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Archive for 25 septiembre 2016

Pase lo que pase en las elecciones autonómicas que se celebran hoy, es muy probable que España siga sin Gobierno y encaminada a unas terceras elecciones generales. Esta situación, ciertamente insólita, plantea no pocos problemas e interrogantes en cuanto a las funciones de los poderes públicos y su impacto en la sociedad, y sobre hasta qué punto sería saludable que se alargara la interinidad del Gobierno.

De entrada, conviene señalar que el Gobierno en funciones, de acuerdo con el art. 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, carece de iniciativa legislativa y no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ahora bien, sí puede actuar “en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”, aprobando un Decreto-ley, por ejemplo.

No obstante esta regulación, existen muchas dudas sobre qué puede hacer el Gobierno en funciones. ¿Puede realizar nombramientos de altos cargos? ¿Puede dictar reglamentos? ¿Ha de someterse al control del Parlamento? Según la doctrina, tiene vedada cualquier decisión que suponga la implementación de un programa político, debiendo limitarse a la administración ordinaria de los asuntos públicos. Pero éste es un concepto jurídico indeterminado que ha de ser interpretado a la luz de la práctica constitucional y de los límites inherentes a un Gobierno con facultades restringidas por mor de la pérdida del nexo fiduciario con el Parlamento.

Se ha discutido mucho, también, acerca de los efectos que esta situación tiene en la economía española, que sigue creciendo en la actualidad. Es verdad que, por un lado, la ausencia de producción legislativa es más un alivio que otra cosa para muchas empresas y ciudadanos, y la menor capacidad de intervención del Gobierno deja las manos más libres a los operadores económicos. Pero, por otro, no se puede ignorar que, habida cuenta del volumen del sector público en España, un buen número de negocios depende de decisiones gubernamentales y que hay partidas de los Presupuestos Generales del Estado que no pueden prorrogarse.

En todo caso, el Gobierno central no es la única instancia de poder en España. Ayuntamientos y Comunidades Autónomas siguen funcionando, así como la Administración de Justicia, lo que contribuye a rebajar el impacto de un ya largo período de Gobierno en funciones.

Pero la incertidumbre no es un factor apreciado por los mercados, menos aún cuando España afronta desafíos de primer orden, como el separatismo en Cataluña, la amenaza del terrorismo musulmán o la crisis interna de la Unión Europea.

El bloqueo político en España es malo por las causas que lo explican, es decir, la intransigencia del principal partido de la oposición y la atomización del Parlamento. A mi juicio, las repercusiones de este bloqueo pueden ser muy negativas si después de diciembre sigue sin aclararse el panorama. Con todo, es una experiencia interesante y de la que se puede aprender.

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