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Archive for 29 septiembre 2013

  No ha desperdiciado Rubalcaba una nueva ocasión para mostrarse tal y como es, miserable y sectario, afirmando que, de haber sido el Rey, se habría operado en un hospital público (Rubalcaba, conviene recordar, es usuario por elección propia de un hospital madrileño de gestión privada, la que de tarde en tarde demoniza en sus mítines para borregos). Antonio Burgos ha resumido muy bien el asunto: “Los mismos que mandaban a la señora Cifuentes a la privada querían mandar al Rey a la pública”. En el fondo, el objetivo es que Su Majestad se ponga al servicio de la propaganda de la izquierda putrefacta. 

  La misma izquierda que esta semana ha estado berreando en Baleares por la aprobación de un decreto que, en esencia, reduce las horas de estudio en catalán. El pretexto de la Marea (o mejor, meada) Verde es la defensa de la educación pública, aunque realmente protestan porque se les priva de imponer más horas de catalán a los niños.

  La izquierda española (IU y su ridículo imitador, el PSOE) se cree en poder de la educación y sanidad públicas, de manera que prostituye estos servicios en favor de sus arteras causas, ora poner en un brete al Rey, ora dar satisfacción a la agenda nacionalista en Baleares. El relato que construyen los progresistas –y el PP, de ordinario, se lo permite— es que la educación y la sanidad de que disfrutan los españoles, así como la Seguridad Social, se deben a ellos, por lo que sólo ellos pueden introducir cambios. Es terreno vedado. Toda intromisión será tachada de ataque a las conquistas sociales por parte de una política neoliberal (hipótesis que cae sin remisión ante la mera contemplación de Rajoy y Montoro). 

  El drama de la izquierda es que su reinado de fantasía está tocando a su fin, más por la realidad de las cosas que por el discurso reformista del PP. Y es que, en un escenario de contracción de la recaudación y paro elevado, seguir otorgando becas sin apenas exigencias o no pensar en modelos de gestión de servicios públicos que posibiliten ahorrar costes es, pura y simplemente, suicida. No dejaré de asegurar que los peores enemigos de lo público no son los neoliberales (que no existen), sino los inmovilistas que se atrincheran en sus ideologías atrasadas o que lo utilizan como parapeto de sus propios intereses (caso de profesionales sanitarios y profesores).

  A los bien cebados sindicalistas, bolivarianos de IU o a Rubalcaba se les llena la boca hablando del Estado de Bienestar, pero ni aunque el dinero cayera del cielo serían capaces de garantizar su sostenibilidad. Que su única respuesta ante la crisis de la que hablé la semana pasada sea invariablemente gastar más y aumentar los ingresos es indicativo del erial intelectual en el que transitan los supuestos benefactores de los españoles menesterosos. 

  Hay que apreciar el valor de los servicios públicos sin caer en el temor o rechazo visceral al sector privado. La colaboración público-privada y el probar nuevas fórmulas  no han de ser motivo de alerta, a pesar del continuo recurso al miedo que emplean los progresistas. Frente a los que exaltan lo público ocultando intereses partidistas, tengamos presente la advertencia de Adam Smith: “Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo”.

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  El planteamiento en los Países Bajos de una sociedad participativa que sustituya al actual Estado de Bienestar invita a reflexionar sobre un tema en absoluto novedoso. En efecto, de crisis del Estado de Bienestar se viene hablando, por lo menos, desde los años setenta. Dejando a un lado las ideologías, hay una serie de circunstancias objetivas que amenazan la viabilidad del modelo. Entre ellas, cabe citar el envejecimiento progresivo de la población, acompañado de bajas tasas de natalidad; el crecimiento sin parangón del paro; y la competitividad en un mundo globalizado, con una tendencia a reducir costes laborales y sociales que es liderada por los países emergentes y a la que no pueden ser ajenos los países occidentales.  

  Es imperiosa, pues, la necesidad re modernizar o reformar el Estado de Bienestar. Propuestas inteligentes y razonables no faltan. Mas los obstáculos son importantes, en especial los propios beneficiarios del modelo, la mayoría de la población, que es refractaria a las mudanzas en las llamadas conquistas sociales. 

  ¿Qué piensan los españoles al respecto? Ha sido publicada esta semana una encuesta o informe, Transatlantic Trends, fruto de la colaboración entre el German Marshall Fund y la Fundación BBVA. Los resultados que contiene sobre las posiciones de la opinión pública española son, cuando menos, desalentadores. Un 53% de los consultados en España aboga por aumentar el gasto público. En lo atinente al Estado de Bienestar, un 95% (¡!) cree que hay que mantener el existente o incluso agrandarlo. A pesar de que se pide más Estado, un 79% considera que los gobiernos no han sabido gestionar la crisis. Otras conclusiones que ofrece el estudio es que los españoles son los más antiamericanos y germanófobos de Europa. 

  Éste es el retrato –triste e inquietante— de una sociedad adicta al Estado de Bienestar, dependiente de los poderes públicos, irresponsable y que huye de modelos exitosos como el americano o el alemán. Una sociedad de perdedores que difícilmente estará en condiciones de enfrentarse a los retos de la reforma del Estado de Bienestar. Ante esa crisis, no hay consignas o eslóganes que valgan: sin riqueza y empleo, la única alternativa es la reforma. Como de costumbre, serán los países que mejor y más rápidamente se adapten los que triunfen. España, sin embargo, no está por la labor. 

  Dicho esto, es menester recordar que la opinión pública es voluble, contradictoria y generalmente ignorante. Está mal informada y es fácil manipularla. Por ello, los gobernantes deben hacer un esfuerzo por convencer a los ciudadanos de la necesidad de las reformas y desmontar los tramposos panfletos que como único remedio aporta la delirante izquierda española. 

  No estoy a favor de la desaparición total del Estado de Bienestar. Mi ideal es el que expresó hace tiempo Tony Blair: “Se acabó la cultura de recibir algo a cambio de nada. El Estado está para socorrer sólo a aquellos que no pueden valerse por sí mismos”. Me pregunto si algún día en España, antes de que sea tarde, alguien con mando en plaza se atreverá a decir lo mismo.

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  La idea de control es consustancial al ordenamiento presupuestario, hasta el punto de que algún autor, como Leonardo García de la Mora, lo caracteriza como “el ordenamiento del control de la Hacienda Pública”. La razón última de este control –controles, en verdad— estriba en que el Estado emplea recursos ajenos y escasos, con lo que la ejecución del gasto público no es un dato trivial.

  Existen diversas clases de control. La clasificación más tradicional es la que distingue entre control interno (el realizado por un órgano de la Administración ejecutante) y control externo (ejercido por el Parlamento y el Tribunal de Cuentas, órganos no integrados en la Administración). En función del momento en que tiene lugar el control, se diferencia, por otra parte, entre control previo, concomitante y posterior.
 
  En España, el control interno y, precisando más, económico-financiero se encomienda a la Intervención General de la Administración del Estado, tal y como dispone el artículo 140.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: “La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá en los términos previstos en esta ley el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y otras entidades cuya gestión controle”. 

  Para llevar a cabo esta misión, añade el artículo 142 LGP que el control se concretará en la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública.

  El control externo de tipo político es el que ejercen las Cortes Generales a través de funciones tan decisivas como el “examen, enmienda y aprobación” de los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.1 de la Constitución) y la aprobación de la Cuenta General del Estado (art. 131 LGP), el ejemplo más claro de control a posteriori. Además, cuenta con otros instrumentos de control de carácter general sobre el Ejecutivo, como las comisiones de investigación o las interpelaciones y preguntas.

  Por último, es necesario analizar, dentro del control externo, el Tribunal de Cuentas, “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”, en palabras del artículo 136.1 de la Constitución. Este órgano de relevancia constitucional se regula por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de marzo, del Tribunal de Cuentas y por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

  El artículo 2 LOTCu establece como funciones propias del Tribunal de Cuentas la “fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público” y el “enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”. En el desempeño de esta doble función, su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, “sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos” (art. 1.2 LOTCu).

  El control de la ejecución de los PGE debe ser reforzado, valorado y estudiado, pues es un instrumento clave para garantizar la transparencia, evitar irregularidades y buscar un gasto público eficaz y eficiente, lo que redundará en beneficio del principio de estabilidad presupuestaria elevado a rango constitucional tras la reforma del artículo 135 CE en 2011.

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Heredera del cortijo

  Ha hablado la heredera de Zapatero ante los diputados andaluces. No se trata de Carmen Chacón, exiliada en Miami, sino de Susana Díaz, en rigor heredera del cobarde Griñán, pero debe de ser que aún hay grados de vergüenza, y mejor decirse heredera de Zapatero, caído en el olvido, que de Griñán, cuya putrefacción está a la vista de todos. 

  El discurso de la heredera ha estado a la altura de Zapatero, sin duda: hueco y manido. Para Elena Valenciano, musa del Jacinto Post, ha sido el primer discurso que ha escuchado en lo que lleva de recorrido el siglo XXI. Ya iba siendo hora…, aunque lo encuentro normal en una señora que no terminó su carrera universitaria por pereza (y porque era más cómodo ser amantada por el partido antes que labrarse un futuro profesional). 

  ¿Quién es esta mujer, destinada a traer la igualdad a los andaluces y derrotar a las oscuras huestes del PP con la inestimable asistencia de los bolivarianos de IU? ¿Quién es esta mujer que pronuncia discursos dignos de los oídos de Elena Valenciano y que se proclama sin tapujos heredera de Zapatero cuando ya nadie se acuerda de él? ¿Quién es la primera mujer en quien confían los socialistas para un puesto de tamaña responsabilidad, aun cuando hayan tenido que amañar ligeramente el proceso para que fuera designada? 

  Pues bien, una hasta ayer desconocida y mediocre aparatchik del PSOE. No discutiré los méritos que asisten a Susana Díaz en su acceso a San Telmo, por ella misma enunciados: “Soy mujer, socialista y muy de izquierdas”. De una agente del PSOE andaluz no se podía esperar otro cursus honorum, naturalmente. En El Plural, entusiasmados con la heredera, informan de su palabra preferida, “Igualdad”, y de su lema: “Partido, partido, partido”. Obvio en alguien que jamás ha conocido algo distinto y que ha vivido de ello desde su más tierna juventud, pero quizá no lo más adecuado para alguien que asegura gobernará para todos los andaluces.  

  En cuanto a su programa, más bien habría que hablar de la falta del mismo. Mucho humo y poco contenido. Es de destacar que, después de treinta años gobernando esa región, por fin el PSOE decida combatir la corrupción en vez de beneficiarse de ella. Pero las propuestas de Díaz en este sentido, como la de prohibir donaciones privadas a los partidos políticos, son ridículas. ¿Por qué los socialistas necesitan prohibir algo que es de aceptación voluntaria? Si no quieren donaciones privadas, sólo tienen que rechazarlas, no están obligados a aceptarlas. 

  Al final, el PSOE va a remolque de IU y será el programa de los bolivarianos el que se imponga, más aún. Un programa que se resume en impuestos, regulaciones y persecución sistemática de quienes demuestran talento y crean riqueza y empleo. Me pregunto, de paso, si Valderas considerará que Díaz tiene las “tetas gordas”, que de eso él sabe bastante. 

  Perdí toda esperanza en Andalucía cuando el PP no fue capaz de alcanzar la mayoría absoluta en 2012. De momento, es una región condenada al atraso y la pobreza, aunque mantenga la alegría que proporcionan los discursos demagógicos y el ingenuo convencimiento que el modelo que allí se está ensayando de forma incipiente será sostenible en el tiempo.

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  Hace ya unas semanas, denunciaba Octopusmagnificens –a propósito de la cruzada de David Cameron contra la sexualidad en Internet— la cohabitación entre feministas y conservadores. Por mi parte, manifesté una vez más mi repugnancia hacia “la falta de respeto a la libertad individual que demuestra Cameron, otro político que no resiste la tentación de dictar pautas morales a sus semejantes, so pretexto de la socorrida protección de la infancia”. 

  Un ejemplo reciente de cómo actúa ese matrimonio de conveniencia lo ofrece la campaña impulsada por Hazte Oír (HO) contra el programa Campamento de verano y, después de varias escaramuzas, Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola Iberia. 

  El casus belli es bastante conocido. Una de las concursantes del citado programa –no caracterizada precisamente por su piedad y castidad— recibió una ducha de chocolate. Al principio la chica reía, pero acabó enfadada: decía haber sufrido un castigo injusto y ser, además, alérgica al chocolate (sic). Hasta aquí los hechos.

  La plataforma HO, dirigida, inspirada y respaldada por católicos, tardó poco en mostrar su escándalo por este suceso y denunciar lo que, a su juicio, constituía un ultraje a la mujer. No a la concursante que fue objeto del castigo, sino a la mujer en general. Tamaña afrenta debía ser vengada. Así, HO, subrogada en las funciones del ridículo y censor Instituto de la Mujer, recurrió a una de sus técnicas preferidas, amenazar con un boicot a las empresas que se anunciaban en el programa si no retiraban su publicidad. 

  Varias cedieron. Coca-Cola, en cambio, no. Marcos de Quinto hizo una defensa de la libertad y declaró que, si a alguien le disgustaba un programa, la solución era tan simple como cambiar de canal. 

  La soberanía del consumidor es sagrada. Por eso, animo a los de HO a que dejen de beber Coca-Cola o a que no sintonicen más programas televisivos que, según ellos, denigren a la mujer. La técnica que están empleando, empero, no me acaba de convencer. Atacan a las empresas que se anuncian, señalando su complicidad en las vilezas cometidas por el programa. ¿Por qué no atacar también a los fabricantes de televisores, soporte esencial para que tales vilezas existan y se difundan? ¿O por qué no presionar de igual manera a las audiencias de esos programas, responsables últimas de que se mantengan con vida? Este modo de actuar merece repulsa.  

  Con su celo habitual, Elentir, paladín de HO e inasequible al desaliento, se ha entregado a un furibundo duelo a muerte con Marcos de Quinto y sus secuaces imperialistas y misóginos, todo ello en defensa de la dignidad de la mujer. Leyendo sus textos, pareciera que en lugar de la broma que he descrito a la pobre concursante la hubieran atado a un poste y azotado con saña. Le sugiero que aplaque su santa desvergüenza y que repase algunos pasajes de la Biblia donde la mujer sale peor parada que en los programas que tanto le escandalizan.  

  No creo, pese al griterío desatado en las redes sociales, que caiga Marcos de Quinto o pierda demasiados clientes Coca-Cola. Son los grandes números los que interesan a una compañía como Coca-Cola y, sinceramente, espero y deseo que la mayoría de la opinión pública no juzgue como un ultraje a la mujer el rociar con chocolate a la concursante de un reality show. Hace falta más sentido del humor, que escasea últimamente, y blindarse frente a la sensibilidad exacerbada (o interesada) que muestran algunos. Sólo una persona malhumorada, pacata, resentida y malpensada podría, ante las imágenes de la polémica (y ante muchos anuncios que han sido retirados por la censura de feministas e integristas), tomarlas como un acto que denigra a la mujer. Una persona normal no le habría dado ninguna importancia. 

  Supongo que las feministas estarán encantadas de que otros se ocupen del trabajo sucio en este caso. Existe, sin lugar a dudas, una alianza entre progresistas y conservadores extremistas en la consecución de su agenda moral, una agenda trufada de puritanismo, mojigatería, feminismo radical e intervencionismo. Se han erigido en una suerte de policía moral que, siempre por el bien del prójimo, aspira a regular las preferencias ajenas sobre la base de sus propias creencias. 

  La amenaza es real y tiene fuerza, pero no nos rendiremos.

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