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Archive for 26 enero 2014

  En un barrio de Burgos cuyo nombre no merece ser recordado, una revuelta callejera –en la que han participado de consuno vecinos indignados y los inevitables antisistema– ha enterrado un proyecto de bulevar ya aprobado y en ejecución, obligando a un medroso alcalde a rectificar en aras de la paz social.
 
  Poco o ningún porvenir auguro a la paz la paz social si se conceden victorias a los violentos. Lo acontecido en el infausto barrio burgalés sienta un precedente peligroso, aunque no vaya a ser necesariamente el preludio de la revolución española, tal y como se han lanzado a anunciar, con indisimulado contento, los botarates de IU. Por ahora, no ha habido toma del Palacio de Invierno y en Madrid se respira orden en las calles.
 
  Las causas detrás de este (reducido) estallido social son múltiples, una mezcla entre el malestar ciudadano tras años de crisis y sacrificios, la desconfianza hacia instituciones y empresarios, la percepción generalizada de corrupción… Posiblemente había demandas de los vecinos dignas de atención, y es seguro que los responsables municipales deberían haberse esforzado más en explicar el proyecto (incluido, por otra parte, en el programa electoral con que el PP ganó las elecciones en Burgos). Mas, desde el instante en que la protesta legítima derivó en algarada, ceder ya no era una opción. Bajo el  pretexto del enfado del pueblo se camuflan demasiados atropellos y, lo que es más grave, intentos de alterar lo que las urnas determinaron.  
 
  El PP prontamente se vio privado de todo apoyo de la oposición, que, a excepción de UPyD, corrió a la calle a unirse a los bárbaros, como viene siendo habitual en IU y su patético imitador, un PSOE que ya no interesa a nadie. Emergió la izquierda bulevar, imitación de la izquierda bolivariana, decidida a que los vecinos conservaran su barrio en perfecto estado de putrefacción. Y eso a pesar de que sus programas electorales de 2011 contenían proyectos similares y aún más ambiciosos. Será que en IU al fin han superado aquel lema tan tajante como absurdo de Anguita: “Programa, programa, programa”. 
 
  La izquierda bulevar, según explicó Santiago González, recurrió a la falacia económica: “El bulevar costará ocho millones de euros mientras la guardería de Gamonal amenaza de cierre por falta de 13.000 euros. Los destrozos causados por los manifestantes en cuatro noches equivalen al cierre de  cuatro guarderías”. No importa, ellos siguen felices por el triunfo del pueblo, que ha conseguido torcer la voluntad de la mayoría absoluta del PP…, otorgada por el pueblo, pero uno que no cuenta, pues acude a las urnas en lugar de apedrear bancos o pintarrajear consignas proetarras.
 
  Interesa aclarar que un barrio forma parte de algo más amplio, no es un reducto privado o feudo de los vecinos en el que ellos deciden a su antojo lo que se hace y lo que no. Ese bulevar no sólo iba a beneficiar o perjudicar al barrio revolucionario, sino a la ciudad entera, y por eso se puede concluir que, en última instancia, lo que ha aplaudido y apoyado la izquierda bulevar es la privatización de un espacio público, impidiendo que los representantes democráticamente elegidos llevaran a cabo sus decisiones. Intereses particulares que se sobreponen a los generales de la ciudad.
 
  Nunca he sido persona de las que exaltan la pertenencia a un barrio, sustitutivo urbano del apego al terruño pueblerino. Hay una espantosa película española, Barrio (1998), un deprimente alegato de determinismo social. Desde que la vi, miré con desconfianza el influjo negativo de los barrios. Ojalá no cunda el mal ejemplo burgalés y siga reinando el imperio de la ley.

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  La creación de Vox, partido que se define como de centro-derecha y que seguramente arañe unos cuantos votos al PP en comicios venideros, es un paso más en la tan cacareada ruptura del bipartidismo, al que se le achacan muchos de los males que padece España. Sin embargo, mi opinión es que el fin del bipartidismo traería perjuicios en lugar de beneficios.   
 
  Porque el problema no es el bipartidismo, sino la partitocracia. Puede que los dos grandes partidos estén enfermos, pero eso no quiere decir que el bipartidismo sea malo per se. Y, para mí, el multipartidismo es mucho más problemático.
 
  De entrada, un exceso de partidos es el reflejo de una sociedad caprichosa que no sabe transigir o sujetarse a unos principios amplios. Da la impresión de que los españoles desearían un partido por persona, uno que se adapte perfectamente a sus ideas y visiones particulares. Una vía directa al fanatismo, al sectarismo y a las posiciones maximalistas. 
 
  En contra de esta tendencia, Cánovas dijo: “La política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible; nosotros venimos ante todo con la realidad; nosotros no hemos de hacer ni pretender todo lo que quisiéramos, sino todo lo que en este instante puede aplicarse sin peligro”. En la práctica, uno de sus mayores logros durante la Restauración fue la conformación de dos partidos –conservador uno y liberal el otro– capaces de aglutinar las diversas orientaciones políticas y que podían turnarse en el poder sin traumas. 
 
  Otro inconveniente del multipartidismo es que una hipotética atomización del Parlamento tendría como correlato la inestabilidad y la ingobernabilidad de España. Las experiencias tripartitas en algunas regiones así lo ponen de manifiesto. Si UPyD y Ciudadanos, que tantos puntos en común presentan, no han podido llegar a un acuerdo entre ellos, qué no ocurrirá con partidos más radicales que no están dispuestos a ceder en nada. 
 
  Por otra parte, conviene reconocer que han sido los grandes partidos los culpables de ir perdiendo las mayorías holgadas que son la base de un sistema maduro. Del PSOE es mejor ni hablar, tal es el bochorno que origina un partido que sólo podría servir bien a España con su desaparición, permitiendo a UPyD tomar el relevo en el centro-izquierda y a IU en la extrema izquierda.
 
  El PP de Mariano Rajoy tampoco ha sabido mantenerse unido, en buena medida por las dudas, manías e inacción del su máximo dirigente. Así, primero fue la ruptura con UPN en 2008; posteriormente, el FAC de Álvarez-Cascos en Asturias; y ahora ha surgido Vox. Todas estas escisiones, por llamarlas de alguna manera, se habrían podido evitar (quizá la de UPN no). 
 
  Lo más sano que pueden aportar estos partidos de nuevo cuño es la presión sobre los dos grandes, que están compelidos a renovarse para conservar su protagonismo. En el caso del PSOE, aun así, no hay esperanza. UpyD e IU están llamados a ocupar su lugar. El PP, en cambio, aún está a tiempo de pasar al ataque y perseguir un proyecto con vocación de mayoría que salve a España del caos multipartidista.

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  Como suele ocurrir, lo que acaparó la atención del público en la intervención del Rey en la pasada Pascua Militar fue lo anecdótico (sus dificultades pasajeras para leer el texto) y no el mensaje de fondo, que no era otro que destacar el esfuerzo que están realizando los militares para mantener las capacidades en un escenario económico adverso. No es problema nimio el de la operatividad de las Fuerzas Armadas, aunque mucha gente –feliz en su ingenuidad o en su odio a la milicia– se empeñe en verlo así. 

 
  El Ministerio de Defensa ha perdido un tercio de su presupuesto desde 2008, contando con tan sólo 5745 millones para 2014. Lo exiguo de estas cifras ha obligado a que se adopte un plan por el cual sólo un 10% de los efectivos totales (123.000) esté plenamente operativo, según informó El País. El futuro está en la tecnología y el armamento, siendo cada vez menos relevante el número de soldados; pero, aun así, inquieta que los políticos despachen este asunto con excesiva ligereza.  
 
  Un gran tópico de la crisis ha consistido en que, una vez admitida la necesidad de recortar el gasto público, había que reducir los gastos de defensa para no tocar otros, más esenciales en un Estado de Bienestar. Aunque así ha sido en la práctica, a tenor de los datos, la reclamación no ha perdido fuerza y sale a relucir a poco que se converse con un progresista algo informado. 
 
  Desde hace tiempo, los progresistas y otros incautos dudan de la necesidad de las Fuerzas Armadas. Tienen fe en un futuro de cooperación internacional y resolución pacífica de los conflictos, sin que exista ningún indicio medianamente sólido, por descontado, de que tal visión tenga visos de hacerse realidad. Es al revés, pues las amenazas a la seguridad de los países occidentales crecen cada día. Aparte del terrorismo musulmán, están las potencias emergentes, que se preocupan, muy prioritariamente, de incrementar su poderío militar.
 
  España no puede permanecer ajena a este panorama. La integración en la UE y en la OTAN no libera de la obligación de disponer de un ejército funcional, pues la defensa común exige que todos participen. Y, por si alguien pretende ignorarlo, España es un país con un vecino del sur que codicia varios de sus territorios y con importantes enemigos internos, los nacionalismos, embarcados actualmente en una carrera hacia la ruptura de su unidad.
 
  Un Estado necesita un ejército a fin de garantizar su soberanía. De ahí que los separatistas no descarten crear un ejército catalán en caso de que la quimera de una Cataluña independiente se materializara. Aun sabiendo a ciencia cierta que ese improbable nuevo Estado no tendría un euro en sus arcas, no se ha dejado de plantear tal posibilidad. Porque para el Estado sigue siendo vital la fuerza militar con la que proteger la seguridad y libertad de sus ciudadanos y su integridad territorial. 
 
  Por todo lo anterior, me sumo al mensaje de ánimo que el Rey envía a las Fuerzas Armadas en estos momentos de estrecheces, en el buen entendido de que esa falta de recursos no debe ser la nota dominante en el largo plazo.

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  La futura Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada, causante de un importante revuelo, ofrece, a mi juicio, un tratamiento más deseable del aborto que la actual legislación, demasiado permisiva. Al menos en el plano de las intenciones, Gallardón acierta y, por una vez, le brindo mi apoyo, con algunas salvedades que más adelante precisaré.
 
  Ya he manifestado en el pasado mi oposición al aborto libre. No me mueven motivaciones religiosas para rechazar una ley de plazos, sino la convicción de que una ley de supuestos es más compatible con el equilibrio entre protección del nasciturus y derechos de la madre sostenida por el Tribunal Constitucional en su interpretación del artículo 15 de la Constitución (véase STC 53/1985, de 11 de abril).
 
  Por otra parte, la libertad exige responsabilidad. “Quien disfruta sin precaución tal vez debería asumir las consecuencias de sus actos”, escribí hace tiempo. La regulación vigente supone una merma de la responsabilidad individual, infantiliza a las mujeres y convierte al Estado en una especie de cómplice para eludir problemas creados por decisiones tomadas libremente.
 
  Y desde un punto de vista económico, conviene a España que haya más nacimientos, aun cuando sean fruto de la prohibición general de abortar: padecemos un serio problema de baja natalidad que va a ir peor y tendrá graves consecuencias. 
 
  Ahora bien, hay un punto de la nueva ley sumamente objetable, el de la supresión del aborto eugenésico, es decir, por taras físicas o psíquicas graves en el feto. Sin que sirva de precedente, me sumo a las reivindicaciones de PSOE e IU. La izquierda no quiere más discapacitados, ya que implican un alto coste tanto para las familias como para el Estado. Arcadi Espada expresó este sentir con meridiana claridad: “Si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga”. Al fin coincido en algo con los progresistas.
 
  Produce perplejidad, por lo demás, lo mal coordinada y preparada que ha estado la presentación de los planes del Gobierno popular. Conociendo la reacción virulenta e histérica que tendría la izquierda, ¿cómo es que no estaba todo atado, de tal forma que el PP se mostrara unido y sin fisuras en este asunto? ¿O es que algunos dirigentes se asustan con facilidad ante las alharacas feministas? Si el PP quiere destruir los monopolios –morales y políticos– detentados por la izquierda, ha de actuar con mucha más contundencia y, sobre todo, ateniéndose a una estrategia clara. No puede ser que Gallardón presente una ley que de seguro dará lugar a controversia y a los pocos días se hagan públicas discrepancias que ya debieran estar solventadas.
 
  Honestamente, todo este embrollo tan poco productivo podría haberse evitado manteniendo la regulación de 1985. Zapatero, con la intención de dividir a los españoles y, más concretamente, atizar a los católicos, promovió una ley excesivamente generosa sin que hubiese demanda real de la misma y sin llevar tal reforma en su programa electoral. España, país de movimientos pendulares, ve ahora cómo se retorna a las restricciones en el aborto. Y, mientras tanto, el TC aún no ha dicho la última palabra…

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