que cundiese la imagen de un Presidente que se esconde, que no da la cara. Por ello, recomiendo a Rajoy que vaya a ver The Iron Lady (2012) para recibir una lección de coraje, firmeza y defensa de las convicciones propias, especialmente cuando son impopulares.

Read Full Post »