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Archive for 25 noviembre 2012

Un domingo cualquiera

  Otro domingo, otra noche electoral. El órdago separatista lanzado por Mas y su muy corrupto partido ya ha medido su apoyo en las urnas. Para llegar hasta aquí, ha habido que superar una desastrosa campaña –pérdida de tiempo y dinero– y asistir a una honda crisis institucional y política.

  Sin duda, Mas, “travestido en nuevo Moisés, brazos al viento, mirada al futuro de la tierra prometida, dispuesto a llevar al pueblo elegido a través del Mar Rojo de la incomprensión de Madrit” (Jesús Cacho), es un cobarde que convocó las elecciones anticipadas porque se veía incapaz de hacer frente a la crisis. Envuelto en la bandera para tapar sus errores y vergüenzas, ha engordado las emociones nacionalistas y formado un embrollo de incierta resolución, pues lo que está claro es que, una vez creado el monstruo, su creador no tendrá el control por mucho tiempo, máxime si ese personaje es Mas, quien ha cambiado de discurso, criterios y hoja de ruta casi a cada minuto de la campaña. Es difícil imaginar a un político más confuso y hueco.

  A pesar de la tensión generada y del empeoramiento de la enfermedad nacionalista, hay unas cuantas cosas buenas que se pueden extraer de este sainete. La deriva nacionalista ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la deslealtad, ignorancia y egocentrismo de Mas, así como la doblez, estulticia y ductilidad del ya amortizado Durán. Esas características ya me constaban, pero ahora han quedado iluminadas con especial intensidad. Asimismo, ha servido para dejar constancia de que en el PSOE, PSC o lo que sea sólo conocen del federalismo el nombre. Otra revelación interesante atañe a La Vanguardia, que ha despejado toda duda razonable acerca de cuál es la voz de su amo. El último en retratarse ha sido el fiscal de Cataluña, cuya actuación extravagante y servicial merece más que un reproche público.

  Gracias a las majaderías de Mas, se han empezado a refutar desde distintas instancias los agravios que él agita, como el déficit fiscal, un concepto harto erróneo. El mismísimo Zapatero, haciendo tabula rasa de su pasado, escribió un artículo más que meritorio contra las groseras proclamas nacionalistas. Y en ese proceso de acumulación de argumentos y realidades contra los sueños y embustes nacionalistas, las instituciones europeas han aclarado que Cataluña estaría fuera de la Unión Europea en caso de separarse de España, con las consecuencias gravosas que ello acarrearía para esa región. Muchos intelectuales, políticos y expertos han firmado manifiestos a favor de la permanencia de Cataluña en España. Bienvenido sea este movimiento que rechaza el fin de la nación española.

  En fin, la campaña ha sido un escenario idóneo para traer a colación los diversos y variados escándalos de corrupción en los que CiU, que es el que de verdad roba a los catalanes, ha estado o está directamente implicado. La reacción de los nacionalistas fue acorde con su manual. No van a por ellos, sino a por Cataluña. Para ellos no existe la responsabilidad personal.

  Ya se sabe que CiU ha ganado las elecciones, aunque no con mayoría absoluta, su objetivo declarado, y por un margen más estrecho que en 2010. El gran beneficiario de los planteamientos de Mas ha sido ERC, un partido extremista, de camisas negras y ¿futuro compañero de cama de los burgueses de CiU? Mas se ha inmolado para que ERC suba en votos y escaños. Es posible que siga adelante con su plan, si es que alguna vez lo tuvo, pero su fuerza será la misma (o menor) que antes de las elecciones. Si obtener mayoría absoluta daba igual a efectos de cumplir los sueños de Cataluña, ¿por qué anticipó las elecciones? Para este viaje (a lo desconocido) no se necesitaban alforjas.

  La diferencia con respecto a su situación anterior es que ahora tendrá que elegir entre lanzarse por el precipicio que él mismo ha señalado a sus conciudadanos o retroceder y pedir diálogo, siempre y cuando se lo permitan las fuerzas que él, en atención a puros intereses partidistas, ha desatado. Su victoria de hoy es pírrica, problemática: recibirá las burlas merecidas por su inepta estrategia, las críticas de quienes le reprochan no ocuparse de los problemas reales de los catalanes y el interés de la Justicia hacia sus corruptelas. ¡Qué estadista! ¡Qué salvador de la patria! Una genialidad sin parangón la del antes llamado Arturo.

  Una mayoría absoluta, con todo, no habría hecho aceptable el proceso separatista, como no lo hace que en Cataluña una gran mayoría haya votado opciones independentistas. Es por ello que éste ha sido, a fin de cuentas, un domingo cualquiera. No tiene sentido que una de las naciones más antiguas de Europa se rompa por una cuestión de sentimientos basados en invenciones históricas y sin consultar a todo el pueblo español, que es el sujeto de la soberanía y el que tiene que decidir, conjuntamente, el destino de su territorio, de acuerdo con lo que establece la Constitución. A partir de mañana, hay que seguir combatiendo a los nacionalistas, y exigir respeto a la Constitución, a la autonomía catalana y a los ciudadanos de toda España.

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   La única objeción de conciencia reconocida de manera expresa por la Constitución de 1978 es la vinculada al servicio militar (art. 30.2), protegida, además, por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Ello no obsta a que, a lo largo del tiempo, hayan aparecido otros supuestos de objeción de conciencia que han recibido una respuesta desigual de la jurisprudencia. Cito, a título de ejemplo, la objeción de conciencia al aborto (al principio sin cobertura legal, pero aceptada por el TC en su Sentencia 53/1985, de 11 de abril, y recogida hoy en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de maro, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo), la objeción de conciencia a tratamientos médicos o la más dudosa objeción de conciencia a los matrimonios homosexuales. Y, recientemente, parece que de la mano del Sindicato Unificado de Policía puede hablarse de objeción de conciencia policial a participar en desahucios.

  Para Santiago Cañamares, en estos casos “el individuo se encuentra en la disyuntiva de obedecer a la norma o a su propia conciencia, que le impone no atenerse a las exigencias de la primera, ya le reclamen un comportamiento activo u omisivo, tratando de encontrar una salida razonable que respete su conciencia” (Derecho Eclesiástico del Estado, Colex, 2011, p. 111). El fundamento de dar efectividad al conflicto que nace entre la conciencia de un individuo y una norma jurídica reside en la libertad de conciencia consagrada en el artículo 16 CE. Y no es un derecho fundamental menor, como es obvio. Pero los casos son muy variados, así como las consecuencias, por lo que es preferentemente la jurisprudencia la llamada a resolver la cuestión de sus límites. Debería aplicarse, según Cañamares, la regla de la proporcionalidad, a fin de que la libertad de conciencia sea afectada sólo cuando entre en colisión con ella un interés de relevancia constitucional equivalente (ibidem, p. 114).

  El TC, por un lado, ha afirmado que la objeción de conciencia “es un derecho reconocido explícita e implícitamente en la ordenación constitucional española” (STC 15/1982, de 23 de abril, Fundamento Jurídico 6) y, por otro, que “el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera […], admitiéndose sólo “excepcionalmente respecto a un deber concreto” (STC 161/1987, de 27 de octubre, FJ 3). Esta segunda línea es la que ha acabado imponiéndose.

  Entrando en la objeción de conciencia fiscal, la pregunta es: ¿Caben excepciones basadas en la conciencia al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31 CE)? Lo primero es explicar el porqué de esta objeción. No se busca defraudar la cuota tributaria, sino dejar de pagarla porque el objetor no desea que se financien con lo recaudado fines contrarios a su propia conciencia (véase Rafael Navarro-Valls, “Las objeciones de conciencia”, Derecho Eclesiástico del Estado español, Eunsa, 2004, p. 171). En concreto, una modalidad habitual ha sido la de no pagar la parte del IRPF que correspondería, en teoría, a gastos de defensa.

  Pues bien, el TC, en su Auto 71/1993, de 1 de marzo, ha argumentado en contra de la objeción de conciencia fiscal. El objetor solicitaba deducirse del IRPF la parte proporcional correspondiente, según sus estimaciones, a los gastos de armamento previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 1986. Presenta recurso de amparo y el Alto Tribunal no lo admite a trámite. El rechazo del TC es tajante, pues “no cabe invocar la objeción de conciencia como excepción al deber general previsto en el art. 31 C.E., por carecer tal pretensión de fundamento constitucional y no estar, además, prevista en el ordenamiento tributario” (FJ 3). Ni siquiera “cabe ampararse en la libertad ideológica del art. 16 C.E. para pretender de este Tribunal, con base en este derecho, ni que se reconozca una excepción al cumplimiento del deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 C.E.), ni la adopción de formas alternativas de este deber, como parece haber sostenido el recurrente ante la Administración Tributaria”, puesto que implicaría atribuir a cada contribuyente “la facultad de autodisponer de una porción de su deuda tributaria por razón de su ideología” (ibidem).

  Compete a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, como destaca el TC, a los ciudadanos les asiste el derecho clave de “participar en los asuntos públicos eligiendo a sus representantes a través de elecciones periódicas, en las que podrán censurar o dar su aprobación, mediante su voto, a la actuación llevada a cabo en las Cortes Generales por los partidos políticos en relación con la concreta determinación en los Presupuestos Generales del Estado de las previsiones de ingreso y las autorizaciones de gastos para cada ejercicio económico” (ibidem). Lo cual es la dinámica propia de un Estado de Derecho.

  A pesar de que claramente la conciencia de uno no debiera confundirse con las obligaciones tributarias, determinados personajes de la vida política española pusieron de manifiesto, con ocasión de la aprobación de la amnistía fiscal, una amorosa relación entre moral e impuestos. Así, los que se oponían a la amnistía aducían que era inmoral. Lo que para unos es bueno desde el punto de vista moral, para posibles objetores sería indeseable, y podrían decir que no es moral pagar impuestos, al menos en la parte que ellos entienden financiaría gastos inaceptables. Por lo tanto, es más conveniente no hacer de los impuestos un tema moral: son una obligación puramente legal y absolutamente imprescindible para mantener un Estado operativo. La moral, en mi opinión, se caracteriza por su no exigencia coactiva, justo lo contrario que los tributos.

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  La segunda huelga general convocada en esta legislatura, prevista para el próximo miércoles, no tendrá el efecto de torcer la voluntad del Gobierno. Primero, porque un éxito rotundo es improbable. Y, en segundo término, porque el Gobierno, a pesar de que mucha gente proteste, tiene la obligación de gobernar y de no escuchar a la calle, especialmente en caso de que ésta se entregue a líderes tan irresponsables como Tocho y Cándido.

  Aunque no cumpla su objetivo, el de forzar al Gobierno a que convoque un referéndum sobre los recortes, la huelga sí servirá para difundir propaganda y deteriorar un poco más la imagen de España, dejando ahora al margen la actuación violenta de los piquetes coactivos, el destrozo de mobiliario urbano, las pérdidas de las empresas, etcétera. La huelga es una buena excusa para contar un relato de la crisis que no se corresponde con los hechos. Porque hay gente a la que determinados políticos y sindicalistas, con embustes sobrecogedores, ha convencido de que los culpables de la crisis del sector financiero son los bancos y que los recortes son malos sin excepción.

  En rigor, el verdadero problema del sector financiero se incubó en las cajas de ahorros: en ellas se han dado los mayores abusos, disparates y corruptelas. Estas entidades, gestionadas por políticos y sindicalistas, son las que han recibido las más cuantiosas ayudas públicas. Bankia, por ejemplo, no es otra cosa que la fusión de ocho cajas de ahorros, controladas –hay que insistir– por fuerzas políticas. El mal no vino de las finanzas, sino de la política. Los bancos, en general, han hecho sus deberes. Por consiguiente, es una vergüenza que politicastros como Elena Valenciano sigan hablando de ayudas a la banca, creando una confusión deliberada para ocultar las responsabilidades de políticos y sindicalistas en el colapso del sistema financiero español. Los bancos y los ciudadanos no necesitan rescates del Estado: necesitan ser rescatados de políticos socialistas y sindicatos que hacen de todo menos defender a los trabajadores.

  Por lo que se refiere a los recortes, a nadie debería doler que se adelgace un Estado demasiado grande e ineficiente y que se reformen determinados servicios para que puedan seguir funcionando en un futuro. Y, además de lo anterior, la reducción del déficit es un asunto crucial para sanar la economía y un objetivo irrenunciable exigido por la Unión Europea. Ocurre que los sindicalistas se resisten al cambio y sólo ofrecen como alternativa una orgía de gasto público (y si lo administran ellos, mejor). En mi opinión, la gente que con más cerrazón ideológica defiende los servicios públicos es la peor enemiga de los mismos. Obstaculizan reformas que son las que pueden salvar lo salvable del Estado de Bienestar.

  Como ha criticado Esperanza Aguirre, “los convocantes de la huelga general del próximo día 14 están haciendo un uso torticero del derecho de huelga porque es indisimulable su carácter político, es decir, su pretensión de doblar el brazo a un gobierno democrático y legítimo”. Sin duda, es una huelga ajena al interés de los trabajadores. El único interés en juego es el de UGT y CCOO, que pretenden mantener a toda costa la rentabilidad de su fructífero y opaco negocio sindical. Desde 2010, su poder e influencia han disminuido, y tampoco les ha sentado bien perder parte de las subvenciones que reciben del Estado, ya que viven de eso, no de las cuotas de sus afiliados. Lógicamente, entiendo que miles de liberados participen en la huelga general, pero no ciudadanos bien informados. Regreso a lo que escribí en 2010 con ocasión de otra huelga general: “Apoyar a los sindicatos en esta huelga general es cometer un error, pues los únicos beneficiados van a ser Cándido y Tocho, tanto monta, cuyo temor a que se les acabe el chollo es tangible”.

  Habría que determinar cuál es el grado de responsabilidad de estos dos sindicatos en la situación actual de España. Si en 2008 el Gobierno hubiese reaccionado poniendo en marcha reformas y controlando el gasto, muy probablemente a día de hoy no tendrían que haberse hecho tantos recortes de sopetón y adoptado decisiones drásticas (dejo claro, de todas maneras, que la austeridad predicada por unos y deplorada por otros no es en la mayoría de los casos real). Sin embargo, hasta 2010 Zapatero estuvo mal aconsejado o presionado por Cándido para no hacer nada, excepto emplear el dinero público en abrir y cerrar zanjas. Pues bien, cuando los sindicatos hablen de lo que tiene que hacer o dejar de hacer el Gobierno, habría que reprocharles su papel en la crisis. Puede que el Gobierno se equivoque en muchas cosas, lo que no excluye la certeza de que caer en manos de los sindicatos sería infinitamente peor.

  Finalizo con ciertas advertencias. Los que sigan la huelga han de respetar el derecho a trabajar de los demás y los servicios mínimos. Y la actuación de piquetes coactivos puede y debe ser contestada con denuncias a las autoridades, o bien ejerciendo la legítima defensa si hay agresiones por su parte.

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