Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 29 julio 2012

  Obligada por un volumen de deuda insostenible y el cierre del grifo de la financiación, Cataluña va a pedir un rescate al Estado, al igual que otras Comunidades Autónomas. En general, cuando uno pide algo de esta magnitud trata de adoptar un aire humilde, y si se trata de un préstamo debe dar muestras de que será capaz de devolverlo. Sin embargo, en este caso no es así. La Generalidad todavía se permite el lujo de solicitar la asistencia del Estado con la arrogancia de exigir, a la vez, un pacto fiscal que no es más que otro problema inventado por los nacionalistas.

  Como ya avisé en el pasado, el pacto fiscal es una cura milagrosa prometida por los nacionalistas a su audiencia más alienada, ya que, si Cataluña tiene problemas, es sólo a causa de las estrecheces que les impone el Estado. Nunca abandonan sus viejos éxitos, entre los que se incluye el hecho de que ellos, los nacionalistas, no son responsables de nada. Lo ha refrendado Artur Mas con claridad: “El pacto fiscal es la respuesta a casi todas las necesidades”.

  Debe de referirse a las necesidades de opacidad de su partido, CiU, a fin de continuar con sus ya habituales corruptelas. En palabras de Albert Rivera, “es curioso que el mismo que quiere tener una Hacienda propia para que no le investigue nadie y la controle CiU es el investigado por Hacienda”. Qué suculentos negocios podría emprender Oriol Pujol sin esas pesquisas de los entrometidos de la Agencia Tributaria. Tantas molestias, naturalmente, entorpecen el buen hacer de los convergentes. Es la única necesidad a la que puede obedecer el famoso pacto fiscal.

  Aunque separada del régimen general la Generalidad contara con más recursos, la gestión nefasta, el derroche y la corrupción no desaparecerían. Madrid, sin pacto fiscal y con 4000 millones menos en transferencias este año, presenta unas cuentas mucho más saneadas. Por tanto, no todo depende de más autonomía. Es asombroso que este debate, además, se produzca en el marco de un nuevo sistema de financiación aprobado en 2009, en teoría, para satisfacer las exigencias de Cataluña.

  En lugar de adoptar el papel de víctima, la Generalidad debería reconocer que el oasis catalán está estancado y, por ende, urgentemente necesitado de apertura y dinamismo. Una región donde se intenta discriminar por todos los medios posibles a los que hablan en castellano, que se niega a liberalizar horarios comerciales, que no aborda de frente el problema de corrupción y cuyas instituciones afirman alegremente que no van a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, es un sitio no atractivo para invertir. Que se dejen de pactos y se pongan manos a la obra con lo que tienen, que no es poco.

  Otro problema es el de la arrogancia, no sólo en Cataluña. El momento álgido fue cuando pidieron al Ministerio de Hacienda que se relajase el objetivo de déficit después de que la UE concediera un punto adicional al Estado. La respuesta de Montoro fue impecable: “¿Cómo pedís más déficit si no podéis financiar lo que tenéis?”. Es por ello que el Gobierno ha de ser muy exigente con las regiones a las que rescate, pues todas parecen dispuestas a seguir burlando sus compromisos a pesar de su grave situación.

  Cataluña no necesita un pacto fiscal, sino mejores políticos, a poder ser que no traten de engañar a la población con las fantasías nacionalistas. El proyecto de Artur Mas ha fracasado. Y, sin ninguna duda, hay que rechazar ese relato por el que Cataluña va a ser rescatada por el Estado… debido a que el Estado no le concede lo que pide.

NOTA: Este espacio permanecerá cerrado por vacaciones las próximas semanas. Actualizaré el día 19 de agosto. Hasta entonces, queridos lectores.

Read Full Post »

  Andan los ánimos soliviantados en la calle. No hay día sin manifestaciones o protestas, y el Congreso de los Diputados está fortificado para preservar su integridad y la de sus señorías de los manifestantes menos pacíficos. Los Bardem han desempolvado sus pancartas, siete años después, y encabezan a los colectivos afectados por las decisiones del Gobierno. En general, se está extendiendo la idea de que hay que rebelarse en la calle contra los ajustes y recortes.

  No albergo ninguna esperanza en soluciones revolucionarias. Y si además se trata de revoluciones auspiciadas por Cayo Lara o los indignados, creo que se puede adivinar mi entusiasmo por la idea. Algunos inconscientes, no se sabe si medio en serio o medio en broma, están cogiendo el gusto a realizar proclamas inclusive violentas y decir que hay que incendiar Madrid, al igual que sucedió en Atenas. No sólo me refiero a los extremistas inveterados, sino a gente normal que está perdiendo el sentido común.

  Francisco Rubio Llorente expresó a finales de 2011 una crítica sumamente certera contra los indignados: “En el 15-M, dicho con mucha dureza, hay un poco mentalidad de súbdito más que mentalidad de ciudadano. Se protesta contra el poder porque se considera una cosa ajena y eso no es bueno”. En efecto, se comportan como súbditos airados, cuando ya pasó el siglo de las revoluciones; y las más recientes, las socialistas, sólo trajeron pobreza y sufrimiento. El Gobierno actual, lo haga mejor o peor, es fruto de unas elecciones democráticas y actúa en los márgenes del Estado de Derecho. Asimismo, la pertenencia de España a la Unión Europea es completamente voluntaria. En absoluto se está combatiendo a una tiranía.

  Por ello, en mi opinión, es más consistente la mentalidad de ciudadano. Los políticos no son perfectos, pero el conjunto de la ciudadanía tampoco. ¿O es que a Zapatero le eligió Merkel? Claro que existen motivos muy justos para la queja. La semana pasada señalé unos cuantos y no voy a ahondar en ello. El Gobierno, sin duda, debe estar sometido a críticas, exigencias y escrutinio público, y las manifestaciones son legítimas siempre que se respeten los límites a ese derecho. Lo que no encaja en un Estado de Derecho y, por añadidura, en una mentalidad de ciudadano es que se pretenda subvertir el orden desde la calle.

  Me da mucha pena que tantas personas estén cayendo en la trampa de grupos de interés cuya gran aportación al bien común es captar fondos públicos y dedicarse a sus asuntos propios. Tocho y Méndez salen hombro con hombro a protestar no por los trabajadores, sino para mantener el estupendo negocio en que se han convertido sus sindicatos. Y otro tanto cabe decir de otros muchos colectivos.

  El caso de los funcionarios quizá sea más delicado, porque están perdiendo mucho salario a la vez que se les exige trabajar más, lo que obviamente no agrada a nadie. No obstante, debería primar su vocación de servicio público, que es, a fin de cuentas, lo que les diferencia de otros trabajadores; y excluir algunas conductas no ejemplares. No contribuye en nada a la buena imagen del funcionario que los bomberos utilicen un camión del parque en sus protestas o que los nuevos policías aplaudan a los sindicatos que han pinchado las ruedas de los furgones de los antidisturbios. Hay juegos que no se pueden tolerar, ni siquiera en el supuesto de que estén legítimamente enfadados. 

  Ojalá no sucumba opinión pública a los demagógicos cantos de sirena de quienes pretenden que estalle el país. Como sostenía el pintor Oskar Kokoschka, ante ciertos problemas “surgen profetas que tienen prisa en arreglar el mundo, aunque ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos acerca de sus ideas y sus reformas. En lo único que están de acuerdo es en que hay que incendiar la casa […]”. Es primordial la paciencia.

  La única revolución en la que creo es en la revolución desde arriba, la promovida por Antonio Maura en los convulsos albores del siglo XX español. El Gobierno tiene también la responsabilidad de restablecer la confianza entre “gobernantes y gobernados”. A tal fin, “ya no hay más que un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno, porque la temeridad es, no obra de nuestro albedrío, sino imposición histórica de los ajenos desaciertos”. Esa revolución, traducida en reformas como la del Estado autonómico y en un discurso contrario al crecimiento excesivo del sector público, es la que puede y debe plantear el Gobierno a los ciudadanos de una manera constante, coherente y ordenada. Es imperativo, pues será lo que derrote a los que desde las barricadas anhelan volver a días turbulentos y oscuros.

Read Full Post »

  A excepción de la subida del IVA, el ajuste anunciado por Mariano Rajoy el pasado miércoles debería haberlo puesto en marcha el Gobierno seis meses atrás. Se ha perdido un tiempo precioso y, como en los días de Zapatero, el Gobierno español ha reaccionado tarde, forzado por la urgencia y las presiones de los mercados y la UE. Después de todo, resulta que los Presupuestos Generales del Estado más restrictivos de todos los tiempos no lo eran tanto y existía ancho margen para ahorrar gasto público (27.000 millones). Esta vez sí se están abordando recortes difíciles, profundos y drásticos, en tanto que anteriormente el Gobierno había intentado vender una austeridad poco o nada creíble.

  El fallo garrafal es que el Gobierno, que por suerte ha admitido que hay mucho gasto público que suprimir, está perseverando en la idea de encomendar más de la mitad del nuevo ajuste (34.000 millones) a la recaudación de ingresos. De ahí que se haya aprobado una escandalosa subida del IVA (el tipo general pasa del 18% al 21%), en cuya letra pequeña se halla la sorpresa de que muchos bienes y servicios que antes se gravaban al tipo reducido del 8% ahora lo serán al 21%, o sea, una salvaje escalada de trece puntos. En una economía en crisis, elevar los impuestos es un suicidio que no se va a traducir en mayores ingresos. Y, en cualquier caso, las estimaciones gubernamentales respecto a la recaudación pecan de optimismo.

  En 1996, el Gobierno de José María Aznar asumió las tesis de Arthur Laffer. Subir los impuestos no siempre trae consigo más ingresos, sino que es probable que, si ya eran altos, la recaudación se resienta. De hecho, es lo que Rajoy y Montoro propugnaban antes de las elecciones. Es cierto que se dieron de bruces contra una cifra de déficit muy superior a la prometida por Zapatero, pero eso podría haber motivado una subida suave del IVA a lo sumo. La cruda realidad es el Gobierno ha subido, además, el IRPF, el IBI y los impuestos especiales.

  Las explicaciones dadas por Montoro a la última alza impositiva, la del IVA, son una aberración, una de las peores lecciones de Hacienda Pública que he escuchado. Si le están obligando a subir el IVA o si tiene que hacerlo porque se paga poco y hay demasiado fraude, lo mejor es que dimita y sea sustituido por alguien menos inútil. Decepción creciente con este Ministro de Hacienda, que tampoco está consiguiendo que las Comunidades Autónomas cumplan sus compromisos de déficit. No hay que limitarse a amagar o a usar palabras duras. Indudablemente, se han hecho avances legislativos de mucho calado en materia de equilibrio presupuestario de todas las administraciones, pero puede quedar en papel mojado si el Gobierno no interviene y corta de raíz la incipiente rebelión de algunas comunidades, varias de ellas gobernadas por el PP.

  Tal vez esta obcecación impositiva es fruto de la ceguera o de la conveniencia de un Gobierno que no quiere tocar el entramado político que desborda el sistema. Sobran políticos e instituciones, y también presencia de los partidos en muchos ámbitos. El Estado autonómico se ha revelado como el peor sistema posible para abordar reformas estructurales y controlar el gasto público.

  Se da por hecho que habrá un otoño caliente. A título personal, me da igual que Rajoy no se sujete siempre a su programa electoral. Ya lo dijo Churchill: “A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada”. Pero la lentitud de reflejos, la errónea política fiscal y la ausencia de un liderazgo fuerte sí son razones de peso para confiar menos en el Gobierno. Y creo que es comprensible el enfado del contribuyente medio y de los funcionarios, a los que se les baja el sueldo y se pide que trabajen más horas.

  A pesar de ello, no voy a hacer una llamada a la protesta callejera ni a la revolución social. Entre otras cosas, porque este otoño caliente que viene está alentado bien por colectivos privilegiados, que ven cómo se les está privando de vivir del presupuesto público y van a oponer resistencia a cualquier cambio, bien por grupos extremistas contrarios al sistema por definición. Nunca me pondré del lado de la chusma callejera que acosó, insultó y escupió a Cristina Cifuentes.

  A los ciudadanos que estén sintiendo vértigo ante los planes de adelgazamiento del Estado les digo que España no puede permitirse por más tiempo un Estado mastodóntico que exprime y ahoga al sector privado. Como pusiera de manifiesto Richard Musgrave, hay condicionantes del proceso político que implican la existencia de un sector público mayor del que realmente necesitan y demandan los ciudadanos. Esos condicionantes, como el propio funcionamiento de la democracia, los grupos de presión, la burocracia y los fenómenos de ilusión fiscal, se dan en la vida española y hay que identificarlos a fin de que la gente tome conciencia de que se pueden hacer las cosas gastando menos, con eficiencia.

  Un paradigma de grupo presión, cuya influencia tiene como consecuencia niveles de gasto público ineficientes, es el de la minería del carbón, hoy levantado en armas y entregado a la violencia para capturar al regulador y mantener las subvenciones, ya sentenciadas por la UE. Este sector, desde 1990, ha recibido más de 24.000 millones en subvenciones. El negocio es ruinoso, hasta el punto de que Asturias importa carbón. Las empresas mineras y sus 4000 mineros tienen que abandonar su alzamiento y explicar al pueblo qué se ha hecho con la fantástica cifra indicada y por qué hay que seguir perdiendo dinero con ellos. Hay otras industrias y otros oficios. A lo mejor los mineros no conocen otra forma de vida, pero no pueden exigir que sean los demás los que paguen su conformismo o su felicidad.

Read Full Post »

  Cuando Esperanza Aguirre propuso dejar en 65 diputados la composición de la Asamblea de Madrid, a los socialistas les faltó tiempo para oponerse con ferocidad y, rasgándose las vestiduras, clamar: “Los políticos nos sacarán de la crisis”. Lo cual me ha llevado a interrogarme sobre ese particular. ¿Tan importantes son los políticos? ¿Podríamos prescindir de ellos o, como mínimo, de un buen número?

  Por lo pronto, es obvio que una nación –y más en los momentos decisivos– necesita un líder capacitado que la guíe y un equipo político detrás, así como unos representantes de la voluntad popular (en la democracia representativa). Lo que no necesita es una multiplicación absurda de líderes, cargos de confianza, representantes, etcétera. Asimismo, se necesitan buenos políticos en ciertas instituciones, pero sin desconocer que ha resultado ser muy perjudicial para nuestra democracia la invasión política de todos los resquicios desde donde se ejerce el poder, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta las cajas de ahorro. La politización de estas últimas, de hecho, es una de las causas fundamentales de que el sistema financiero español esté hoy rescatado y en entredicho.

  Así pues, hay que suavizar la afirmación de que España saldrá de la crisis gracias a los políticos. De la crisis se saldrá con el esfuerzo de empresarios y trabajadores, con la paciencia y el estoicismo de los que pagan sus deudas y sus impuestos, y aceptan que no es sostenible un sector público como el español, que debe ser revisado. Lógicamente, en ese proceso de reformas y regeneración hacen falta políticos. Políticos, he de matizar, que renuncien a cuotas de poder en lugar de acrecentarlas a la menor oportunidad; políticos que dejen respirar a la iniciativa privada; políticos que no aburran con su moral y sus intentos de educar a los ciudadanos en sus creencias; políticos que no pretendan tomar todas las decisiones y salvar a la gente con demagogia e ideologías trasnochadas. Esos políticos, que además de lo apuntado deben estar preparados y ser audaces y patriotas, son los que pueden venir bien a España.

  Y, a contrario sensu, lo que en absoluto necesita España son políticos adictos al poder, como es el caso de Rubalcaba, que en cuanto abandonó el Gobierno y sufrió la derrota electoral tuvo que encaramarse al liderazgo del PSOE para seguir saliendo en televisión y gozando de influencia (cada vez menos, afortunadamente). A este tipo de políticos los denomino políticos profesionales. Nunca han trabajado fuera de un partido y su vida se divide en períodos de cuatro años, ya que nunca ven más allá del final de una legislatura. Son políticos que declaran encantados lo mucho que le deben al partido y que no saben hacer otra cosa. Esta casta política es la que ha creado cientos de empresas públicas a semejanza de agencias de colocación, la que continúa subida en el coche oficial y la que se ha rodeado de una gruesa capa de privilegios, al amparo del corporativismo, del hoy por ti y mañana por mí. Para ellos es impensable que se rebaje el número de diputados de una asamblea legislativa: supone menos cómodos sillones que repartirse, y son muchas las bocas que alimentar en el partido.
  De los que acabo de describir no es que España no necesita ni uno más, sino que hay que librarse de ellos paulatinamente. Esos políticos que jamás han salido de las faldas del partido y que sólo actúan en función de intereses partidistas son indudablemente responsables del hundimiento económico de España.

  No creo que todos sean unos corruptos ni nada por el estilo. Ésa es una sentencia demasiado fácil que no comparto. Pero mi visión de los partidos políticos y sus funciones está ya exenta de cualquier idealismo. Sigo y estudio el modelo diseñado por el economista Anthony Downs, cuyo axioma principal es que los partidos en democracia lo que buscan es ganar votos, y no necesariamente persiguiendo el bien común, pues son equipos de hombres que anhelan el poder por el poder, a través del cual disfrutan de beneficios, prestigio, fuerza… De esta forma, se moverán en el mercado electoral intentando maximizar la ganancia de votos, con programas y comportamientos que no siempre son eficientes o adecuados para el interés general.

  De la exactitud de este modelo habla la actitud entre recelosa y despectiva que tienen los partidos españoles con proyectos surgidos de la sociedad civil. Según ellos, solamente en un partido puede existir actividad política válida. Es un monopolio, por lo que suelen mirar mal a independientes o tecnócratas, inclusive si forman parte de gobiernos apoyados por ellos mismos.

  La democracia actual requiere partidos políticos sólidos, limpios y con ideas. Sin embargo, no necesita cientos de miles de colocados y aprovechados que no sirven de nada, o iluminados que resuelvan la vida a los ciudadanos con varitas mágicas y dinero público. Con esta crisis ha llegado la hora de hacer limpieza en España. Sería muy injusto que los políticos fuesen los únicos que salieran indemnes.

Read Full Post »

  La entrada y registro en domicilio es una diligencia de la instrucción (investigación de unos hechos con apariencia delictiva en el proceso penal) limitativa de un derecho fundamental. Y ello porque el domicilio es un espacio singularmente protegido por la Constitución, cuyo artículo 18.2 dice así: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. No hay que mezclar el domicilio con la propiedad privada (art. 33 CE): una persona puede tener su domicilio en su propiedad, pero también al margen de ella. Como garantía penal de la inviolabilidad del domicilio, el artículo 202 del Código Penal castiga el allanamiento de morada.

  Este derecho, lógicamente, entra en conflicto con la diligencia mencionada, por lo que hace falta valorar la medida a través del prisma del principio de proporcionalidad, creación de la jurisprudencia constitucional (su origen está en la STC 207/1996, de 16 de diciembre). Lo cual exige que se respeten dos presupuestos materiales, el de legalidad y el de justificación teleológica, y tres requisitos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (Julio Banacloche Palao y Jesús Zarzalejos Nieto, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal, La Ley, Madrid, 2010, p. 156). Sólo preservándose estas limitaciones podrá predicarse que una diligencia que restringe un derecho fundamental se adecua al principio de proporcionalidad y, por ende, es admisible en un Estado de Derecho.

  Teniendo en cuenta el presupuesto de legalidad, qué duda cabe que adquiere una especial importancia el concepto de domicilio, esto es, qué ha de entenderse por tal, pues de eso dependerá que resulte afectado o no el derecho fundamental proclamado en el artículo 18.2 CE ante una entrada y registro por parte de fuerzas policiales. En cambio, esta diligencia no tendrá incidencia alguna en ese derecho cuando recaiga sobre un lugar abierto o sobre un lugar cerrado pero abierto al público, o en uno no abierto al público pero que no pueda ser considerado domicilio.

  La entrada y registro en domicilio es ampliamente regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (arts. 545 y siguientes), que ya en su artículo 545 advierte que nadie podrá “entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes”. Más adelante, el artículo 554, tributario de una concepción un tanto arcaica, reputa domicilio los “Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro” (art. 554.1); el “edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia (art. 554.2); y los “buques nacionales mercantes” (art. 554.3). Una regulación apropiada para su época pero que dista mucha de la realidad actual.

  Tampoco resulta útil para el problema objeto de análisis (qué es el domicilio del que habla la CE) la identificación que hace el Código Civil –a efectos de derechos y obligaciones civiles– entre domicilio y residencia habitual, remitiéndose, acto seguido, a lo que fije, en su caso, la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 40).

  Frente a estas definiciones de márgenes estrechos, es la jurisprudencia la que ha ido elaborando un concepto de domicilio más acorde con el momento presente. El Tribunal Constitucional tiene declarado, en este sentido, que “el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella” (STC 22/1984, de 17 de febrero, Fundamento Jurídico 5).

  La doctrina, partiendo de la definición del TC, ha perfilado aún más el concepto, señalando que domicilio “es un espacio delimitado físicamente, objetivamente destinado a vivienda con carácter permanente o transitorio, o al ejercicio profesional, cuya ocupación se fundamenta en un título legítimo” (Andrés de la Oliva Santos et alii, Derecho Procesal Penal, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2007, p. 368). Aunque parece fuera de duda la conexión entre domicilio inviolable y el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), hay algunas discrepancias, como la manifestada por Manuel Aragón Reyes, quien expuso en una reseña a una monografía sobre la inviolabilidad del domicilio que ésta “protege un bien jurídico que no coincide exactamente con la intimidad”, y ese bien es “un reducto físico inmune a la penetración de cualquiera sin el consentimiento de su titular, ‘privativo’, pues, de ese titular, es decir, un espacio ‘privado’ del que él, y sólo él, dispone’” (“La inviolabilidad del domicilio”, Revista española de Derecho Constitucional, núm. 54, 1998, pp. 351-352).

  A título de ejemplo, y en contraste con las definiciones proporcionadas, no será domicilio un bungalow deshabitado, locales o establecimientos abiertos al público, los bares, restaurantes, tabernas, almacenes, etcétera (Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín et alii, Derecho Procesal Penal, Civitas, Cizur Menor, 2010, p. 312).

  De lo que antecede se desprende que había de plantearse un problema de inconstitucionalidad en torno al artículo 557 LECrim, según el cual las “tabernas, casas de comidas, posadas y fondas no se reputarán como domicilio de los que se encuentren o residan en ellas accidental o temporalmente, y lo serán tan sólo de los taberneros, hosteleros, posaderos y fondistas que se hallen a su frente y habiten allí con sus familias en la parte del edificio a este servicio destinada”. A día de hoy, esas casas de comidas, posadas y fondas son los hoteles, de forma que, no siendo calificadas como domicilio por la LECrim, no había inconveniente en que el hotelero abriera las puertas de las habitaciones a los agentes del orden sin mediar autorización judicial o consentimiento de los huéspedes.

  Finalmente, se elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC acerca del artículo 557 y su aplicación a un caso en el que unos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía entraron y registraron dos habitaciones de un hotel, sin estar en ellas sus huéspedes, gracias a que el director del hotel les proporcionó la llave maestra.
  Abordando el problema, el TC afirmó que “la protección de la inviolabilidad de las habitaciones de los hoteles, así como la exclusión de la necesidad de autorización judicial para los registros de dichos establecimientos de hostelería cuando en los mismos se realizan otras actividades no privadas o en las partes de ellos no destinadas a vida privada y abiertos al público, deriva directamente del propio art. 18.2 CE, así como del concepto de domicilio del art. 554.2 LECrim” (STC 10/2002, de 17 de enero, Fundamento Jurídico 10). Así pues, declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 557 y lo derogó.

  Sin embargo, no “se viola el art. 18.2 CE si los acusados habían abandonado hacía días la habitación del hotel en la que se hospedaban sin intención de regresar, aun cuando permanecieran en ella ciertas pertenencias (STS de 22 de junio de 2007)” (Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín et alii, op. cit., p. 313)

  Podría pensarse, prima facie, que en el siglo XIX no sentían tanto respeto por la intimidad, habida cuenta de las exclusiones del artículo 557. Es una conclusión simplista, en la medida en que la Constitución de 1876, vigente cuando se aprobó la LECrim, reconocía el derecho a la inviolabilidad del domicilio: “Nadie podrá entrar en el domicilio de un español, o extranjero residente en España, sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes” (art. 6). La diferencia es que, en aquel entonces, difícilmente podía ser domicilio la habitación de una posada, fonda, etcétera, cuando lo habitual era que fuesen compartidas, de muchas camas, lo que no encaja en esa idea de “espacio propio de la vida íntima de un sujeto” (Julio Banacloche Palao y Jesús Zarzalejos Nieto, op. cit., p. 167).

  Puesto que aquí se pone de relieve la eterna pugna entre derechos y garantías de los ciudadanos y eficacia policial en la investigación de los delitos, es sumamente necesario tener claro qué es el domicilio y hasta dónde alcanza, consecuentemente, la protección constitucional. Así se previenen abusos y descontrol de las autoridades en un terreno proclive a ello y también, por lo que se refiere a los agentes del orden, permite que efectúen registros legales y eficaces, toda vez que, en caso de vulnerarse lo que dispone la Constitución, la diligencia sería nula de pleno derecho y generaría responsabilidad penal (art. 531.1 CP).

Read Full Post »