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Archive for 29 marzo 2015

  Qué hacer con los políticos imputados no es un asunto precisamente nuevo. De un tiempo a esta parte, la condición de imputado ha determinado, en general, la exclusión del afectado de una lista electoral o su dimisión del cargo que estuviera desempeñando. Otras veces, en cambio, los interesados o sus partidos se han resistido con tozudez. El criterio no está claro, sino que depende del grado de poder, influencia y simbolismo del imputado.

En todo caso, los partidos se tiran los imputados a la cabeza, los buscan en listas ajenas y puede decirse, en fin, que su ausencia se ha convertido en una especie de marchamo ético.

¿Pero es tan malo estar imputado? En rigor, no. El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece que el imputado (en otras palabras, a quien se le imputa un hecho punible) “podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunica su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho”. Es decir, el imputado no es, evidentemente, un condenado, aunque la opinión pública tienda a no realizar distingos.

Mucha gente, como consecuencia de la cantidad y gravedad de los casos de corrupción que han salido a la luz recientemente, a lo que se une cierto histerismo propio de la idiosincrasia española, ha desarrollado una elevada intolerancia hacia quienes están implicados en los mismos, aun cuando no se haya puesto fin al proceso correspondiente y emitido resolución condenatoria.

Alguna vez se ha insinuado que ningún imputado debería ser elegible. Consagrar tal impedimento en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General sería probablemente contrario al derecho de sufragio pasivo que reconoce la Constitución, toda vez que quedaría cercenado por una situación procesal que, como ya se ha dicho, no responde más que a simples indicios y sin que se haya enervado la presunción de inocencia, otro derecho fundamental recogido en el artículo 24 del texto constitucional.

Por consiguiente, debe rechazarse esa propuesta, estimándose más oportuno que sean los partidos los que decidan si admiten o no a personas imputadas en sus listas, lo que no obsta a que tales personas puedan presentarse por su cuenta o por otros partidos.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende actuar sobre la aludida imagen negativa de la condición de imputado, sustituyendo el término por el de “denunciado”. La utilidad de esta modificación es harto dudosa: no tardará mucho el denunciado en arrastrar una carga tan peyorativa como la del imputado hoy día.

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  Los comicios andaluces inauguran un largo e incierto año electoral marcado por el fin de la crisis y la aparición de partidos nuevos con posibilidades de romper el bipartidismo. En todo caso, como la victoria del PSOE se da por descontada, puede afirmarse sin rodeos que los andaluces han vuelto a elegir un modelo fracasado, corrupto y basado en el clientelismo y la cultura del subsidio. Ellos son felices así, no tienen remedio.

Los distintos partidos, recurriendo en mayor o menor medida al populismo, han desarrollado una campaña que sólo merece el calificativo de grotesca. Esta vez la apología del subdesarrollo ha sido más fuertemente entonada que nunca. Subdesarrollo es Susana Díaz, esa mediocre apparatchik con maneras de pescadera, acusando a Rajoy de recortar, en tanto que Moreno Bonilla formula la misma acusación, aunque dirigida contra Díaz. Subdesarrollo es Pablo Iglesias haciendo una foto con el iPhone a su magro condumio (embutido y pan de molde) de vuelta a Madrid en tren para demostrar su modestia. Subdesarrollo es, en fin, que los partidos renieguen del mérito y la responsabilidad individual y pongan en su lugar las graciosas dádivas de los poderes públicos.

Y es subdesarrollo porque el resultado final de esta política de tenderete y propia de buhoneros es pobreza y paro, amén de corrupción a espuertas.

En aguas tan ponzoñosas navega a sus anchas, naturalmente, Pablo Iglesias y su corte de pelagatos (algunos, en realidad, solamente fingen serlo: la mayoría no ha pasado un apuro en la vida). Si de algo han de servir estas elecciones –debidas al exclusivo interés de una señora que tardó diez años en acabar la carrera, porque estaba demasiado ocupada sirviendo al partido que hoy la sirve a ella– es para medir la fuerza de Podemos en las urnas y comprobar si el PSOE se resiste al pacto con ellos en caso de presentarse la oportunidad.

Por otra parte, resulta hasta conveniente que los chavistas obtengan representación parlamentaria, ya que de esa manera serán más visibles sus errores y disparates, y pronto podrán comprobar los ciudadanos que no son tan puros ni castos. Y donde ayer dijeron que jamás pactarían con la casta, hoy veremos cómo sus reticencias, en cuanto noten la cercanía de consejerías y presupuestos, se relajan notablemente.

Lo inquietante no es lo que ocurra en Andalucía, sino que la enfermedad que sufre se extienda al resto de España en este año tan decisivo. Debe valer como toque de atención a Rajoy y a todo aquel que se oponga a esos que se dicen dignos y que desfilaron por Madrid reclamando sopa boba, que les ajusten (aún más) los grilletes y derechos pero no deberes.

El aperitivo ha terminado. Se acercan las municipales y autonómicas y la cosa, ahora sí, se va a poner seria.

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  Desde que Henri Fayol publicara en 1916 su clásica obra Administración industrial y general, en la que identificaba las funciones que componen la esencia de administrar (prever, organizar, mandar, coordinar y controlar), y sostuviera posteriormente la aplicación de sus reflexiones al Estado, la función directiva en el sector público ha sido un tema recurrente, especialmente a partir de los años setenta, cuando toman impulso los procesos de modernización de la Administración pública.

Dado el aumento imparable de las funciones de la Administración, así como de los recursos económicos y humanos que emplea, y en el contexto de la crisis fiscal del Estado, se puso de manifiesto la necesidad de contar con un personal directivo –no identificado exclusivamente con el funcionario superior del modelo burocrático de Weber— que aportara eficiencia, planificación, coordinación y estabilidad a las organizaciones.

En España, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado establece en su artículo 6 que son órganos directivos de un Ministerio los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales; en la Administración periférica, los Delegados y Subdelegados del Gobierno; y en el exterior, los Embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales.

Pero fue la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos la que abordó por vez primera el régimen del personal directivo, al disponer en su artículo 23 que el personal directivo de las agencias sería “el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el Estatuto de las mismas en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas”, señalando que podrían ser ocupados estos puestos por funcionarios o por personal laboral mediante contrato de alta dirección y sujetándolo a una evaluación “con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados”.

En esta misma línea, el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público introduce la figura del directivo público con carácter general en términos similares a los de la Ley 28/2006, si bien condicionando su existencia efectiva y régimen jurídico específico al desarrollo que eventualmente den al Estatuto el Estado y las Comunidades Autónomas. A día de hoy, es una figura que sigue a la espera de dicho desarrollo.

Aunque es obvio que en la Administración ya se ejerce la función directiva, falta una regulación expresa que aclare y revitalice esta actividad. Y ello a pesar de las dificultades que entraña, ya que asuntos tan elementales como la selección, carrera y evaluación de los directivos son arduos de resolver.

En el caso de la evaluación, sobre todo, es un desafío determinar su contenido, puesto que el directivo público, por contraposición al directivo de una empresa privada, carece de un mercado que ponga precio a sus productos, operando en su lugar el proceso político, que usualmente va a limitar su actuación (piénsese en el político de turno que interfiere en la actividad administrativa imponiendo decisiones disparatadas), incluso en un sentido temporal (los cuatro años del ciclo electoral), además de que concurren otras complicaciones a la hora de valorar su desempeño (hay efectos de las políticas públicas difíciles de medir).

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¿No pasarán?

  El Partido Popular ha gobernado la Comunidad de Madrid desde 1995, siempre con mayoría absoluta. El balance de su gestión no puede ser calificado de negativo. Madrid es, sin ninguna duda, la locomotora económica de España. El paro es inferior a la media nacional, el déficit está controlado, no necesita acudir al Fondo de Liquidez Autonómico para financiarse y cuenta con una sanidad y educación públicas de alta calidad y bien apreciadas por los usuarios.

Se ha dicho que Madrid es un baluarte del liberalismo económico. Desde que Esperanza Aguirre tomó el mando, los impuestos bajos, la disciplina presupuestaria y el fomento de la libre iniciativa privada han creado el marco idóneo para la inversión y el enriquecimiento. Y es por ello que el PIB per cápita en Madrid asciende a 30.768 euros, el más elevado de España.

Sin embargo, las encuestas insisten en que en las elecciones autonómicas el PP no revalidará su mayoría absoluta, lo que dejaría abierta la puerta a una coalición de izquierdas. Se me ocurren varias razones que lo explican. Por un lado, aunque Madrid ha capeado la crisis mejor que otras regiones, sus efectos también se han dejado notar aquí, y los ciudadanos tienden a culpar de sus apuros a los poderes públicos. Por otro, la sombra de la corrupción ha planeado sobre distintos municipios gobernados por el PP, por no hablar de las persistentes sospechas sobre el malhadado ático de Ignacio González. Además, no todo se ciñe a los buenos datos económicos: de un tiempo a esta parte parece que la sociedad española se ha movido hacia posiciones más socialdemócratas (si cabe) o colectivistas. También pesa el Gobierno de Rajoy, que genera, aparentemente, pocas adhesiones y muchas críticas furibundas.

La izquierda codicia Madrid. Y no porque quiera mejorarla o la vea en problemas, sino por el odio con que la distingue. Madrid es la región que alberga la capital de España y, al mismo tiempo, una demostración palpable de que las políticas liberales funcionan. En definitiva, pecados imperdonables para nuestra trasnochada y resentida izquierda.

Es obvio que la izquierda no tiene proyecto alguno para Madrid, más allá de los lemas de pacotilla que haya podido copiar de esas mareas de médicos o profesores que se han especializado en camuflar sus propios intereses bajo la honorable capa del interés general. El auténtico proyecto izquierdista para Madrid es sojuzgar a los madrileños, cargarles de cadenas como castigo por haber votado al PP y haber prosperado sin la tutela del Estado.

Una coalición que agrupara a Podemos, PSOE e IU habría de tener funestas consecuencias para la región. Bajo semejante alianza, florecerían las regulaciones, trabas, impuestos y despilfarros, y se proclamaría que la libertad o el dinero no importan, que lo deseable es la dignidad, la felicidad colectiva y otras bagatelas.

Reconozco que el PSOE, por una vez, no ha presentado a malos candidatos. Carmona y Gabilondo, pese a las chanzas que justificadamente puedan motivar, están dotados de cierta sensatez. ¿Pero bastará eso para que no se dejen arrastrar por los extremismos en cuanto sientan la cercanía del poder?

El PP de Madrid sí ha cumplido su programa. Y, como he destacado, los buenos resultados avalan su gestión. La candidata, Cristina Cifuentes, es una mujer de intachable trayectoria y con una hoja de servicios impecable en la Delegación del Gobierno. Y para Esperanza Aguirre sólo se me ocurren elogios. Si gana el PP sin mayoría absoluta, debería poder gobernar con apoyos puntuales de otros partidos, sean PSOE, UPyD o Ciudadanos. Hay que conjurar el peligro que supone ese nuevo frente popular con que titiriteros y sedicentes intelectuales han amenazado a los madrileños.

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La reforma local

  Si se examina la inveterada tradición de las entidades locales en España, es fácil detectar que han solido adolecer de insuficientes recursos. Además, su endeudamiento creció durante los últimos años de bonanza hasta alcanzar límites insostenibles. Ello motivó la reforma del régimen local a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Inicialmente, la LRSAL era una norma mucho más ambiciosa (y ciertamente cuestionable desde el punto de vista de la autonomía local) que lo que ofrece su redacción definitiva, suavizada a fin de calmar las fuertes resistencias que iba a implicar su aprobación y aplicación.

Así las cosas, donde antes iba a producirse una fusión de pequeños municipios colindantes, ahora se prevén tan sólo convenios de fusión voluntarios (art. 13.4 LBRL). Del mismo modo, las diputaciones provinciales, a las que se pretendía fortalecer, finalmente tendrán que conformarse con el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en su provincia y en ofrecer a los mismos una gestión coordinada de aquellos servicios cuyo coste sea superior a los servicios coordinados o prestados por ella [art. 36.1.h) LBRL].

Incluso en lo tocante al principal objetivo de la LRSAL, esto es, clarificar las competencias y evitar duplicidades (una Administración, una competencia), la solución es descafeinada, puesto que no se eliminan las llamadas competencias impropias de los municipios, causantes de tantos quebrantos en las Haciendas Locales, sino que podrán ser ejercidas siempre y cuando “no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública” (art. 7.4 LBRL). Por lo tanto, subsiste, aunque limitada, la cláusula universal de competencia de los municipios.

En opinión de Santamaría Pastor, debería llevarse a cabo una reforma profunda del sistema de determinación de competencias municipales y provinciales, cosa que no ha hecho la LRSAL, toda vez que se mantienen los rótulos genéricos de los artículos 25 y 26 de la LBRL. Hace falta mucha más precisión. Por otra parte, y siguiendo de nuevo a este autor, hay que revisar los ingresos de las entidades locales para adecuarlos al contexto actual.

Con todo, los municipios han hecho un considerable esfuerzo para equilibrar sus cuentas y cumplir los objetivos que les exige la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por ejemplo, hoy Madrid puede presumir de superávit.

La LRSAL, pese a sus carencias, es coherente con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y, a fin de cuentas, es mejor que nada. Se equivoca Pedro Sánchez al afirmar, en un alarde electoralista poco meditado, que derogaría esta reforma: el régimen local tiene que continuar en esa línea, no volver al despilfarro y descontrol.

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