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Archive for 27 enero 2013

  España no dejará de ser un país de perdedores y papanatas mientras no se premien el talento y la excelencia según la lógica del mercado y los políticos pierdan influencia en los más diversos sectores de la sociedad. Basta ya de enchufados, sopa boba y favoritismos, de prácticas que matan la iniciativa privada y consagran el nepotismo.

  La rocambolesca historia de Amy Martin es la metáfora perfecta de un país que –clase política extractiva de por medio– ha tirado a la basura inmensos recursos para financiar paridas y ocurrencias variopintas. Porque, con independencia del más que seguro chanchullo entre Zoe Alameda y Carlos Mulas para a través de la ficticia Amy Martin embolsarse unos jugosos sobresueldos (con cargo a los presupuestos de una fundación que, cómo no, se nutre en un 60% de subvenciones públicas), este caso ha dejado al descubierto datos muy interesantes sobre la multidisciplinar y ejemplar progresista, como que sus cortometrajes y un viaje a Nueva York para rodar un videoclip obtuvieron subvenciones del Gobierno de Zapatero. En total, la cifra otorgada a esta señora para sus pinitos cinematográficos ascendió a 122.000 euros. La última subvención fue concedida in extremis, el día anterior al relevo gubernamental, con Zapatero y su tropa en funciones.

  Zoe puede pensar que es muy creativa, que sus trabajos merecen reconocimiento, a pesar de que, por lo visto, sean auténticos bodrios. Lo que ya no es aceptable es que se destine dinero público a sostener semejantes aspiraciones. Y menos todavía cuando el tráfico de influencias es tan palmario.

  Los partidos políticos se han convertido en muchos casos en agencias de colocación y de favores. El paradigma es la Andalucía socialista, donde existe una auténtica Administración paralela conformada por familiares de altos cargos, miembros del partido, etcétera. Quien no obtiene un puesto de asesor, recibe un cargo en una empresa pública, o bien una subvención para dar a conocer su dudoso arte. ¡Algunos hasta son agraciados con un indulto porque contrataron al despacho de abogados de hijo del Ministro de Justicia!

  Y cuando algunos políticos valientes, como Esperanza Aguirre, reclaman que se reduzca el número de diputados autonómicos o que se rebajen drásticamente las subvenciones públicas, se les tacha de neoliberales, embajadores del capitalismo salvaje, bestias del mercado… Y mientras tanto, los sumos sacerdotes del interés general continúan privatizando recursos públicos para su propio beneficio, a veces sin recato alguno.

  Coincido con el ilustre profesor Soriano, quien, en El Imparcial, ha publicado un artículo con un diagnóstico exacto e implacable sobre la clase política extractiva, es decir, la que nada aporta la sociedad, sino que drena su riqueza: “Mucho tiene que ver esta situación con el régimen de los partidos políticos. Estos se convierten en agencias de colocación de sus propios asociados, copando puestos a título de meras prebendas y teniendo en cuenta solamente su propio interés personal y partidista. Igualmente, el político que para mantenerse en el poder, inclusive sin corrupción, realiza la pequeña corruptela de proceder siempre a quebrar ‘un poquito’ la ley para favorecer a sus electores (típicamente en el ámbito local)”.

  Pero tampoco hay que fiarse de la gente indignada. Aquí ha habido elecciones libres y mucha gente siempre ha visto con buenos ojos que el Estado subvencione la cultura, o lo que los políticos entiendan por cultura. En todo, las propuestas que hace el común de los mortales para mejorar la política no es que sean muy lúcidas.

  Hay varios ámbitos donde actuar. Primeramente, un control de la financiación de los partidos políticos más exigente y transparente. La transparencia en general es conditio sine que non de una democracia de calidad, sobre todo en relación con algo que explica Soriano: “Hay que hacer los números, disponer de información, que es la fuente de conocimiento. A partir de ahí, hacer crítica, mantener a los órganos que sean necesarios en su verdadero cometido, en su función genuina. Y adelgazarlos o eventualmente suprimirlos”. En segundo lugar, una supresión sistemática de cargos de confianza. Hay que reducir la distancia entre los funcionarios y el representante político. En tercer lugar, una revisión a fondo del sistema promocional de subvenciones públicas, que debería reducirse al mínimo, para casos muy puntuales, excepcionales. No más dinero para las charlotadas de Zoe. Y, en fin, sigue pendiente el cierre masivo de empresas públicas en Comunidades Autónomas y entidades locales. Son empresas inútiles, deficitarias, y constituyen focos de corrupción y opacidad. La opinión pública debe comprender que, cuanto menos Estado, menos corrupción.

  Evidentemente, hay políticos honestos pero si no son capaces de limpiar sus respectivos partidos y renunciar a cuotas de poder en beneficio de la sociedad y la libertad de mercado, habrán perdido miserablemente la batalla y pondrán el riesgo todo el sistema, sean o no corruptos. No vale con mirar a otro lado o dejar el asunto enteramente en manos de los tribunales. Las reformas que he enunciado pueden y deben emprenderse por los partidos que están en el poder. Sin excusas ni dilaciones.

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  El 1 de julio de 2012 entró en vigor la ampliación de una hora (de 20.00 a 21.00 horas) del Servicio de Estacionamiento Regulado. No obstante, los residentes con distintivo pueden estacionar sus vehículos gratuitamente en plazas azules de lunes a viernes durante la hora añadida.

  Pues bien, el pasado día 8 de enero se me abrió expediente sancionador por estacionar indebidamente en una de esas plazas azules, dentro de mi zona, antes de las ocho de la tarde. Lo cual sucedió exactamente tan sólo ocho minutos de las ocho, es decir, a las 19:52, habiendo yo estacionado el vehículo con su correspondiente distintivo a las 19:50. Siempre he llevado el distintivo actualizado y siempre, si he aparcado fuera de mi zona, he pagado la tasa.

  Cuando se me imponga la sanción de 90 euros, será abonada: es correcta según la normativa vigente. Pero escribo esta carta para dejar constancia de la cicatería y ensañamiento con que trata el Ayuntamiento a los ciudadanos a través del SER. Comprendería que se denunciase a las siete, o a las siete y media… En cambio, a ocho minutos de la hora ya gratuita a la que tengo derecho es algo irritante que sólo puede calificarse de avidez recaudatoria, no de función preventiva y represiva, pues por los diez minutos que restaban hasta las ocho habría pagado a lo sumo 25 céntimos de euro.

  Summum ius, summa iniura. Pienso que sería recomendable, a efectos de no enfadar al personal, un poco más de manga ancha y proporcionalidad en estos casos. Lo único que han despertado en mí es el deseo de infringir normas y ponérselo difícil a los vigilantes.

  Ello se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento de Madrid viene subiendo sus tributos (o creando nuevos, como la tasa de recogida de basuras) con el objetivo de paliar su gigantesca deuda, producto de la nefasta gestión del equipo municipal. Están exigiendo mucho al bolsillo del contribuyente.

  Al mismo tiempo, es público y notorio que el Ayuntamiento gasta 12 millones de euros en pagar a 254 asesores de libre designación (París los ha limitado a 40). Entre ellos se cuenta el tristemente famoso Ángel Carromero, con quien me solidarizo por la difícil experiencia que ha sufrido, pero que constituye un ejemplo sangrante no de cargo público, sino de carga pública. Sin carrera universitaria, cobra más de 50.000 euros anuales como asesor técnico de la concejal del Distrito de Moratalaz. Diversos testigos sostienen que su actividad más habitual es hablar por el teléfono móvil… ¿Qué asesora exactamente? ¿Por qué la concejala necesita, siendo una mujer con sobrada preparación, semejante asesoría técnica, contando, además, con los servicios de funcionarios que han demostrado en la oposición su elevada capacidad?

  El ciudadano está dispuesto a aceptar sacrificios con tal de sanear las cuentas públicas y que se sigan prestando determinados servicios. Es insultante, sin embargo, que tenga que sufrir con resignación la voracidad extrema inculcada a los vigilantes del SER a la vez que se mantienen a toda costa cargos de confianza tan generosamente remunerados (e inútiles) como el de Carromero, que está ahí por pertenecer a un partido político y depender en exclusiva de él. Hay otros ejemplos de despilfarro municipal, como el privilegio de los coches oficiales o el antiguo mayordomo de Gallardón. Los sacrificios han de alcanzar a todos.

  No tengo nada en contra de los funcionarios que cumplen con su deber. El problema son los políticos manirrotos e ineptos, como Gallardón. Por medio de esta carta, espero que a los responsables políticos del Ayuntamiento, cuya gestión y capacidad están actualmente en entredicho, les llegue el mensaje de que ojalá más pronto que tarde se derrumbe su chiringuito y se vean despojados de sus privilegios y prebendas, lo que traerá consigo que sirvan al ciudadano con más dignidad y austeridad y que las instituciones recuperen el respeto y prestigio perdidos.  

NOTA: Con ligeras modificaciones, he reproducido el texto de una carta que realmente envié al Ayuntamiento de Madrid esta semana. Informaré si hay respuesta.

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  El fallecimiento de James M. Buchanan –a la altura, sin duda, de Hayek y Friedman— es una dolorosa pérdida para los amantes de la libertad y de los estudios económicos positivos. Sus aportaciones a la Hacienda Pública sólo encuentran parangón en las de Richard Musgrave. Si tuviera que elegir un economista de cabecera, uno que me haya influido sobremanera y al que siempre haya acudido a resolver inquietudes, repasar conceptos y principios o adquirir nuevos conocimientos, ése sería Buchanan. El máximo y más fecundo representante de la Teoría de la Elección Pública ha ejercido en mí, desde hace años ya, un influjo benéfico, productivo, pues, entre otras muchas cosas, él me proporcionó argumentos y elementos de juicio para sustentar mi desconfianza hacia los políticos y hacia todos aquellos que dicen actuar en nombre del interés público.

  La idea nuclear de la Teoría de la Elección Pública, su piedra de toque, es que las conductas en el proceso político no son muy distintas de las que se desarrollan en el mercado. Por lo tanto, políticos, burócratas, votantes, etcétera, actúan guiados por su propio interés y buscan maximizar su beneficio. Los votantes y grupos de interés, que cuentan con sus votos y poder de influencia, se comportarán como demandantes de bienes y servicios, y los políticos actuarán como oferentes que atraen a los ciudadanos con lo que tienen a mano para ganar las elecciones (véase, si alguien está interesado, El cálculo del consenso, Planeta, 1993). Un ejemplo es que, en muchas ocasiones, un período electoral coincide con incrementos en el gasto público o reducciones de impuestos que, lógicamente, contentan a la ciudadanía, aunque esas decisiones no sean las que mejor se adecuan a la racionalidad económica. Otro ejemplo es el de los burócratas que exageran la importancia de sus departamentos para maximizar su presupuesto o no sufrir recortes.

  De esta teoría se derivan importantes consecuencias. A mí me ayudó a entender por qué el Estado tiende al déficit y a adquirir un tamaño ineficiente y cada vez mayor, y también a defender que no siempre un fallo del mercado debe solucionarse con la intervención pública, que puede empeorar la situación.

  Este análisis económico de lo político despoja a la política del romanticismo que distorsiona tantas mentes ignorantes. El Estado es necesario, razona Buchanan, acudiendo a Hobbes; pero como enseguida se va a desbordar, fruto de esa dinámica de las preferencias individuales presentes en las decisiones colectivas, hay que ponerle límites. Así, Buchanan reclama restricciones constitucionales sobre el comportamiento del Gobierno, al que no puede ver como un déspota benevolente que acierta siempre en sus decisiones de planificación. Para él, “es necesario suponer que las personas que toman decisiones en el Gobierno tienen tendencia a actuar de acuerdo con su propio interés más que con arreglo a un interés público general vagamente definido”.

  Buchanan estudió otros fenómenos vinculados a este análisis y que influyen en el crecimiento sin mesura del sector público, como la ilusión fiscal. Este fallo del sector público se ha dado en el sistema de financiación del Estado autonómico, ya que los contribuyentes no han sido conscientes del coste real de los servicios que recibían al ser el Estado el que recauda los principales tributos para luego repartir los ingresos entre las Comunidades Autónomas mediante transferencias, de suerte que éstas podían embarcarse en programas de gasto sin que los ciudadanos relacionaran un elevado esfuerzo fiscal con el despilfarro del dinero público. Es lo que Álvaro Rodríguez Bereijo denominó Hacienda autonómica parasitaria, fiscalmente irresponsable.

  En España, cuyo Estado se ha demostrado no puede financiarse con normalidad salvo en fases expansivas del ciclo, habría que leer más a Buchanan para entender las causas y buscar recetas eficaces contra este mal. Un equilibrio razonable entre la anarquía y el Leviatán fue una de sus obsesiones.

  A modo de homenaje a quien debo tanto, termino reproduciendo lo escrito por James. A Dorn, del Cato Institute: “The passing of Nobel laureate economist James M. Buchanan, one of the greatest proponents of limited government and free markets in the 20th century, leaves a giant void at a time when Western democracies are expanding the size and scope of the government and threatening the future of liberty”.

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  En estos días se ha impuesto una especie de consenso según el cual la monarquía española atraviesa un momento difícil y que se está resquebrajando su popularidad, con amenaza para su continuidad. Los periodistas no dejan de insistir en que en 2012 ha sido el annus horribilis del Rey y de la Familia Real. No cuestiono que, en efecto, ha habido ciertos sucesos o situaciones que han debilitado la imagen de los royals ante su pueblo. Pero tengo muy claro que la monarquía va a continuar y con buena salud.

  Las encuestas son pasajeras y, además, ya indican que la popularidad del Rey se está recuperando. Es natural que en la relación entre un monarca y su pueblo aparezcan a veces roces o malentendidos que, con tiempo y buena voluntad, se superan o aclaran. La propia Isabel II, la Reina más respetada y querida en todo el orbe, sufrió ocasionalmente el enfado de sus súbditos. Sin embargo, mientras no haya una verdadera conmoción o se descubra que el Rey está involucrado en un delito o algo similar, la monarquía no corre peligro.

  Bienvenida sea la cacería en Botsuana –totalmente legítima, a mi juicio– si ha contribuido a traer más transparencia a la actividad del Jefe de Estado y a reforzar su perfil público e institucional. De crisis así se aprende mucho y para bien. El Rey, pese a sus achaques, sigue cumpliendo con entrega sus funciones constitucionales, en especial la representación de España en el exterior, que tantos frutos ha dado gracias a la habilidad diplomática de Su Majestad. Acierta Paul Preston al sostener que en España, cuya política es percibida como muy tóxica y crispada, es saludable la existencia de una figura situada por encima de las disputas partidistas y que simboliza la unidad y permanencia del Estado. No todo tiene por qué quedar contaminado por la baja política que practican los partidos españoles.

  Creo que la monarquía es lo que más conviene a España, siempre y cuando el titular de la Corona sea consciente de que su primer deber es servir al pueblo español. No hay razón alguna para ir hacia una república. La sociedad española no debe ser cicatera ni menospreciar los servicios prestados por el Rey. Siguiendo el aún vigente Manifiesto de Sandhurst (1874), “lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas”.

  Una confianza no infundada. Es evidente que bajo el reinado de Juan Carlos I España ha vivido tiempos de estabilidad y prosperidad, en tanto que es indeleble el recuerdo del fracaso rotundo de las experiencias republicanas. Si la monarquía sigue gozando de prestigio y de un buen número de argumentos a su favor, no cabe decir lo mismo de los republicanos españoles. Pues es sabido que, salvo contadas excepciones, dichos republicanos son nostálgicos no ya de aquella malograda Segunda República, sino del Frente Popular, compuesto por marxistas revolucionarios, comunistas, anarquistas y racistas del PNV. No auguro ningún futuro a una nación que deje su forma de Gobierno a merced de sujetos tan resentidos, desviados y totalitarios.

  Con Cánovas del Castillo, defiendo la monarquía constitucional y parlamentaria, como vínculo entre el presente y el pasado, como poder moderador y de arbitraje y como poderoso símbolo del Estado y parte indispensable de su Constitución interna. En la actualidad, lo difícil es encontrar el equilibrio entre la tradición y las formas y la cercanía al pueblo. Es mejor para una monarquía no modernizarse en exceso, mantener un poco las distancias, no dejar que muera su aura especial.

  Con todo, es verdad que hay un nubarrón en el horizonte que sí puede trastocar el futuro de la monarquía. No se trata de infidelidades, ni de yernos ni cacerías. Es el separatismo. Se ha reprochado al Rey que no hiciese más claro en su mensaje navideño o en su entrevista con Jesús Hermida su rechazo al separatismo catalán. Bien, la prudencia es necesaria y no se puede pedir al Rey que opine como si fuera un miembro del Gobierno o un político al uso. Dicho esto, si el problema va a más, sí espero que Su Majestad emita un discurso más contundente en el que desmonte los mitos y delirios nacionalistas y llame a la nación española a unirse frente a sus declarados enemigos. Y es que la monarquía y nación están vinculadas, según argumenta Cánovas: “El interés de la Patria está unido de tal manera por la historia pasada y por la historia contemporánea a la suerte de la actual dinastía, al principio hereditario, que no hay, que es imposible que tengamos ya Patria sin nuestra dinastía”. Y, sensu contrario, si se rompe España también caerá la monarquía.

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