Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 30 agosto 2015

La nueva interpretación del artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947, esto es, de la cláusula pacifista por la que Japón renuncia a la guerra, está causando un gran revuelo en aquel país y la irritación de sus viejos enemigos (China y Corea del Sur). Se trata de un debate añejo: no es la primera vez que se interpreta ese artículo en el sentido de aflojar el corsé que impone a la defensa de Japón. Ahora Japón podrá enviar tropas al exterior en auxilio de aliados bajo ataque.

La interpretación del artículo 9 nunca ha sido pacífica. Para los socialistas y grupos pacifistas, la existencia de las Fuerzas de Autodefensa es ya inconstitucional. Esta nueva interpretación del artículo 9 (el cual, dicho sea de paso, permanece intacto) no altera, en mi opinión, su contenido esencial, que es la renuncia a la guerra y a la amenaza de la fuerza pero no a la legítima defensa, un derecho consustancial a todo Estado y al que es absurdo renunciar. Las misiones que permite la nueva interpretación tendrían, después de todo, carácter defensivo.

A pesar de las protestas, Shinzo Abe se ha mantenido firme, lo que es digno de elogio, al igual que otras de sus iniciativas, como incrementar el presupuesto militar. Japón no está en medio de un jardín de infancia, sino en un escenario de amenaza potencial para su soberanía, y debe procurarse una defensa sólida.

Asimismo, Abe pidió disculpas por la conducta de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, aunque manifestando seguidamente que las generaciones futuras no tendrían por qué pedir perdón por un conflicto ajeno a ellas. En China y Corea del Sur se sintieron automáticamente contrariados.

Las palabras de Abe son de sentido común. La guerra terminó hace setenta años. Japón perdió y los criminales fueron juzgados y condenados. Sufrió no sólo la devastación de la guerra, sino una ocupación extranjera que duró hasta 1952. En fin, lo normal cuando se pierde una guerra. Vae victis. Y, desde entonces, sus dirigentes han expresado arrepentimiento. ¿Ha de continuar con esa letanía ad infinitum, tratando contentar a un público que siempre pide más?

Shinzo Abe nació en 1954. Sin que haya que olvidar los crímenes horribles que cometió Japón en el pasado, es normal que su política defensiva no se vea condicionada por unos hechos tan pretéritos. El artículo 9 estaba justificado en 1947, no en 2015. Las disculpas no deberían prolongarse más. Bajo los llamamientos al pacifismo laten intereses muy concretos y disputas territoriales. Muchos quieren un Japón inerme, atado de pies y manos, a fin de controlar mejor el Pacífico.

En la serie Zipang (2004), el Mirai, un destructor japonés que está de maniobras en el Pacífico, es transportado a 1942 como consecuencia de un extraño fenómeno meteorológico. Un destructor con tecnología moderna bien podría cambiar el curso de la guerra. Pronto la tribulación tendrá que elegir entre el amor a la patria o la prohibición moral de no cambiar la Historia. Con un tratamiento del tema muy elevado, sin concesiones al nacionalismo rancio ni maniqueísmos, creo que esta serie refleja bien que la sociedad japonesa ha asumido sus culpas y puede mirar al pasado desde la racionalidad. Porque lo ha superado. Un ejercicio que convendría que otros realizaran.

Read Full Post »

El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, privó de cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares, excepto en los casos de urgencia, embarazo o minoría de edad. Fue, a mi juicio, una decisión acertada y razonable en un contexto de austeridad. La contestación de los bleeding hearts hispanos no se hizo esperar, por supuesto. Se esgrimieron razones de solidaridad e incluso de salud pública. Pero la solidaridad ha de tener un límite y los motivos relacionados con la salud pública no se sostienen, porque España no es un país africano en que pueda propagarse con rapidez cualquier tipo de plaga.

¿Qué ha ocurrido en la práctica con esta norma? Dado su carácter básico, es de aplicación obligatoria para las Comunidades Autónomas. Pues bien, varias de ellas, a la sazón no gobernadas por el PP, se resistieron a aplicarla y buscaron subterfugios, no limitándose a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Lo cual es un ejemplo más del mal funcionamiento del Estado autonómico comentado aquí semanas atrás. Por otra parte, en comunidades donde gobernaba el PP tampoco se aplicó rigurosamente y, de facto, en muchos centros sanitarios se ha seguido atendiendo a inmigrantes irregulares bajo el amparo de la excepción por casos de urgencia, que adquiere en muchos lugares la condición de regla. No es nueva esta solidaridad de los profesionales sanitarios pagada con el dinero del contribuyente.

El sainete del RDL 16/2012 está tocando a su fin. Ahora hay más comunidades gobernadas por la izquierda y donde ésta no gobierna, como en Madrid, el PP acepta pasivamente sus tesis y anuncia que dará cobertura sanitaria a los irregulares, aunque sea sin otorgarles tarjeta sanitaria. Una claudicación más de unos conservadores débiles que, carentes del coraje necesario para defender sus ideas, permiten que las izquierdas ganen la batalla ideológica gracias a la incomparecencia del rival.

Resulta profundamente irracional que inmigrantes regulares e irregulares sean tratados por igual, así como que la sanidad española exhiba una generosidad sin parangón que no se compadece de sus limitados recursos. Al final, surge un incentivo más para la inmigración irregular y sin control.

Europa atraviesa estos días una terrible crisis de refugiados. Aunque humanamente se entienda el drama de los que huyen de Siria y otras zonas de conflicto, ni puede ni debe darse cobijo a todos. Porque los servicios sociales no dan abasto ya y porque no es saludable que una masa tan grande de extranjeros, portadores de una cultura y costumbres contrarias a los valores occidentales, se introduzca con esa rapidez en el ya enfermizo cuerpo europeo.

Hay dos modelos a seguir. El de Suecia (cuya izquierda es tan estulta como la española y su derecha se esfuerza por no quedarse atrás), que acoge a todos los refugiados sin reparar en gastos; y el de países como Gran Bretaña, que está intentando frenar la invasión. Prefiero, sin la menor duda, el modelo británico. El malogrado RDL 16/2012 era un paso en la buena dirección.

Read Full Post »

El Estado autonómico español es una realidad difícilmente reversible. La consagración del derecho a la autonomía en la Constitución, así como los niveles de autogobierno alcanzados por las regiones tras largos procesos, comportan que cualquier revisión tope con serios obstáculos. Pero a la vista de la amenaza planteada por el separatismo catalán y otros casos perturbadores que pretendo exponer aquí el debate no debería eludirse.

Los dos casos que traigo a colación muestran un mal funcionamiento, o una tendencia preocupante cuando menos, del Estado autonómico. El primero es la creación en Cataluña de una agencia tributaria propia, lo que ahora parece querer imitar Valencia. Este tipo de medidas han sido criticadas –y no sólo por corporativismo, a mi juicio– por los inspectores de Hacienda del Estado. Intentar sustraer la recaudación de los tributos y el control tributario a la Agencia Estatal de Administración Tributaria es una mala idea, debido a las duplicidades y problemas de coordinación que genera. En Cataluña se va aún más lejos, porque el objetivo final es violar las leyes y declararse insumisos frente a la Hacienda estatal.

El otro caso es el del almacén de residuos nucleares, tema ya antiguo pero aún no resuelto. Lo explica acertadamente Graciano Palomo: “Hete aquí, por ejemplo, que cuando todo el mundo quiere albergar en sus predios el cementerio de residuos nucleares por la morterada de millones (en euros) y con toda la seguridad técnica del mundo, viene don Emiliano García-Page invocando a las grullas inexistentes para dejar a Villar de Cañas con dos palmos de arcilla”.

En El Estado sin territorio (Marcial Pons, 2011), Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes ya abordaban la problemática de la ubicación de los cementerios nucleares en el contexto de un Estado  “que ha perdido en buena medida su capacidad de actuar sobre el territorio” por mor de un autonomismo disparatado que va camino del feudalismo.

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución. Nada que objetar, en principio, a este precepto. De lo que adolece el Estado autonómico es de que, en demasiadas ocasiones, esa autonomía se utiliza con fines exclusivamente partidistas o torticeros (entorpecer la política de un Gobierno central de signo político contrario, mantener el apoyo de determinado partido en el parlamento autonómico…) y con desconocimiento parcial o total de los intereses generales de la nación, que en asuntos como el tributario y el de los cementerios nucleares quedan claramente afectados.

Obviando la malograda Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, el mayor y más cualificado intento de introducir límites y disciplina (en este caso, presupuestaria) en el Estado autonómico ha sido la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Tristemente, es una norma de incierto porvenir, ya que los gobiernos autonómicos se resisten a su aplicación y, por otra parte, si el Gobierno de la nación cambia de manos a finales de año resulta evidente que será reformada con la intención de convertirla en letra muerta.

Antes o después, y siempre que España no se suicide en las elecciones generales, habrá que reflexionar sobre estas consideraciones y proponer reformas atrevidas. Dichas reformas no tienen por qué liquidar el Estado autonómico, sino procurar mejorar su funcionamiento, clarificar el reparto de competencias y garantizar una mejor protección de los superiores intereses nacionales.

NOTA: Este espacio permanecerá cerrado por vacaciones hasta el día 23 de agosto.

Read Full Post »