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Archive for 27 julio 2014

  El gran Amando de Miguel llamó politiqués al “dialecto de los hombres públicos”. Se trata de la jerga –ora ampulosa o recargada, ora vulgar o directamente absurda– que utilizan los políticos de todo pelaje. Precisa De Miguel lo que sigue: “Consiste más bien en emplear un lenguaje repulido, atento a las modas y sujeto a la necesidad de impresionar a los oyentes”.

El politiqués se nutre de frases manidas, muletillas varias y lenguaje políticamente correcto. Ejemplos señeros son es el ya muy extendido “Poner en valor”, expresión carente de sentido, o el “Compañeros y compañeras” y “Todos y todas”,  la aportación de Batasuna al idioma español.

Junto a unas formas ridículas y retorcidas, el discurso político se caracteriza, cada vez más frecuentemente, por su ausencia de contenido o por ser éste sumamente peregrino o simple. Los recientes discursos de Pedro Sánchez sirven de muestra. Apenas hay en ellos ideas o sustancia. Abundan, en cambio, las frases hechas, los guiños demagógicos, el recurso al eslogan…

Por supuesto, el discurso de un político actual no resiste la comparación con el discurso de los prohombres del siglo XIX. Es otro nivel. El problema es que, habiendo repasado intervenciones y entrevistas de principios de los noventa, estoy en condiciones concluir que el discurso político de 2014 sale perdiendo por mucha diferencia. El empobrecimiento ha sido radical en unos pocos años.

Las causas pueden ser muchas. Los políticos se han profesionalizado, ya no provienen necesariamente de las élites o de profesiones antaño vinculadas a la política y con una considerable carga intelectual. Además, existe la necesidad de llegar a un público muy amplio y que sea fácil la difusión, por lo que los mensajes tienden a simplificarse. Por último, estamos en una sociedad muy acelerada y que se ha vuelto perezosa debido a la facilidad en el acceso a la información. En este contexto, los políticos se conforman con poco: la gente, también.

Que nadie intente presentar a Pablo Iglesias como un rayo de esperanza en este sentido. Recuerdo cómo, hace no tanto, las tertulias televisivas no tenían prestigio alguno: había bromas sobre esos tertulianos que supuestamente sabían de todo. Pues bien, ahora parece que esas mismas tertulias, más polarizadas y depravadas que antaño, son el gran faro de la política española. Iglesias no es más que un charlatán, pero tiene la ventaja de ser un profesor relativamente joven con nociones de comunicación audiovisual. Posiblemente sea el tertuliano perfecto, que no es lo mismo que ser un político de categoría.

Creo que entre el politiqués y la falta de ideas o su poca elaboración la política española ha caído muy bajo. ¿Y qué hay de la sociedad española en general? Deberíamos interrogarnos sobre eso seria y honestamente, sobre cómo hablamos y la profundidad de nuestro pensamiento. Porque tal vez nos hayamos vuelto definitivamente tontos, como advertía un profesor al que admiro mucho.

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  Desde hace mucho tiempo, la Justicia ha estado muy mal valorada por los españoles, al menos según las encuestas del CIS. Es por ello que un compromiso recurrente en los programas electorales de los partidos es el de la reforma de la Justicia, una reforma siempre pendiente e inacabada: cada Gobierno ha aportado algo.

El actual Gobierno no es una excepción y, durante esta legislatura, ha puesto en marcha distintas iniciativas reformistas, en su mayoría poco o nada acertadas. La obra legislativa del Ministerio de Justicia, en general, ha sido calamitosa y deplorable, como era de esperar estando Gallardón al frente del mismo.

No obstante, he de alabar la nueva limitación o restricción de la jurisdicción universal (vulgo justicia universal), muy contestada por los progresistas y la izquierda radical, que apoya todo que hace quedar a España en ridículo en el plano internacional.

Ya en 2009 el legislador decidió limitar la jurisdicción universal, cuya aplicación inmoderada por la Audiencia Nacional estaba produciendo escasos resultados tangibles y no pocos conflictos diplomáticos. Había dejado de ser un instrumento de protección de los derechos humanos para transformarse en un vehículo destinado al lucimiento personal de determinados magistrados.

La reforma de 2009 recogía los sabios criterios expresados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de febrero de 2003, en la que argumentaba que para que los tribunales españoles pudieran perseguir crímenes internacionales en aplicación de la jurisdicción universal debería concurrir “una conexión con un interés nacional como elemento legitimador”.

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, que modifica el artículo 23 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, señala, con razón, que “hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional”. A tal fin, la reforma persigue el objetivo de delimitar “los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía”, atendiendo a los tratados internacionales y al principio de subsidiariedad. Sin entrar en el sumamente complicado texto legal, puede concluirse que la jurisdicción universal no es eliminada pero sí prácticamente anulada o reconducida a términos razonables.

Baltasar Garzón, juez prevaricador, ha vociferado en las páginas de El País contra el “oasis de impunidad” que origina la reforma, y a él se ha sumado un nutrido coro de “bleeding hearts”, que diría Pierre Trudeau, señal inequívoca de que el legislador no ha errado el tiro. La propia Audiencia Nacional, enfadada por esta súbita pérdida de poder, ha intentado presionar al legislador liberando a narcotraficantes bajo una interpretación harto discutible del artículo 23.4.i) LOPJ (véase la sentencia del pasado 28 de abril de la Sala de lo Penal y el voto particular de Fernando Grande Marlaska, Concepción Espejel y Ángel Hurtado).

España no podía permitirse el lujo de una jurisdicción universal con un ámbito de aplicación excesivamente amplio, y menos cuando la Justicia –desprestigiada y tecnológicamente atrasada– acumula sangrantes retrasos en asuntos que afectan a miles de ciudadanos. La realidad se acaba imponiendo.

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  El mantra que incesantemente están repitiendo los políticos de todo pelaje y condición es el de la regeneración democrática. La semana pasada traté aquí la elección directa de los alcaldes, una reforma que se inserta en esa tendencia. Hoy toca hablar de las primarias, piedra angular del movimiento regeneracionista.

Para buena parte de la doctrina, la exigencia constitucional de que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos sean democráticos nunca fue tomada muy en serio. La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos, establece en sus artículos 6 a 9 a qué debe ajustarse la organización, funcionamiento y actividad de los partidos para que cumplan con el principio democrático. Así, se regula la existencia de una asamblea general que decidirá sobre los acuerdos más importantes, se indica que los órganos directivos deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto, se enumeran los derechos y deberes de los afiliados… Pero, de acuerdo con autores como Garrido López, la norma se queda corta.

En los últimos tiempos, el concepto de primarias (da igual cómo y para qué) se ha instalado en la psique colectiva como una necesidad ineludible a fin de regenerar los partidos y volver conectarlos con la sociedad.  La mala opinión que una mayoría de ciudadanos tiene de la clase política y los partidos (véanse los barómetros del CIS), así como las crisis internas abiertas en el PSOE e IU y la aparición en escena de Podemos, son circunstancias que coadyuvan al encumbramiento de las primarias. La pujanza de las redes sociales, que permiten una comunicación directa con los ciudadanos y segmentación de mensajes, también explica el avance hacia mayores cotas de participación.

Hoy el PSOE celebra primarias para elegir a su Secretario General, UPyD tiene previsto un sistema de primarias en sus estatutos y en el PP hay corrientes opuestas al exceso de poder de las cúpulas de los partidos y que abogan por incrementar la democracia interna. Representante de estas ideas es Percival Manglano, quien apuesta por primarias de afiliados del PP (e incluso de simpatizantes, es decir, primarias abiertas) para elegir candidatos y dirigentes.

La profesora Victoria Rodríguez Blanco, que se ha ocupado del estudio de los partidos políticos, ha señalado la ausencia de democracia interna como uno de los males de que adolecen los partidos españoles. A su entender, las primarias deberían ser obligatorias y habría que conceder más garantías a los militantes disidentes o díscolos para que pueda ser escuchada su voz. De la misma opinión es el profesor Garrido López.

No hay duda de las que primarias contribuirían a airear los partidos y a que recuperaran parte de la credibilidad perdida ante los ciudadanos. Además, son un medio de integrar las distintas facciones, debatir ideas dentro de la misma familia ideológica y evitar escisiones. Estoy casi seguro de que partidos como FAC o Vox no habrían surgido de haber recurrido el PP a las primarias.

Como inconvenientes de su utilización, hay que mencionar, sobre todo, que alargan los períodos electorales (en Estados Unidos, máximo exponente en la materia, las elecciones presidenciales absorben la atención de todo el país durante más de seis meses) y pueden ser la vía de ascenso de líderes carismáticos y seductores pero incompetentes.

Ciertas modas son imparables: la generalización de las primarias podría ser ya inevitable. Para mí, no es fundamental. Lo que verdaderamente debería importar es el grado de concentración de poder en manos del Estado. La regeneración que juzgo saludable es aquella cuyo resultado sea la disminución del tamaño del sector público y que los partidos políticos no sean los dueños y señores de todas las instituciones, desde las universidades al Consejo General del Poder Judicial. Y las primarias no tienen por qué erradicar esa perversa partitocracia denunciada por Alejandro Nieto.

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  Con tanto ajetreo como ha habido recientemente, olvidé dejar constancia del noveno aniversario de este blog. Enlazo, como regalo a mis lectores, esta entrevista a Gene Simmons.

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  El anuncio de Mariano Rajoy de que quiere que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos ha tenido una desigual acogida. Para el PP, es parte de la regeneración democrática –de última hora– que propugna. El PSOE expresa su rechazo, pese a que en el pasado lo defendió. Y no falta la opinión de Pablo Iglesias, quien, erigido el centro del universo, opina que sería un cambio dirigido única y exclusivamente a perjudicar a su chiringuito electoral.

El artículo 140 de la Constitución ya contempla esta opción: “Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos”. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General se decantó por la elección indirecta, esto es, efectuada por los concejales, debiendo obtener el candidato a alcalde mayoría absoluta de los votos en una primera votación; si ningún concejal obtiene dicha mayoría, será elegido el que encabece la lista más votada (art. 196).

No obstante, existen en España municipios donde hay elección directa de los alcaldes. El texto constitucional consagra en el artículo 140 el régimen de concejo abierto. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en ese régimen todos los vecinos forman parte de una asamblea que elige al alcalde.

La Constitución, como se ha visto, no excluye la elección directa, que ya se da en los municipios que funcionan en concejo abierto (aquellos que, en general, tradicional y voluntariamente cuenten con ese régimen). El gran problema de la reforma esbozada por Mariano Rajoy es que, aunque el alcalde es quien dirige el municipio, el Pleno del Ayuntamiento no desempeña funciones menores. La elección directa podría dar lugar a situaciones de cohabitación en las que un alcalde de un partido se vea obligado a convivir con un Pleno opuesto a él.

A mi juicio, el PP, haciendo honor a sus malas costumbres, llega tarde y mal. No se puede plantear una reforma de esta envergadura a menos de un año de las elecciones municipales y con fines claramente electoralistas, porque es evidente que se beneficiaría del cambio en la mayoría de los casos. Por otra parte, con las dudas y miedos que suelen atenazarle el resultado final sería, posiblemente, una chapuza que no contentaría a nadie. Cualquier cambio que afecte al sistema electoral ha de abordarse buscando el consenso y la perfección técnica: las elecciones son la fuente principal de legitimidad democrática. En las presentes circunstancias parece un error intentar semejante empresa.

Y no es una idea que rechace en el plano teórico, con todo. Muchas veces aparecen, como recuerda Rajoy, esas forzadas coaliciones de cinco partidos perdedores que se llevan el poder a pesar de que el PP está a uno o dos concejales de la mayoría absoluta; y también es cierto que el actual sistema fomenta la actuación de tránsfugas que defraudan la voluntad popular.

Sin duda, el escrutinio mayoritario uninominal presenta ventajas, pero no es la panacea, y es inquietante que cuando se habla de regeneración democrática ello se traduzca solamente en aproximaciones a la democracia directa, que no tiene por qué ser la mejor democracia.

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