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Archive for 27 abril 2014

  Apeado Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, el progresismo patrio necesitaba un juez que encarnara su peculiar modo de entender la Justicia, esto es, que los tribunales actúen como una especie de checa al servicio de una ideología y no de la ley. El juez Elpidio José Silva ha ocupado el vacío dejado por Garzón con singular éxito, ganándose la aclamación de los progresistas, aunque corre el riesgo de terminar su carrera condenado por prevaricación, igual que el añorado juez campeador.

No albergo ninguna simpatía hacia Blesa, pero resulta palmario que la instrucción de Elpidio fue harto irregular: en lugar de aplicar el Derecho al caso concreto, parecía obsesionado con enviar al cajero a prisión provisional al precio que fuese, aun cuando su competencia para ello era dudosa. Actuaciones como la suya acaban beneficiando al imputado, que puede presentarse ante el público como víctima, y, como es obvio, impiden que la instrucción se desarrolle correctamente y suministran munición a la defensa.

Tras ser suspendido, Elpidio se ha entretenido hablando mucho de su libro y, actualmente, es candidato a eurodiputado, pues ya cuenta con un pequeño partido con el que defender sus pequeñas ideas. El resumen de todo lo que expone Elpidio allí donde le llaman es que ha sido víctima de un sistema corrupto gobernado por oscuros poderes económicos y que, sin él, la Justicia ya no existe en España. Éste es el nivel. Elpidio bien podría reclamar para sí el excelente título en español de Death Wish II (1981): Yo soy la Justicia.

Pues bien, el esperpento ha continuado ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le está juzgando. En un intento por suspender el juicio, ha renunciando de forma fraudulenta a su letrado, Cándido Conde-Pumpido Varela –hijo del antiguo Fiscal General del Estado–, un simulacro de abogado que es más carne de plató de televisión que de otra cosa. Y, contagiado ya del virus de la política y del estrellato televisivo, ha convertido la sala en una auténtica ópera bufa. Por allí desfilan afectados por las preferentes insultando a Blesa, Cándido llega tarde porque estaba dando una entrevista…

Elpidio se ha salido con la suya al lograr retrasar todo recusando a dos magistrados. A pesar de sus torticeras maniobras, está recibiendo el apoyo de la izquierda, que ve en él, como ya he dicho, un héroe justiciero. Cuando el enemigo es un amigo de Aznar, ¿cómo va a tener uno que sujetarse a las reglas del proceso? Piden para él lo mismo que para Garzón, carta blanca.

Personajes como Elpidio, enloquecidos por mor del poder que les otorga el Estado de Derechol, hacen mucho daño a la Justicia, de la que se aprovechan para dar satisfacción a sus egos o intereses partidistas o para cimentar una carrera mediática o política. Lo deseable es que sea apartado de la carrera judicial y se dedique a impartir doctrina –que no Justicia– únicamente desde los platós de La Sexta.

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  La semana pasada intenté dejar claro que las exigencias del nacionalismo catalán no tienen cabida en la Constitución. Tampoco hay buenas razones económicas o históricas que sostengan su postura. En cambio, sí existe un fuerte sentimiento y un apoyo popular que no puede ser obviado. Este problema, pues, difícilmente se va a arreglar solo, y si bien considero acertado que el Gobierno no muestre todas sus cartas antes de tiempo, en algún momento la crisis llegará a su punto álgido y habrá que dar una respuesta que no se limite al recordatorio de que se hará cumplir la ley y en dar cuenta de los perjuicios económicos que una separación acarrearía para Cataluña.

  Hay algunas voces no indocumentadas que, inspiradas por el ejemplo canadiense, defienden que se regule un procedimiento serio y riguroso que eventualmente pueda desembocar en la separación de una parte de España, previa reforma constitucional. Ya en el pasado me referí a las tesis de Ruiz Soroa, ahora aumentadas y mejoradas en la obra colectiva La secesión de España (Tecnos, 2014), y las sigo calificando de ingenuas y vanas, pues encierran una ignorancia no sé si deliberada acerca de la naturaleza del nacionalismo: regular un procedimiento para la separación (¡y la posible consecución de ésta!) no bastaría para aplacarlo. Si los nacionalistas perdieran el referéndum, aducirían que estaba amañado, que el Estado jugó sucio, que las condiciones pactadas en verdad fueron impuestas… En caso obtener un resultado favorable, y tras la traumática separación, ¿cuánto tardarían en acusar a lo que quedara de España de sus dificultades o en reclamar las zonas de habla catalana de Aragón, o directamente las Islas Baleares o Valencia? Ceder, aunque sea en un marco legal ad hoc, no es la solución.

  Las distintas propuestas de reforma de la Constitución merecen el mismo poco crédito. La de los socialistas, basada en un federalismo que rechazan los propios nacionalistas, no es otra cosa que la expresión del miedo o reparo del PSOE a defender la unidad de España sin ambages. Es una reforma pensada para mantener unido al PSC con el PSOE, no para mantener unida España. Otra opción, insinuada por Duran, consiste en introducir una disposición adicional en la Constitución que reconozca la singularidad catalana, le otorgue una situación privilegiada, etcétera. Por supuesto, el agravio comparativo sería intolerable para otras regiones, la mayoría de las cuales han mostrado una lealtad institucional infinitamente más elevada que la de la clase dirigente catalana. 

  A mi juicio, cualquier salida a esta crisis que suponga premiar el victimismo, la deslealtad y el chantaje será errónea y, sobre todo, un mal ejemplo que puede espolear futuras aventuras. Mas el problema va a seguir ahí, indudablemente, a pesar de que se cierren las puertas y abunden las negativas. 

  Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público, ha advertido que, si no se hace nada, la vía de los hechos, ya barajada por los nacionalistas, no es tan impracticable como parece. La creación de un Estado, según explica esta autora, es una cuestión que depende de la efectividad de los hechos. Es conocida la poca presencia del Estado en Cataluña, donde determinadas sentencias de los tribunales no se cumplen o se cumplen a conveniencia, donde se oculta bajo un velo negro el retrato del Rey y se margina la bandera española… Si el día de mañana se proclama la independencia y sus promotores controlan el territorio, lo último que debería hacer el Gobierno sería recurrir al Tribunal Constitucional o –aún peor– a instancias internacionales.

  En tal hipótesis, y justamente para evitar la fuerza de los hechos, habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución y, por qué no, declarar el estado de sitio, cosa que autoriza el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio cuando “se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”. 

  Es evidente que estos remedios sólo valen a corto plazo. La intentona sería abortada… y en el futuro vuelta a empezar. No sé si habrá cura para el nacionalismo o si a lo que más se puede aspirar es a conllevar el problema, como dijo Ortega y Gasset. En todo caso, es insaciable. En lugar de buscar la manera de acomodarnos a sus pretensiones sin que todo reviente, ¿por qué no empezar a combatirlo con más determinación y amplitud de miras? Ésa es la única solución real a largo plazo.

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  El debate sobre el proceso separatista en Cataluña, si se centra la atención en la parte nacionalista, aparece absolutamente viciado. Cabalgan a lomos de un conjunto de falsedades, emociones cursis y propaganda de saldo, y por momentos diríase que ellos mismos están confusos, que no saben lo que quieren y cómo. En las intervenciones de Francesc Homs se aprecia la misma convicción que pondría el interfecto en la defensa de una colonia de hormigas. Artur Mas dice cada día una cosa distinta: salta del “marco legal” a la “declaración unilateral de independencia”, y de ahí a las “elecciones plebiscitarias”.

  Es imposible dialogar seriamente en estas condiciones, esto es, cuando uno de los interlocutores padece una enajenación mental grave. Un buen ejemplo de la falta de escrúpulos, demencia e impostura de los nacionalistas lo constituye la interpretación que han dado a la Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo, que, según ellos, admite la constitucionalidad del derecho a decidir y abre un portillo a sus planes. Nada más lejos de la realidad, por supuesto.

  De entrada, es llamativo que los nacionalistas, que inicialmente descalificaron al TC y negaron su legitimidad, se acojan a un pasaje de la sentencia citada para tratar de seguir engañando a la opinión pública. De esta manera, el TC solamente gozaría de autoridad cuando les da la razón. En este caso, como se verá enseguida, ni siquiera es así, pues los nacionalistas, en un estrambótico intento de manipulación, hacen decir al TC algo que no dice ni por asomo.

  La STC 42/2014 resuelve el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno contra la resolución del Parlamento de Cataluña que atribuía una soberanía específica al pueblo catalán y proclamaba su derecho a decidir. El Alto Tribunal, en un pronunciamiento aprobado por unanimidad, señala que la soberanía nacional, conforme al artículo 1.2 de la Constitución, reside con carácter exclusivo en el pueblo español, por lo que “a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano”. En consecuencia, declara nula e inconstitucional la resolución enjuiciada en la parte en que se refiere al pueblo catalán como sujeto soberano (Fundamento Jurídico 3).

  La opinión del TC es menos contundente en relación con el derecho a decidir. Buscando una interpretación ajustada a la Constitución, como es su deber, el TC considera que es “una aspiración política” que podría realizarse con sujeción al orden constitucional (ibidem). Más adelante, el TC sostiene lo siguiente: “El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable” (Fundamento Jurídico 4).

  Todo lo anterior ya lo había dicho el TC en otras ocasiones y, en cualquier caso, se deriva con meridiana claridad de una Constitución que no es, como querrían algunos, papel inerte, sino una auténtica norma jurídica. Como tal, es obvio que puede reformarse… siguiendo los cauces en ella previstos. Lo cual es justo lo contrario de lo que plantean los nacionalistas.

  El TC no reconoce ningún derecho a decidir ni avala las patrañas conceptuales del nacionalismo. Sólo conserva la referencia al derecho a decidir en tanto en cuanto no sea más que un desiderátum que debe materializarse dentro del orden constitucional, lo que supone respetar las reglas de juego establecidas. Por lo tanto, los nacionalistas están mintiendo una vez más y así lo denuncio.

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  Las elecciones al Parlamento Europeo, además de no atraer mucha participación ciudadana, suelen ser interpretadas en clave puramente interna, como unos comicios sin muchas consecuencias en los que se aprueba o censura la gestión del Gobierno. Pero no debería ser así. Desde el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha ganado en competencias y peso en la Unión Europea, y es determinante para la composición de la Comisión. Quiénes formen parte de esta última no es un asunto baladí.  

  Las instituciones europeas, hasta ahora, han tratado de embridar el gasto público de los Estados miembros, promoviendo la austeridad presupuestaria. Asimismo, se ha mantenido la independencia del Banco Central Europeo frente a los constantes llamamientos a que lleve a cabo una política monetaria expansiva.   

  Ignoro si lo anterior puede cambiar en caso de una victoria socialdemócrata, pues los mercados no se dejan engañar fácilmente. Hollande, que antaño iba a salvar Europa con su apuesta por el crecimiento, hogaño promete recortes y disciplina en las cuentas públicas.   

  De todos modos, la austeridad, en la práctica, ha sido más bien discreta, como ilustra el caso español, y si los apuros con la Deuda pública se han superado ha sido por las garantías del BCE, no tanto por la actuación de los gobiernos, aunque otros países han recortado más y mejor.   

  Lo que España está presentando a Europa no es nada brillante, por lo que no es de esperar un debate de altura sobre el futuro de la Unión. Primero está el PSOE, que acude a las elecciones sin haber renovado ni ideas ni candidatos, con Elena Valenciano como cabeza de lista, una política de poco fuste, con graves deficiencias y un discurso enlatado que huele a caduco. López Aguilar, tan bufonesco como Valenciano, al menos poseía un fondo intelectual.   

  El proyecto del PSOE se resume en la idea de exportar a Europa el ruinoso, fracasado modelo andaluz, lo que es de agradecer, ya que ahorra ulteriores comentarios: en un país serio, condenaría al ostracismo político a cualquiera.     

  A la izquierda del PSOE, se encuentran IU y el chiringuito de Pablo Iglesias. Estas formaciones representan el antieuropeísmo –en versión española– y están encaramadas en una demagogia furibunda y abyecta.   

  En cuanto al PP, empeñado en negarse a sí mismo, carece aún de candidato, un síntoma de patética debilidad para un partido con mayoría absoluta y medios más que suficientes para hacerse oír. Los datos económicos alentadores deben difundirse y explicarse, pero no es lo único que cuenta. La incipiente recuperación está siendo utilizada a modo de salvavidas por un Gobierno al que le falta ambición en las reformas y en el discurso.   

  Las elecciones europeas son más importantes de lo que pueda parecer a simple vista. Aun cayendo en el error de considerar sólo el escenario nacional, pueden ser el principio del fin de la hegemonía del PP, una situación plagada de incertidumbres en un instante especialmente delicado.

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