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Archive for 29 noviembre 2015

Los debates televisivos son un ingrediente esencial de las campañas electorales. Permiten que los candidatos confronten directamente sus proyectos ante una gran audiencia y, sobre todo, ofrecen un espectáculo en el que unos líderes pueden lucirse gracias a su oratoria o réplicas mordaces y otros hundirse por culpa de un error flagrante o una actuación pobre.

En la campaña de 2011, el debate entre Rajoy y Rubalcaba, pese a su rigidez, dejó momentos interesantes y puso de manifiesto que el candidato socialista ya consideraba a su rival como futuro inquilino de La Moncloa, pues le hacía preguntas propias de un periodista ante un gobernante.

Viene una nueva campaña electoral y los debates se han puesto de moda. Los líderes de los partidos emergentes, que viven por y para la televisión, están dispuestos a debatir en cualquier formato. Si en 2011 hubo un único debate electoral al máximo nivel, en 2015 serán al menos tres. Y, en principio, parece difícil que los candidatos se limiten a leer un aburrido guión y a enseñar incomprensibles gráficas a la cámara. Que los políticos tengan que esforzarse más y salir de su área de confort es una buena noticia.

Sin embargo, Rajoy ha dicho que sólo quiere debatir con Pedro Sánchez y ha enviado a Soraya al debate a cuatro que tendrá lugar en la televisión. Esta decisión, como era previsible, ha generado polémica. ¿Debe acudir el Presidente a todos los debates?

La respuesta no está clara. En política es importante que no sean los adversarios los que marquen la agenda. Al desmarcarse del debate a cuatro, Rajoy demuestra que no se deja arrastrar por los demás. No creo que deban ser Rivera o Iglesias los que digan al Presidente lo que tiene que hacer en la campaña. Participar en debates, aunque sea un ejercicio saludable, no es ninguna exigencia constitucional o legal. Rajoy va a debatir con Sánchez, que de momento es el líder de la oposición, y con eso ya cubre el expediente. Caer en el juego de los partidos emergentes y exponerse a un ataque por triplicado carece de sentido.

Obviamente, si Rajoy fuese otro hombre y estuviese sobrado de recursos dialécticos no tendría problema en arrollar a los otros tres candidatos, cuyo nivel es manifiestamente mejorable. Pero Rajoy es mucho Rajoy y prefiere la prudencia. Ya bastante tiene con todas las entrevistas que está dando.

Los dos duelos celebrados hasta ahora, los de Iglesias y Rivera, han sido generosos en paparruchas e ideas del todo a cien, pero, afortunadamente, también ha habido estocadas y un poco de mala leche. Por otra parte, y sin que ello signifique ahogar la espontaneidad, creo que ha de seguirse un orden de temas y que el moderador debe ser activo. Si no, el debate acaba degenerando en conversación de cafetería.

Según los expertos, los debates electorales rara vez son decisivos (sí pueden hacer mucho daño, como bien sabe Rick Perry). Son más bien un ritual democrático, una prueba de fuego para los candidatos. No obstante, en unas elecciones tan reñidas como las que se aproximan, cualquier modo de ejercer influencia sobre el electorado es bueno y ningún partido puede subestimar ya el poder de la televisión.

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Es harto frecuente que los políticos recuerden al ciudadano lo mucho que se sacrifican por él, ya sea asumiendo un coste económico, si ganan menos que en su anterior profesión, o bien un coste personal y familiar. No lo es tanto, sin embargo, que hablen del cansancio o del aburrimiento que les produce la actividad que realizan.

Pablo Iglesias también ha roto moldes en este aspecto. El de la coleta reconoció que estaba cansado antes de su debate con Albert Rivera, abandonando como consecuencia de ello su escaño en el Parlamento Europeo. Ante Risto Mejide, y exhibiendo su desagradable sonrisa verdosa, confesó el tedio que le iban a causar las sesiones en Congreso de los Diputados a las que presumiblemente tendrá que asistir.

Es asombroso, de entrada, que este señor de Vallecas (sin que ello determine unos orígenes humildes o una vida menesterosa, dicho sea de paso) que aspira a salvar al pueblo de la oligarquía sea vencido por el agotamiento. ¿Está preparado para gobernar alguien que no ha podido compaginar un escaño en Bruselas con un par de campañas electorales? ¿Es éste el ejemplo que quiere trasladar a sus seguidores? Hasta Rajoy, con sus sesenta años a cuestas, aparenta más vigor y salud que Iglesias. Y me ahorro la comparación con Rivera. Esta valoración quizá sea superficial, pero en política la imagen es una pieza clave, cosa que Iglesias sabe de sobra.

En verdad, Iglesias nunca desperdicia la ocasión de destacar cuánto se sacrifica por esa gente a la que tanto ama. Afirma que él preferiría estar dando clases o haciendo televisión, o que su período en política va a ser muy corto… Una vez más, emula a Jesucristo: “Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Otros políticos son más comedidos a al hora de relatar sus penas. Porque estos sacrificios por el bien común no son más que una impostura; y, caso de haberlos, son ampliamente compensados por las mieles del poder.

Estar en primera línea de la política tiene un precio, sin duda. El envejecimiento prematuro de algunos dirigentes da fe de ello. Pero los que están ahí es porque quieren: para ellos, el coste es inferior al beneficio. Si no, lo dejarían. Y aquí no hay sólo ánimo de lucro. El poder es mucho más que eso. Es notoriedad, influencia, pompa y prestigio.

¿Es creíble Iglesias cuando dice que él estaría mejor en su infecta facultad soportando a un alumnado embrutecido, activista y antojadizo? Lo dudo mucho. Aunque cuente cómo disfrutaba en Bruselas de su intimidad, al ser menos conocido allí, a alguien de su colosal ego le encanta que le paren por la calle o que le lleguen a hacer seis entrevistas en un día.

Si Iglesias llegara al poder, se aferraría al trono con cadenas para conservarlo. Lo cual no le impediría comunicar a sus súbditos lo a gusto que estaría en otra parte. Y declararía que si sigue mandando es por el bien de su pueblo, porque él, en su infinita bondad, es así de generoso y desprendido.

La democracia española madurará notablemente si consigue librarse de personajes mesiánicos de este estilo.

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La respuesta a los salvajes atentados perpetrados en París por terroristas musulmanes ha de ir más allá de las expresiones de dolor, consternación y condena. París no necesita rezos o hashtags, sino acción. Hay que reforzar la seguridad doméstica y apuntar los cañones hacia el Daesh.

Lo inmediato, por descontado, es combatir el terrorismo. Occidente no debe seguir tolerando la existencia de un santuario de terroristas en Siria e Iraq. Es preciso actuar con decisión para ayudar a la población civil afectada, lo que aliviará la presión migratoria, y para evitar atentados en suelo europeo planificados y financiados por el Daesh. Sarkozy ya ha manifestado la necesidad de trabajar al lado de Rusia en esta nueva guerra.

Pero hay un desafío a largo plazo. Los responsables del atentado en París son los terroristas, no todos los musulmanes. Empero, el Islam, como ya sostuviera Oriana Fallaci, es incompatible con el modo de vida y las libertades occidentales. Allí donde crece la población musulmana surge la radicalización, más atractiva ahora gracias a la aparición de un referente como es el Daesh. Europa sufre una invasión islámica: estas gentes, si tienen ocasión, impondrán su religión y cultura. Por ello, entiendo bien que países como Polonia se nieguen a acoger refugiados.

Aunque ha habido errores graves en Siria que han propiciado la expansión del Daesh, es una conducta suicida echar la culpa a Occidente de todos los males. A los terroristas musulmanes no les hace falta ninguna excusa o justificación para sus actos, a pesar de que muchos izquierdistas miserables, cómplices de sus barbaridades, están encantados de proporcionárselas, pues comparten con ellos el odio a Occidente. Los terroristas musulmanes matan a los infieles por el mero hecho de serlo. Les basta eso. Y lo seguirán haciendo mientras no nos sometamos a su teocracia medieval.

Ante una violencia y un fanatismo como los desplegados por el Daesh, son risibles las propuestas apaciguadoras de Pablo Iglesias. En una deleznable e inane carta de dos párrafos enviada a Rajoy, el de la coleta apuesta por la creación de un Consejo de la Paz, supongo que con el propósito de acordar la rendición de Occidente. Parece ser que unos etéreos valores democráticos impiden tomar las armas para defender la vida y libertad de los europeos. Quizá inspirado por la portada de El País tras el 11 de septiembre de 2001, a Iglesias le alarman los bombardeos contra terroristas que pueda ordenar Hollande, no la posibilidad de nuevos atentados.

Las tonterías de Iglesias, envueltas en una retórica hueca que imitan con maestría sus adeptos, hay que enmarcarlas en su estrategia electoral. Él sabe que no va a ganar las elecciones, así que le da igual parecer más o menos presidencial. Al desmarcarse de los demás partidos está diferenciando el producto, cosa que ya ha hecho en relación con el separatismo. Los que aún tengan intención de votar a Podemos son idiotas sin remedio, por lo que le votarán en cualquier caso. Mediante esta actitud tan rastrera pretende captar votos de Izquierda Unida y algún pacifista despistado. Y si hubiera un atentado en España, siempre podrá decir: “Os lo advertí”. Es lo previsible en un personaje de tan baja ralea.

Estoy siendo muy duro. En el fondo, su esfuerzo es digno de alabanza. El Pablo Iglesias de 2013 ya habría condenado enérgicamente… a Francia y la OTAN.  Él querría estar ahora en la posición más perjudicial para los intereses occidentales, culpando a las autoridades francesas y buscando la manera atacar también al Gobierno español. Se ha contenido. Lo de sumarse a un pacto contra los terroristas era ya demasiado pedir.

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Ciudadanos ha presentado Cádiz un conjunto de propuestas que exigirían una revisión de la Constitución. Al margen del juicio que merezcan dichas propuestas, saludo la valentía y claridad de este partido, que, a diferencia del PSOE, sí es capaz de concretar su reforma constitucional, no limitándose a afirmaciones vagas.

Es sumamente difícil que las propuestas defendidas por el propio Albert Rivera puedan realizarse, aunque constituyen un buen material para el debate. Dudo, asimismo, de la bondad de muchas de ellas. En este escrito me centraré en dos de las más destacadas.

Suprimir el Consejo General del Poder Judicial en aras de la independencia judicial es una idea que se me antoja absurda. Cosa distinta sería un cambio en la elección de los vocales de extracción judicial, que es la reivindicación tradicional de muchos juristas y miembros de la judicatura. Mas la eliminación de este órgano haría un flaco favor al Poder Judicial, máxime cuando lo que se plantea como alternativa es atribuir sus competencias al Presidente del Tribunal Supremo, asistido a tal fin por dos adjuntos.

Tal pretensión sólo puede calificarse de dislate. El CGPJ es un órgano constitucional del Estado que ejerce competencias clave “en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”, según dispone el artículo 122.2 de la Constitución. Es impensable que todo su trabajo pueda ser asumido por tres personas. Y cabe decir lo mismo respecto de otras competencias que el CGPJ asume en la actualidad, como la de elaboración de informes o las relativas a la formación del personal.

La otra propuesta con la que estoy totalmente en desacuerdo es con la supresión del decreto-ley (art. 86 de la Constitución). La utilización de esta figura debería estar guiada bajo el principio uti, non abuti. En cambio, en los últimos cuatro años se ha dado una sobreproducción de decretos-leyes, lo que menoscaba las competencias del Parlamento y, en muchos casos, la calidad y acierto de las normas. Es indiscutible que muchos decretos-leyes, además, no respondían a una situación de extraordinaria y urgente necesidad.

Pero no creo que lo antedicho sea razón suficiente para su desaparición. Por un lado, porque las razones que explican el incremento de decretos-leyes son puramente coyunturales (la crisis económica, un Gobierno apoyado por una mayoría absoluta…). Por otro, porque es un instrumento útil y acorde con los tiempos que corren. Existen situaciones que demandan una pronta intervención legislativa a cargo del Gobierno, intervención que no podría ser suplida por el Parlamento, más lento por naturaleza, ni siquiera configurando un procedimiento de 72 horas, pues, para empezar, ese plazo ya es excesivo ante ciertas emergencias o supuestos perentorios.

Ciudadanos, como cualquier partido a punto de comenzar una campaña electoral, está obligado a llamar la atención. Pareciera que muchas de sus ideas recientes caen dentro del cupo de majaderías que irremediablemente llenan los partidos ante unas elecciones. Es de esperar que en el futuro, con más experiencia y un mayor conocimiento de las instituciones y los problemas reales, templen su espíritu juvenil y no se equivoquen tanto.

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