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Archive for 30 junio 2013

  País Vasco y Navarra mantienen unos regímenes de concierto y convenio económico, respectivamente, que configuran un modelo de financiación distinto al común, esto es, al contenido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Los regímenes forales, claramente privilegiados, han sido objeto de cierto debate recientemente.

  Lo cierto es que la Constitución “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” (disposición adicional primera), que son el basamento constitucional de ese modelo de financiación diferenciado. Un modelo con hondas raíces históricas, sin duda, pero que no tendría por qué haberse acogido en el nuevo marco constitucional: el profesor Francisco Tomás y Valiente, por citar a una autorizada doctrina, se opuso al reconocimiento de los derechos históricos, subrayando su improcedencia y anacronismo en el nuevo sistema surgido a partir de 1978.

  Entrando en los detalles, el concierto económico vasco se regula en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que establece que cada cinco años y previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico se aprobará una ley de metodología del cupo (la aportación del País Vasco a las arcas del Estado) del quinquenio. A la fecha de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 no ha sido aprobada la metodología de cálculo del cupo para el quinquenio 2012-2016, por lo que se han presupuestado los flujos financieros como si 2013 fuera un año del quinquenio anterior. El cupo del País Vasco asciende a 920,79 millones de euros, al que hay que sumar compensaciones financieras a favor del Estado por valor de 39,06 millones de euros.

  Por otra parte, el convenio económico de Navarra aparece regulado en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, y la determinación de la aportación navarra es similar a la del cupo vasco: se realiza a través de una Comisión Coordinadora y por quinquenios (el actual es el quinquenio 2010-2014). En 2013, la aportación de Navarra al Estado es de 551,08 millones de euros.

  ¿Es bueno este modelo? A su favor se ha manifestado Lorenzo B. de Quirós: “Han sido un instrumento de una extraordinaria efectividad para lograr una combinación razonable y equilibrada entre la demanda de gasto público de los ciudadanos y los impuestos necesarios para financiarle. Esto se ha traducido en unos niveles de déficit y de deuda en relación al PIB por debajo de la media del resto de las CCAA y en la configuración de un entorno fiscal favorable al nacimiento, desarrollo y localización de actividades productivas”.

  Desde otro punto de vista, Ángel de la Fuente, reputado especialista en la materia, opina que hay que ajustar al alza el cupo: “El problema es que todo lo que pone en la Ley, es falso. Es un cuadro con el coste de las competencias del Estado que no han sido transferidas y una serie de compensaciones por impuestos, sobre todo por el IVA, déficit público y otros conciertos. Pero las cifras que aparecen evaluando las competencias del Estado y las compensaciones, son falsas. Infravaloran el coste de las competencias y sobrevaloran las compensaciones, y por eso el importe del Cupo es ridículo”.

  Pues bien, ya se ha dicho que el debate está servido. UPyD ha propuesto su total abolición. Los grandes partidos y los nacionalistas, en cambio, no están dispuestos a cambiar el modelo. Creo que la desaparición de los regímenes financieros forales es imposible, y no conviene entrar en esa batalla en un momento tan delicado como el actual. Con todo, sería bueno efectuar algunas correcciones para eliminar desajustes que favorecen injustamente a esas dos regiones, así como ser inflexible a la hora de cortar por lo sano cualquier posibilidad de extender el modelo a Cataluña.

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  Lo había anunciado y lo cumplió. En un artículo publicado en La Gaceta, Mario Conde escribió que “si el SAT intenta invadir una finca propiedad de mi familia, que ni está decomisada ni sale a ninguna subasta amparándose en la Audiencia Nacional, estaré allí para defender los derechos de mi familia […]”. El SAT es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la banda de forajidos de Sánchez Gordillo, una organización anclada en el pasado que no respeta la legalidad ni la propiedad privada.

  Cuando tuvo lugar el intento de ocupación de la finca, se produjo una escena memorable y vigorizante para los amantes de la libertad individual. Mario Conde, remangado y empapado por la lluvia, escoltado por la Guardia Civil, dio permiso para que entraran los malhechores y así poder discutir con ellos frente a frente, sin rejas de por medio. Fue un momento especial. El individuo aristocrático contra la masa embrutecida, haciendo valer sus derechos y razones con la fuerza de las palabras.

  ¡Aún quedan hombres en España! Mario Conde, dejando de lado los matices del personaje, merece que me quite el sombrero ante él. Se encaró a las hordas del SAT, acalló a gritos a los que le insultaban y debatió con Cañamero, el lugarteniente de Gordillo, a fin de exponerle con claridad que no confía en la gestión pública de la tierra y que él da trabajo a mucha gente en esa finca, antes medio abandonada. Al final, los del SAT dieron la vuelta y se marcharon por donde habían venido.

  De un tiempo a esta parte, nos hemos acostumbrado a que grupos nutridos de indignados (en sentido amplio), amparándose en el número y en el anonimato, cometan las más variopintas tropelías. Hostigan a los políticos en su domicilio, amedrentan a las personas de bien, ocupan espacios públicos y propiedades privadas, insultan o menosprecian a autoridades… A veces se trata de la expresión de un descontento que puede tener causas comprensibles, pero no hay por qué aceptarlo pasivamente, renunciar a defender los fundamentos del sistema y la consideración que merecen ciertas figuras del mismo, como la reina Sofía.

  Sobre estos fenómenos se ha pronunciado acertadamente Arcadi Espada: “Estos abucheos, siempre maleducados y a veces violentos, pueden responder o no a circunstancias concretas, pero en la práctica se convierten en una deslegitimación global de los políticos y del sistema. Y una ofensa indirecta, pero humillante, a los millones de ciudadanos que votan a esos políticos e incluso, y en algunos casos, los aprecian”. A mi modo de ver, políticos y personalidades están fallando a la hora de defenderse.

  A Mourinho, que también fue víctima de la presión de una parte de los aficionados del Real Madrid, sólo le achaco un error, el de no haber convocado más ruedas de prensa en las que explicar su postura acerca de Casillas y otros asuntos. De esa manera habría combatido la campaña de los periodistas y cortado, o al menos contrarrestado, su influencia. Él renunció a dar esa batalla y el incendio se propagó.

  Con los asaltantes de fincas y asimilados ocurre lo mismo. Un propietario que crea en sus derechos y en lo que hace, tiene el deber de enfrentarse a la muchedumbre e impedir que se salga con la suya. Gestos como el de Mario Conde son harto bienvenidos, pues la tendencia, desgraciadamente, es agachar la cabeza y soportar todos los abusos y atropellos.

  La masa no es tan fuerte como parece. No espera encontrar resistencia, ni que sus víctimas potenciales se revuelvan. Cuando un grupo de saboteadores intentó reventar un mitin de Fraga, él solo se bastó para ponerlos en fuga al grito de “¡A por ellos!”, lanzándose a correr en su dirección. La determinación y el arrojo de uno pueden bastar en estos casos. Y si detrás vienen más, mejor.

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  La situación creada en Cataluña por el perturbado Artur Mas es, sin duda, la más notable ceremonia de la confusión que vive en la actualidad España. Todos los que entran en ese debate sin una idea clara de defensa de la nación española empiezan a proclamar barrabasadas al por mayor sin ningún tipo de recato. El propio Artur Mas es un prodigio de lenguaje torturado, discurso inane y planteamientos a los que falta más de un hervor. Pero las fuerzas izquierdistas o de progreso vergonzantemente españolas, esto es, PSOE e IU, lo llevan aún peor.

  Por lo que se refiere a IU, ya hace tiempo que esta formación se situó fuera del sistema constitucional y democrático del que se dotó España en 1978. Su modelo es el de la dictadura cubana y la revolución bolivariana, por lo que nada se puede salvar de ese partido, uno de cuyos cuatreros más famosos exige que Europa “se vaya al coño de su puta madre”.

  Ahora Cayo Lara, pese a su adscripción al federalismo, aboga por el “derecho a decidir en Cataluña”, asumiendo el lenguaje y las tesis separatistas. Es así porque el derecho a la libre determinación no esconde otra cosa y no puede tener otra consecuencia, antes o después, que la separación de Cataluña del resto de España.

  Para Lara, son más valiosos los intereses partidistas de la burguesía catalana y las pulsiones retrógradas de los camisas negras que la soberanía nacional. Nada nuevo, pues él no reconoce la nación española. Los de IU, exactamente igual que los separatistas, llaman a España “Estado español” o se refieren al “conjunto del Estado”. Son más celosos de la soberanía de Cuba o Venezuela que de la española.

  También desde el PSOE se apoya al federalismo… sin saber una palabra de federalismo. Cuando, después de muchos disparates, Pere Navarro ha dicho algo sensato y que encajaría plenamente en un modelo federal (el concierto económico vasco y navarro deben desaparecer: igualdad entre los Estados federados), ha sido descalificado ipso facto por Elena Valenciano. En realidad, Navarro ha sido sumamente incoherente, ya que pide la supresión de esos privilegios forales a la par que solicita similares privilegios para Cataluña.

  Es obvia, a la luz de estas manifestaciones patológicas, la confusión reinante entre los progresistas. Una confusión propiciada no por lo complejo de la situación, sino por su indefinición hacia la propia idea de España. El caso de Cayo Lara, tonto útil del nacionalismo, es un ejemplo de ello. Su ideología política está lejos de la de Mas. Que le hablen a Maduro de derecho a decidir en las regiones de Venezuela, o a la URSS, en su tiempo, de una primavera en Praga… Pero es que dentro de esa ideología (aunque esta palabra es demasiado elevada tratándose de Cayo Lara, mejor sería hablar de catecismo pestilente comprado en un aquelarre del PCE) cabe un sentimiento bastante fuerte y que evita que Lara imite a sus amados venezolanos y se ponga un chándal con la bandera española: el odio a todo lo español. Ese odio facilita mucho las cosas a la hora de comulgar con los nacionalismos.

  Sería muy deseable que el PSOE se librara de ese odio que ya le corroe desde los años de Zapatero y recuperara un proyecto nacional, y tal vez presentarse en Cataluña con sus propias siglas, rompiendo definitivamente con el PSC. Sería la mejor manera de escenificar la vuelta a la defensa de España. Pero, con un poco de suerte, el PSOE se hundirá del todo en unos años y ya ni habrá de qué preocuparse de lo que es y no es.

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  Un análisis actual y positivo de las funciones que desempeña el sector público en la actividad económica exige tener en cuenta la presencia simultánea de varias Haciendas que se corresponden con distintos niveles de gobierno (Estado central, Comunidades Autónomas, entidades locales y Unión Europea). Existe, así pues, una Hacienda descentralizada.

  Las ventajas del llamado federalismo fiscal avalan el modelo de descentralización territorial. En primer lugar, la provisión de bienes públicos a cargo de gobiernos regionales es más eficiente que la provisión centralizada. La razón de este mejor resultado radica en que los gobiernos regionales poseen más información acerca de las preferencias de los ciudadanos y, sobre todo, tienen más incentivos para satisfacerlas, en la medida en que su continuidad depende directamente de su voto, mientras que el gobierno central puede permitirse el lujo de perjudicar a una región si cuenta con el apoyo del resto. No obstante, la provisión descentralizada no será eficiente si se producen efectos externos interjurisdiccionales (es paradigmático en España el caso de los recursos hídricos) o si la provisión centralizada permite ahorro de costes.

  En segundo término, la descentralización amplía la libertad de elección individual. Un ciudadano puede elegir si prefiere residir en una zona donde se aplique una generosa política redistributiva y, por tanto, una alta presión fiscal, o bien en una donde se paguen menos impuestos y la redistribución no sea tan intensa. A este fenómeno de revelación de preferencias se le conoce como votación con los pies. Evidentemente, una limitación al mismo es el coste del desplazamiento. Pero, a pesar de que no pudiera llevarse a cabo la emigración, la libertad de elección se ve mejorada: el sujeto puede comparar distintas políticas fiscales y sacar conclusiones que le influyan a la hora de decidir a quién votar.

  La descentralización, en tercer lugar, posibilita la experimentación con ideas novedosas, cuyos eventuales resultados negativos quedarían limitados, al afectar a ámbitos reducidos.

  Por último, facilita la introducción del principio del beneficio en el sostenimiento de los gastos públicos. En un municipio es fácil identificar a quién beneficia más directamente, por ejemplo una obra y gravarle con un tributo que la costee en parte (contribuciones especiales).

  Una vez reconocidas las ventajas, hay que efectuar alguna puntualización. Los bienes públicos puros, como la defensa nacional, el sistema judicial o las relaciones exteriores, deben ser suministrados por el gobierno central dadas sus características.

  Por otra parte, surgen problemas en la redistribución de la renta cuando, por así decir, se vota con los pies. Así, si una región ofrece cuantiosas ayudas a los parados y otras transferencias a los desfavorecidos, por lo que los impuestos allí son altos, los ciudadanos de rentas altas irán abandonando esa región, a la vez que los de rentas más bajas –potenciales beneficiarios de la redistribución– serían atraídos a ella, determinando un escenario inviable en el largo plazo. Otro problema consiste en la aparición de comportamientos free rider o parasitarios entre los ciudadanos de las regiones cercanas a una que ofrezca muchos servicios y de calidad. El incentivo sería consumir servicios allí sin pagar impuestos por ello.

  En cualquier caso, el modelo español de descentralización adolece de muchos defectos. Los gastos están más descentralizados que los ingresos, de manera que el Estado transfiere recursos a las regiones para que puedan gastar, dando lugar al fallo de la ilusión fiscal, que significa que los ciudadanos no son conscientes del coste de los servicios que ofrece su Comunidad Autónoma.

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  Ocho años ya. Este blog fue creado el cinco de junio de 2005; el primer escrito fue publicado el día seis.

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  Analizando varias de las obras más veneradas de Michael Crichton, La amenaza de Andrómeda (1969 y 1971), Westworld (1973) y Jurassic Park (1990 y 1993), descubro en ellas un denominador común muy acusado: se ocupa el autor de describir cómo sistemas creados por el ser humano, en principio perfectos, terminan fallando como consecuencia de la teoría del caos o del impulso irresistible de la vida. Ello enlaza –o, cuando menos, se aprecian paralelismos— con el teorema de la imposibilidad técnica del socialismo.

  Mises y Hayek sostuvieron que el socialismo era técnicamente imposible y que, por ende, estaba condenado al fracaso. En el socialismo llamado real, hay una planificación de la economía sobre la base de medios de producción públicos y una autoridad central que decide qué, cuánto, cómo y para quién producir, es decir, resuelve por sí y ante sí los interrogantes centrales de la economía.

  Mas, como explica Hayek, el planificador central no posee un conocimiento absoluto, de forma que no puede asignar eficientemente los recursos, asignación que sí es posible en un mercado libre, donde el orden espontáneo –decisiones individuales de producir y consumir buscando maximizar la utilidad– permite usar la información mejor que los burócratas gracias a ciertas señales, los precios. Ya Winston Churchill había expuesto una objeción similar en un lúcido discurso en 1908: “Rechazo por impracticable la insensata idea socialista de que podemos tener un sistema mediante el cual toda la producción nacional, con todas sus infinitas ramificaciones, esté organizada y dirigida por un funcionario permanente desde una oficina central, por más capacitado que esté”. Afirmaba que, de seguirse esa idea, “produciría una reducción y destrucción de energía productiva sumamente perniciosa”.

  En las obras citadas del maestro Crichton, hay un planificador que intenta imponer su teoría científica a la realidad. Sobre todo en Westworld y Jurassic Park, esta imagen es clara. Los agentes del parque temático de Delos controlan cuándo se ponen en marcha los robots y sus reacciones ante determinadas situaciones, despreciando cualquier posible evolución de las máquinas. En la Isla Nublar, deciden cuándo y qué comen los dinosaurios, restringen su libertad de movimientos y creen haber suprimido su capacidad reproductiva. “La vida se abre camino”, empero, y echa por tierra todo el sistema supuestamente perfecto. Igualmente, en La amenaza de Andrómeda, el laboratorio de máxima seguridad, pese a su impresionante diseño, es insuficiente para contener el virus.

  También el socialismo pretendió asentarse sobre una concepción científica y materialista que todo lo explicaba y que era infalible. Los resultados fueron desastrosos, amén de sangrientos. Las economías planificadas fueron al colapso sin remisión.

  Creo que Michael Crichton se habría alineado (o se alineó efectivamente) con la tesis del orden espontáneo frente a reguladores, ingenieros sociales e iluminados varios. Él nos enseñó varios casos de fatal arrogancia, típica en los socialistas. Y, en todo caso, vuelve a quedar demostrado que en sus creaciones hay mucho más que material para best sellers.

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